"El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años", ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, que pretende tener una vigencia de cinco años: desde 2027 hasta 2031.

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La propuesta de Hacienda incrementa el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%. Además, se incorpora la recaudación por parte de las comunidades del 100% del impuesto sobre el Patrimonio, el impuesto sobre Depósitos Bancarios, el impuesto sobre Actividades del Juego y el impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos.

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Asimismo, se mantiene la recaudación del 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos y el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el impuesto sobre la Electricidad. En total, la mayor cesión de impuestos elevará la financiación en unos 16.000 millones de euros.

Junto a este refuerzo de los ingresos, el nuevo modelo introduce mejoras técnicas para dotar de mayor previsibilidad al sistema, como la agilización de las liquidaciones, que dejarán de producirse con un desfase de dos años y llegarán de forma simultánea a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, permitiendo ajustar la financiación sobre la marcha en función de la evolución real de la recaudación.

La titular de Hacienda ha defendido que la complejidad del nuevo modelo de financiación autonómica radica en su necesidad de ser útil para comunidades autónomas muy distintas entre sí: grandes y pequeñas, densamente pobladas o muy dispersas, más y menos envejecidas, más expuestas al cambio climático o con estructuras productivas y niveles de empleo muy diferentes.

Pese a ello, "no puede existir un sistema a medida para cada territorio", por lo que Hacienda ha planteado un modelo común capaz de adaptarse a las distintas realidades de España. Entre los objetivos defendidos por el Gobierno figuran: reforzar la solidaridad interterritorial, reducir las diferencias actuales de financiación por habitante ajustado, respetar los elementos singulares de cada comunidad y avanzar hacia un sistema más transparente y sencillo que el vigente.

Los pilares del nuevo modelo autonómico

El eje central del modelo es el cálculo de la denominada población ajustada, que determina las necesidades de financiación de cada comunidad no solo en función del número de habitantes, sino ponderando variables demográficas, sociales, económicas y geográficas que influyen en el coste de los servicios públicos.

En el nuevo reparto, la población empadronada representa el 30% del cálculo. La población protegida equivalente, vinculada fundamentalmente al gasto sanitario, concentra el 38%. La educación supone en conjunto el 20,5%, con un 17% asociado a la población de entre 0 y 17 años y un 3,5% adicional para los estudiantes de entre 18 y 24 años desplazados a otras comunidades autónomas distintas de las que nacieron. A ello se suman criterios correctores como la población mayor de 55 años (7%), el número de parados sin prestación (1,5%) y variables territoriales como la superficie (1,6%), la dispersión de la población (0,5%) y la insularidad (0,5%) y un 0,4% al criterio de coste fijo (0,4%) para reconocer las dificultades de las comunidades más pequeñas o despobladas para alcanzar economías de escala.

Nivelación horizontal y vertical

Además, junto a la población ajustada y la ampliación de la cesión tributaria, se han incorporado otros mecanismos destinados a reducir las brechas de financiación entre comunidades autónomas. En primer lugar, se establece un sistema de nivelación horizontal, mediante el cual se corrige el 75% de la distancia entre los recursos por habitante ajustado de cada comunidad y la media del sistema. De este modo, las comunidades con una capacidad tributaria superior a la media actuarán como aportadoras , mientras que aquellas situadas por debajo recibirán recursos adicionales, con el objetivo de acotar las diferencias actuales de financiación per cápita entre territorios.

A este mecanismo se suma una nivelación vertical, a través de la cual el Estado aportará recursos adicionales al sistema para blindar el Estado del Bienestar. En esta fase, la Administración General del Estado inyectará cerca de 19.000 millones de euros —donde se incluyen los 16.000 millones procedentes de la recaudación tributaria—, procedentes del 5% del rendimiento del IRPF y de transferencias adicionales, lo que permitirá recortar hasta dos tercios la distancia entre la comunidad mejor financiada y la peor financiada por habitante ajustado.

En conjunto, según ha subrayado Montero, con estos tres elementos, el nuevo modelo permite cubrir el 98,4% de los recursos del sistema de financiación autonómica, reforzando su suficiencia y estabilidad desde el inicio de su aplicación.

Otros mecanismos del sistema

El modelo incorpora también ajustes adicionales destinados a afinar el reparto de recursos y adaptarlo a realidades específicas. Entre ellos destaca el mecanismo del IVA de las pymes, que permitirá a las comunidades autónomas decidir si prefieren recibir directamente una parte de la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en su territorio o mantener el sistema actual de transferencias estatales. Esta opción, que deberá mantenerse durante un periodo mínimo de cinco años, tiene un impacto especialmente relevante en comunidades con un mayor peso de la actividad empresarial, como Cataluña, que concentra una parte sustancial de la recaudación por esta vía.

Asimismo, el modelo introduce ajustes para reconocer la existencia de competencias no homogéneas entre territorios —como las penitenciarias, policiales, lingüísticas, etc— mediante una mayor cesión de IVA. Según ha señalado la vicepresidenta primera durante la rueda de prensa, por este mecanismo, Cataluña vería incrementada su participación en este impuesto en torno al 21%, mientras que Cantabria o La Rioja registrarían aumentos del 17%.

También se crea un fondo climático, dotado con 1.000 millones de euros, destinado a atender los costes derivados del cambio climático. Dos tercios de este fondo se distribuirán entre las comunidades del arco mediterráneo —las más expuestas según la ministra— en función del criterio de población ajustada, mientras que el tercio restante se repartirá entre el resto de territorios, también bajo ese mismo criterio.

Por último, el sistema incorpora un mecanismo de statu quo como elemento de cierre del modelo, que garantiza que ninguna comunidad autónoma reciba menos recursos de los que habría obtenido con el sistema anterior en el momento de su entrada en vigor. Para ello, la Administración Central aportará 400 millones de euros adicionales, en un mecanismo no competitivo que evita que las ganancias de unas comunidades se produzcan en detrimento de otras.

Fondo de compensación interterritorial

Al margen del sistema ordinario de financiación, el nuevo modelo se complementa con un fondo de compensación interterritorial destinado a corregir situaciones de infrafinanciación estructural. Este instrumento permitirá canalizar recursos adicionales hacia aquellas comunidades con mayores dificultades relativas, sin alterar el equilibrio general del modelo. En esta fase, Cantabria recibirá 46 millones de euros y Extremadura 216 millones, según ha detallado el Ministerio de Hacienda.

Tramitación y origen de los recursos

La propuesta entra ahora en una fase de contactos bilaterales con las comunidades autónomas y de negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya tiene fijada su próxima reunión para el miércoles 14 de enero. A continuación, el proyecto se tendrá que articular mediante un anteproyecto de ley orgánica, necesario para regular los elementos nucleares del modelo de financiación autonómica, mientras que el fondo de compensación interterritorial quedará al margen de este trámite y podrá aprobarse mediante una norma ordinaria, al no requerir carácter orgánico y bastar para ello una mayoría simple en el Congreso de los Diputados.

Además, fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan a que el Gobierno trabaja con el objetivo de dejar cerrado el diseño definitivo del modelo antes del verano, de modo que pueda iniciar su tramitación parlamentaria en la segunda mitad del año y cumplir con el calendario previsto para su entrada en vigor en 2027.

En cuanto al origen de los recursos, Hacienda ha explicado que el grueso de la financiación procederá del fuerte incremento de la recaudación registrado en los últimos ejercicios. Por tanto, una parte de los cuales dejarán de permanecer en la Administración Central para transferirse directamente a las comunidades autónomas. De esta forma, el nuevo diseño implicará que algunos ministerios dispongan de menos margen presupuestario, una circunstancia que, según Montero, obligará a "priorizar. Esta es una apuesta del Estado autonómico y del Estado de Bienestar".