El Gobierno está analizando las aportaciones recibidas en la consulta pública que puso en marcha para explorar cambios en los límites a la aportación de los planes de pensiones individuales. El ministerio de Economía cerró el proceso el pasado 14 de octubre y, desde entonces, se encuentra estudiando las respuestas de los interesados de cara a redactar un Anteproyecto de ley que modifique la regulación vigente. Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo aseguran que el contenido está en fase de análisis pero no ofrecen fecha concreta para que los cambios puedan ver la luz.

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Mientras tanto, las gestoras de planes sitúan los límites fijados por este mismo Gobierno como uno de los principales problemas que enfrentan estos productos de ahorro personal. Con la intención de incentivar los planes de empleo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rebajó en 2021 el límite que un partícipe podía ingresar al año en su plan de retiro y bajó el máximo de 8.000 a 2.000 euros. Un año más tarde, en 2023, dejó el tope en los 1.500 euros actuales. 

La XVI Encuesta a Gestoras del Observatorio Inverco refleja que el 96% de las gestoras encuestadas considera una prioridad volver a elevar el límite a las aportaciones a 8.000 euros. Esto "contribuiría a fortalecer el ahorro finalista y a mejorar la planificación financiera de los hogares", recoge el Observatorio Inverco, la asociación que agrupa a las principales entidades relacionadas con los fondos de inversión y de pensiones.

Hay algunas excepciones como los planes de pensiones de empleo -que hacen las empresas-, donde las aportaciones pueden elevarse en 8.500 euros al año (siempre que el trabajador y la empresa contribuyan en cantidades similares). Además, autónomos y trabajadores por cuenta propia partícipes en planes de pensiones sectoriales o en planes de pensiones de empleos simplificados pueden aumentar el límite en otros 4.250 euros.

El 100% de las entidades encuestadas creen que los Planes de Pensiones individuales no están lo suficientemente incentivados en España, en comparación con el resto de países de la Unión Europea. De hecho, entre las razones que mueve al Gobierno a explorar cambios está precisamente el efecto que causa la actual regulación en trabajadores de fuera de nuestras fronteras.

El Ejecutivo considera que el importe máximo que fija el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones "a pesar de aplicarse sin tener en cuenta la nacionalidad de los trabajadores afectados, puede disuadir a un nacional de un Estado miembro de abandonar su país para ejercer su derecho a la libre circulación y ocupar un puesto de trabajo en España".

Así, el documento informativo de la consulta manifiesta que con los cambios se busca favorecer el derecho de libre circulación de los trabajadores y de capitales permitiendo para ello "las transferencias transfronterizas" entre fondos de pensiones, tanto de empleo como individuales. Y que "los partícipes que realizan aportaciones a un plan de pensiones" puedan hacer ingresos anuales por encima del "importe máximo deducible".

El Gobierno, a priori, no tendría intención de modificar el límite fiscal. Es decir, no rebajaría la reducción máxima sobre la base del IRPF que puede aplicarse al año por aportaciones a planes de pensiones. Las gestoras, por su parte, recuerdan que entre los factores más valorados por los partícipes de Planes de Pensiones está la fiscalidad en las aportaciones, seguido de la rentabilidad, especialmente en el medio y largo plazo, y la seguridad. Por contra, señalan como elemento negativo para los partícipes los cambios sucesivos en la fiscalidad y "especialmente por las dos reducciones en el límite de las aportaciones".

"Una mejor fiscalidad en la prestación es la principal reclamación de las entidades para fomentar su mejora, y en segundo lugar recuperar mayores límites en las aportaciones e incorporar sistema de adscripción por defecto de Planes de Empresas, como ocurre en países como Reino Unido o Irlanda", dicen las gestoras.

En cuanto a los planes de empleo, las gestoras consultadas coinciden en que los incentivos "no son suficientes". La gran mayoría (92%) apuesta por poner en marcha un sistema de adscripción automática a un plan de empresa y un 88% también cree que sería óptimo una exención total de la cotización a la Seguridad Social de todas las aportaciones empresariales, como ya existía antes de 2012.

En cuanto a los planes de empleo que el Gobierno intentaba impulsar con los límites a los planes de pensiones, todas las Gestoras también coinciden en señalar que los incentivos para estos productos no son suficientes.

La gran mayoría (92%) apuesta por poner en marcha un sistema de adscripción automática a un Plan de Empresa y un 88% también cree que sería óptimo una exención total de la cotización a la Seguridad Social de todas las aportaciones empresariales, como ya existía antes de 2012. Además, el 54% también cree necesario actualizar con la inflación el límite de 27.000 euros para la deducción en el Impuesto de Sociedades de las contribuciones empresariales a estos Planes.

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