La investigación dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI vuelve a situar a Acciona en el foco. Los investigadores apuntan a que el grupo formado por la exmilitante socialista, Vicente Fernández y Antxón Alonso ideó un plan para favorecer a la constructora y poder beneficiarse de sobrecostes vinculados a dicha operación.

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El Instituto Armado investiga la contratación por parte de Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI, del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP con la "finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación", vinculada con la multinacional española. La empresa estaba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública, una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón, y el 'grupo Hirurok' -formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso- aprovechó para impulsar la contratación del bufete sevillano y embolsarse 17.545 euros. Según trasladan fuentes del sector a El Independiente, Acciona nunca llegó a presentar oferta ni a adquirir los dos activos.

La UCO sospecha que la 'trama Leire' se benefició de sobrecostes aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato suscrito con el despacho de abogados, que habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita del expresidente de la SEPI y la exmilitante socialista. En concreto, los investigadores apuntan a "una serie de pagos por parte del referido despacho a la mercantil Mediaciones Martínez SL".

La Guardia Civil señala a varios directivos de Enusa, que junto a los tres investigados, "habrían ideado un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico".

La nueva causa dirigida por el juez Santiago Pedraz vuelve a poner de nuevo en el foco a la constructora española, que lleva meses bajo la lupa de la UCO por el conocido como 'caso Koldo'. La investigación dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sigue la pista de la adjudicación 'a dedo' de obras públicas por más de 500 millones de euros.

El instructor considera a Acciona el "común denominador" de una trama que se sirvió de su influencia en la Administración para cobrar comisiones ilegales cuantificadas, como mínimo, en cinco millones de euros. Por el momento, sólo aparecen como imputados en la causa cuatro exdirectivos, los cuales ya no ejercen ningún cargo en la empresa internacional. Un 'modus operandi' que parece repetirse en la causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

Además de la sombra sobre operaciones vinculadas con Acciona, la 'trama Leire' comparte otros vínculos con el conocido como 'caso Koldo'. El socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, está imputado en ambas causas judiciales.

Las pesquisas seguidas por la UCO en torno al amaño de obras públicas apuntan al presunto cobro de mordidas por parte exsecretario de organización del PSOE a través de la sociedad Servinabar S.L. La empresa de la que se le atribuye el 45% de las participaciones al exdiputado navarro también aparece vinculada a la trama investigada por el amaño de contratos públicos concedidos por empresas dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Las sospechas se ciernen sobre la adjudicación de un contrato público por parte de la empresa pública Mercasa en favor de la empresa vasca por un importe de 18.119 euros. Los indicios manejados por los investigadores apuntan a que el grupo compuesto por Antxón Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández "desplegó su actividad en relación con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública para favorecer a Servinabar SL como adjudicataria de un contrato por el que debía emitir "un informe técnico de las oficinas de la sede central de MERCASA". La Guardia Civil sostiene que este contrato era "innecesario" y que el contenido del dosier encargado estaba plagado de falsedades.

Además de los contratos vinculados a esta operación y al contrato suscrito con el despacho de abogados sevillano, que afecta a dos licitaciones relacionadas con Acciona, la UCO investiga otros tres expedientes públicos que superan los 113 millones de euros.

Los investigadores apuntan a la existencia de una presunta organización criminal que se beneficiaba de su influencia sobre personas vinculadas a la función pública, entre los que destacan directivos de Enusa, Mercasa o Correos, donde se personaron varios agentes el pasado jueves. Los fondos cuantificados en unos 750.000 euros fueron canalizados al 'grupo Hirurok' a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.

La mayor parte de estos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, ligadas a los tres investigados. En el caso de Vicente Fernández, quien ocupó la presidencia de la SEPI hasta 2019, se le atribuye comisiones que alcanzarían los 49.350 euros a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo. El hombre de confianza de María Jesús Montero en la SEPI también recibió 128.092,80 euros provenientes de Servinabar, empresa de la que fue trabajador tras su salida del ente público.

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