El caso del joven manifestante iraní Erfan Soltani se ha convertido en uno de los episodios más simbólicos de la represión y la confusión informativa que rodean a las protestas que sacudieron Irán en las últimas semanas. Soltaní, de 26 años, ha sido puesto en libertad bajo fianza, después de que organizaciones opositoras alertaran de que había sido condenado a muerte por su participación en las movilizaciones, una versión que el poder judicial iraní negó de forma tajante.

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Según confirmó su abogado, Amir Mousakhani, el activista abandonó este sábado la prisión central de Karaj tras el pago de una fianza de 20.000 riales —unos 10.700 euros—, de acuerdo con el diario conservador Tabnak. Soltaní había sido detenido el pasado 10 de enero en esa ciudad industrial situada a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, uno de los focos de las protestas más intensas.

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En los días posteriores a su arresto, ONG opositoras iraníes en el exilio aseguraron que el joven había sido condenado a muerte de forma sumaria. Esa información generó una oleada de condenas internacionales y fue ampliamente recogida por medios internacionales, que subrayaron la opacidad del sistema judicial iraní y el uso recurrente de la pena capital como herramienta de disuasión política.

El poder judicial iraní salió al paso de esas informaciones negando que existiera una sentencia de muerte. En un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, las autoridades precisaron que Soltaní había sido acusado de “concentración ilegal”, “atentar contra la seguridad nacional” y “realizar actividades de propaganda contra el sistema”. “En caso de que se prueben los cargos, la pena prevista por la ley es de prisión. Básicamente, la pena de muerte no está contemplada para este tipo de delitos”, añadió la nota oficial.

El trasfondo del caso remite al clima de extrema tensión que vive Irán desde el estallido de las protestas, reprimidas con una violencia sin precedentes. Según el balance oficial del Gobierno, los disturbios dejaron 3.117 muertos. Sin embargo, organizaciones como HRANA —con sede en Estados Unidos— elevan la cifra a 6.842 fallecidos, investigan otros 11.000 posibles homicidios y cifran en más de 40.000 las personas arrestadas.

El episodio de Soltaní tuvo además un fuerte eco en Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a amenazar públicamente a Teherán con una intervención militar si Irán procedía a ejecutar a los manifestantes encarcelados. En paralelo, Estados Unidos reforzó su despliegue militar en la región, con el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados al golfo Pérsico, acompañados de miles de soldados adicionales.

Ese movimiento, presentado por la Casa Blanca como un mensaje de disuasión y apoyo a los manifestantes iraníes, ha sido interpretado parte de una estrategia de máxima presión que combina retórica beligerante, sanciones y presencia militar, pero que también incrementa el riesgo de una escalada regional.

La puesta en libertad de Erfan Soltaní no despeja, sin embargo, las dudas sobre la suerte de miles de detenidos ni sobre el uso de la pena de muerte como instrumento político. Su caso ilustra el abismo entre la versión oficial del régimen y las denuncias de la oposición y las ONG internacionales, en un país donde la represión sigue desarrollándose en gran medida lejos del escrutinio independiente.