El líder de ERC, Oriol Junqueras, adelantó el pasado jueves el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica y ordinalidad tras reunirse por primera vez con él en todos estos años de apoyo parlamentario. Y el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, montó el viernes toda una escenificación en torno a ese acuerdo, incluyendo una declaración institucional y una ronda de contactos con sus socios del Parlament y con los agentes sociales. A fin de cuentas, todo ha quedado en casa, por mucho que desde Moncloa y desde Hacienda insistan en que la propuesta se ha diseñado pensando en el conjunto de las Comunidades autónomas.

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No deja de ser significativo que el Gobierno se haya lanzado a presentar y defender una propuesta que tiene serias dificultades de salir adelante en el Congreso de los Diputados. La rechazan el PP y todos los territorios, -once más Ceuta y Melilla- gobernados por el primer partido de la oposición; reniegan de la misma los socialistas Emiliano García Page y Adrián Barbón y Junts ha anunciado, fiel a su estrategia de subir la apuesta, que, o se plantea un cupo a la catalana, o no hay nada que hacer.

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Además, no parece que ERC fuera a convertirse en un peligro real para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez que obligara a plegarse a sus exigencias para no perder el apoyo de los 7 diputados que sienta en la Cámara Baja. Otra cosa es la necesidad de ERC de marcar perfil propio ante unos neoconvergentes, declarados, otra vez, en rebeldía. Pero a quien realmente le interesa la presentación de este nuevo modelo de financiación es, a fin de cuentas, al que puede rentabilizarlo, aún no saliendo adelante en el Congreso de los Diputados, esto es, a Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat se ha atribuido el mérito del acuerdo

Con bastante solemnidad, en lo que parecía más la culminación de un proceso que el inicio del mismo, se ha atribuido el mérito de un acuerdo que apenas echa a andar. "En un ejercicio de compromiso y de responsabilidad -dijo en esa declaración- Cataluña ha realizado una propuesta de nuevo modelo de Financiación Autonómica y la ha pactado con el Gobierno de España para hacerlo realidad".

Con este nuevo modelo Cataluña obtiene "los recursos de acuerdo a su singularidad política, nacional y cultural", también "dispone de los recursos para desarrollar con garantías y con la máxima ambición nuestro autogobierno, nuestra capacidad normativa, nuestras inversiones y los mejores servicios públicos". Y frente a las reacciones que ven en este modelo un traje a la medida de Cataluña, el presidente de la Generalitat negó la mayor afirmando que no "piden ningún privilegio". Muy al contrario, ofrecen "propuestas y reformas políticas y económicas para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo en beneficio de todos".

Illa eludió pronunciar la palabra 'ordinalidad' en su declaración institucional

Illa eludió citar explícitamente el punto más espinoso del modelo cocinado a medias entre Hacienda, Generalitat y ERC, esto es, la ordinalidad. Un principio del que la propia María Jesús Montero renegaba cuando era consejera de Hacienda de Andalucía y los que gobernaban la nación era otros. Los socialistas aprobaron en el Parlamento regional en 2018 un dictamen sobre financiación autonómica elaborado por una comisión de expertos en el que se manejaban conceptos no muy distintos a los que enarbola el PP.

Estos expertos apelaron, con el aplauso de los socialistas andaluces, a que "no es defendible que las comunidades autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano, por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos" y criticaban expresamente la ordinalidad.

La puerta al pacto presupuestario en Cataluña

A lo más que llegó Illa el viernes fue a afirmar que "Cataluña será solidaria de acuerdo con su capacidad", sin nombrar la palabra que tanto escuece al resto de los territorios, auténtico caballo de batalla de lo que queda de legislatura. La financiación, además, era el paso necesario para abrir las puertas a otro acuerdo mucho más inmediato: los presupuestos catalanes. Bien es cierto que Junqueras considera que aún no se dan las condiciones sin poder avanzar en la recaudación íntegra del IRPF, otra de sus exigencias con la que alcanzar la plena soberanía fiscal, pero en la Generalitat se cruzan apuestas convencidos de que ERC terminará cediendo ante el cada vez más todopoderoso Salvador Illa.

Tan poderoso que, a pesar de los favores de un Pedro Sánchez siempre tan parco en echar una mano a sus dirigentes territoriales, se permite marcar distancias con el PSOE no vayan a ser confundidos a cuenta de la corrupción. Pasó hace poco, cuando reivindicó que esas corruptelas "no salpicarán en absoluto al Govern; PSC y PSOE son formaciones distintas", con su propia hoja de ruta. Eso sí, se deshizo en elogios hacia el inquilino de la Moncloa por encabezar, dijo, "el mejor Gobierno para Cataluña y para España".

Su nombre surge en las especulaciones sobre las opciones sucesorias de Sánchez

El nombre de Illa surge de tanto en tanto cuando se especula en torno a las opciones sucesorias de un escenario post-Sánchez. Lo hizo con especial virulencia a mediados del año pasado con la concatenación de escándalos de corrupción. Incluso el presidente de la Generalitat tuvo que salir al paso al trasladar que Sánchez "tiene todo mi apoyo". Pero a nadie se le escapa que Illa, la Generalitat y Cataluña son los grandes baluartes de poder para los socialistas junto al gobierno de la nación.

Ayudó a alimentar la tesis del delfinato de Illa la reunión sorpresiva de cuatro horas que mantuvo con Sánchez en pleno estallido del 'caso Cerdán' con la UCO entrando en la sede federal socialista en junio. "Hay Pedro Sánchez para rato", concluyó el catalán el pasado mes de noviembre para despejar cualquier duda.