Alberto Núñez Feijóo decidió reforzar el área económica de su partido con la incorporación de Alberto Nadal (Madrid, 1970). Ex secretario de Estado de Energía y de Presupuestos y Gasto en los gobiernos de Mariano Rajoy anuncia el rechazo del PP al decreto del escudo social, no así al de la revalorización de las pensiones, aunque advierte que si bien "los pensionistas no pueden pagar el pato, tampoco podemos ser rehenes de ellos" a la hora de votar. Compara la política de vivienda del Gobierno socialista con la de Franco y proclama que "menos mal que hay 13 comunidades gobernadas por el por el PP, porque, si no, el país se caía".

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Pregunta. -¿Qué va a hacer el PP con el decreto del escudo social? ¿No contiene ninguna medida que ustedes apoyen?

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Respuesta. -Si el Gobierno mete una píldora para envenenar un decreto no lo podemos respaldar. Si hubiera una actividad legislativa normal, mandaría un proyecto de ley de cada cosa y se votaría por separado. No tiene mayoría parlamentaria y manda reales decretos, leyes a vida o muerte, y mete de todo. Intentó utilizar a los pensionistas como rehenes y ha tenido que rendirse. Hay cosas en ese real decreto (de escudo social) que eran razonables, como cuestiones fiscales o las ayudas de la Dana. Todas esas cosas las hubiéramos votado, pero lo que no podemos hacer es aprobarle unos Presupuestos por la parte de atrás, ni tampoco un decreto que incluya medidas que bajo ningún concepto podemos votar.

Los pensionistas no pueden pagar el pato, pero tampoco podemos ser rehenes de ellos ni que ellos sean rehenes del Gobierno"

P. -El decreto de revalorización de pensiones del año pasado incluía otras cuestiones como el palacete del PNV o medidas anti-desahucio.

R. -Pero era esencialmente un decreto de subida de pensiones. Los pensionistas no pueden pagar el pato, pero tampoco podemos ser rehenes de ellos, tampoco puede ocurrir que los pensionistas sean rehenes del Gobierno. Si el Ejecutivo separa la parte de pensiones, la votaremos, pero nos presenta otro paquete en bloque que incluye cosas que no podemos votar.

P. -Se ha anunciado una regularización de 500.000 inmigrantes que ustedes rechazan, aunque Aznar también lo hizo por la misma cuantía.

R. -Hay que tener una política migratoria decente. ¿Tiene sentido que en España se regularicen medio millón de inmigrantes ilegales porque necesito los votos de Podemos y con unas condiciones en las que no se verifica nada? Planteamos una política migratoria a través de un sistema de puntos por el cual aquellos inmigrantes que tienen capacidades que son necesarias en el mercado de trabajo y que pertenezcan a países en los que la integración es más fácil, tendrán prioridad en la regularización. La señal que estás dando es pésima: 'cuélate en España, sobrevive y antes o después te llegará una regularización, tengas las características que tengas'.

P. -Hace dos años votaron a favor de la tramitación de una ILP que parecía adelantar el apoyo del PP a esta regularización.

R. -No se puede tener posiciones absolutas. Se exige muy poco tiempo de residencia, vale con declaraciones responsables del inmigrante sin ningún tipo de verificación y en volúmenes de cientos de miles. Esto es improvisar la política migratoria y hacer un efecto llamada. ¿Cuántos inmigrantes necesita España y qué características tienen? Y con eso establezco la legislación necesaria. ¿No es extrañísimo que un proceso de regularización proceda de un pacto con Podemos y que si no los hubiera necesitado no habría esa regularización?

"Lo relevante es quiénes queremos que sean los ciudadanos españoles del futuro"

P. -¿Y creen que realmente busca, como se ha venido diciendo, la posibilidad de inflar censos electorales?

R. -Esto va a tener consecuencias a largo plazo si hay población que se nacionaliza. Inmediatamente, para las próximas elecciones, pues depende de cómo sea el proceso de regularización. Pero lo relevante no es eso. Lo relevante es quiénes queremos que sean los ciudadanos españoles del futuro. Pues aquellos que demuestren arraigo, integración, que hayan trabajado y hayan aportado al país. Y entonces, claro que hay que acogerles como españoles.

Menos mal que hay 12 comunidades gobernadas por el PP, porque si no el país se caía"

P. -Su partido ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente. ¿Cómo se puede solucionar el caos ferroviario?

R. -Vamos a generalizar la pregunta. ¿Cómo se puede arreglar el caos en los servicios públicos que tiene España? Porque no es solamente el caos ferroviario. Es que el mantenimiento de las carreteras está bajo mínimos; hemos tenido un apagón y hace apenas unas semanas a la industria se le cortó la electricidad; la burocracia nunca ha sido tan lenta y el problema de la vivienda en buena parte es de la burocracia. No hay un servicio público que funcione y todo ello con un gobierno que ha ingresado cantidades récords de impuestos, que ha tenido a su disposición más fondos europeos que nadie y que ha elevado la deuda pública como nadie. Y a pesar todo eso, somos el tercer o cuarto país, según la estadística que mires, con inversión pública más baja de toda la UE. Y menos mal que hay 12 comunidades autónomas gobernadas por el por el PP, porque si no el país se caía.

P. -¿Sugieren mala utilización de los fondos europeos destinados al mantenimiento de la red ferroviaria?

R. -Mala utilización en el sentido de que no han servido para lo que tenían que servir, sí. De los fondos Feder se han destinado específicamente para el tramo Madrid-Sevilla 111 millones de euros para renovación porque la propia documentación de la Comisión Europea calificaba la línea de obsoleta. ¿Dónde están?

P. -Ha dicho la ministra Isabel Rodríguez que le encantaría un 155 contra la Comunidad de Madrid para las políticas de vivienda.

R. -Cuando se trata de romper el orden constitucional o cambiar nuestro sistema de financiación autonómica, al Gobierno no le parece mal, pero cuando una Comunidad lleva a cabo una política diferente, independiente y que funciona, entonces, le quiero aplicar un 155. Quien ha dicho eso no se ha leído lo que es ese artículo y la seriedad del caso que tiene que haber para poderlo aplicar. Cada vez que una comunidad del PP lleva una política distinta, como por ejemplo bajar impuestos, quieren impedirlo. Esto es antidemocrático.

P. -¿Pero las comunidades autónomas no están obligadas a cumplir las leyes estatales, en este caso determinando zonas tensionadas?

R.- La propia ley dice que cada comunidad la tiene que aplicar según su criterio. Si tienes un problema de alquiler y fijas el precio, los propietarios retiran los inmuebles. Pero es que esto ya lo hizo Franco. La ley de arrendamientos urbanos de los años 60 creó las viviendas de renta antigua y el resultado fue la desaparición del alquiler de España y el hundimiento del centro de las ciudades. Lo han probado otras capitales y ha sido un fracaso total. Si una comunidad del PP se niega a aplicar las zonas tensionadas está en su perfecto derecho.

P. -¿Por qué no se pusieron de acuerdo con el PSOE para sacar adelante esa ley del suelo que reclama todo el sector inmobiliario?

R. - El Partido Socialista parte de que liberar suelo es especular. Ellos hablan de la economía del ladrillo como algo negativo. Y es que son dos filosofías distintas, una que ha demostrado su fracaso y otra que es la única solución posible. Que encontramos puntos de acuerdo con ellos para poder conseguir una ley, estaríamos de acuerdo y abiertos. Pero es que nunca el Partido Socialista se ha acercado a nosotros para hacer nada.

"No he tenido nunca nada que ver con el 'caso Montoro' y si alguien tiene que investigar algo, que no investigue"

P. - ¿En qué medida le puede afectar el 'caso Montoro'?

R. -Yo estaba en otro lado, no he tenido nunca nada que ver con el asunto y si alguien tiene que investigar algo, que lo investigue. Me parece fenomenal.

P. -¿No hay riesgo de imputación o de que le llamen a declarar como testigo?

R. -He ido a varios juicios como testigo. Como testigo te pueden llamar por cualquier cosa. No tengo absolutamente nada que ver.

P. -Ahora se debate mucho sobre si los los pensionistas viven mejor que los jóvenes. ¿Qué opina usted?

R. -Hay que hacer que vivan mejor todos. Los pensionistas tienen todo el derecho del mundo a recibir su pensión y que no se deteriore su poder adquisitivo. Pero los jóvenes tienen también derecho a abrirse camino en la vida. Y sobre ellos se está concentrando alguno de los problemas más graves del país: la baja productividad, la precariedad laboral y la falta de vivienda. Pero no es un problema de que, porque pagamos las pensiones, no tenemos vivienda. Es un problema de que tenemos un mal Gobierno y una mala regulación. Estamos creciendo a base de que metemos más gente y hacemos más gasto público. Y al no crecer la productividad, no hay posibilidad de subir el salario de los jóvenes y el Gobierno cada vez retrae más recursos para pagar las pensiones. Pero si la tarta creciera, no tendríamos esa dificultad. Y para eso hay que hacer una política no dirigida a la compra de votos como hace el señor Sánchez.

P. -¿Ve sostenible la revalorización con el IPC?

R. -Lo que hace que la factura de las pensiones aumente es que hay nuevos entrantes en el sistema de pensiones y estos cobran más porque son trabajadores que han cotizado durante años donde se ganaba más dinero. Lo único que puede compensar eso es el crecimiento de la productividad. Se nos prometió que con 160.000 millones de fondos europeos se iba a cambiar la estructura económica del país y nos íbamos a poder convertir en un país tecnológico. Hemos devuelto el 37% de los fondos y el volumen de inversión en España es el mismo que el de antes del COVID en porcentaje del producto interior bruto. ¿Dónde está la transformación? Para lo único de verdad que han servido los fondos europeos es para que Sánchez pueda permanecer en La Moncloa sin presentar Presupuestos.

El Gobierno ha emitido deuda pública de todos los españoles para controlar consejos de administración"

P. - Una parte de esos préstamos se destinarán a dotar al llamado fondo soberano que anunció el presidente del Gobierno hace hace unas semanas. ¿Necesita España esta herramienta?

R. - Es el intento a la desesperada de no tener que devolver dinero a Bruselas. Que yo sepa, España no exporta ninguna materia prima que se nos vaya a acabar y por la que tengamos que hacer una hucha. Eso es lo que hacen el resto de países con fondos soberanos, como Noruega o los países del Golfo. Lo han llamado así porque suena bien, pero es una patada hacia delante para salvar los muebles antes de julio de 2026, que es cuando se cierra la ventanilla de Bruselas. Y luego ya veré a qué lo dedico...

P. -¿Y a qué cree usted que lo van a dedicar?

R. -Lo pueden dedicar a cualquier cosa porque todavía no sabemos en qué consiste, salvo conceptos genéricos que son exactamente los mismos objetivos del propio plan de resiliencia Next Generation.

P. -El Gobierno ha elevado la presencia del Estado en el capital de grandes empresas como Telefónica, como Indra...

R. -Yo no sé lo que tiene en la cabeza. Sí tenemos lo que ha hecho en el pasado y es que ha emitido deuda pública de todos los españoles para controlar consejos de administración. Y ahora tiene un instrumento financiero a su disposición que, potencialmente, puede usarlo en cualquier cosa. ¿Necesitamos un fondo soberano? A lo mejor hay que crear las condiciones regulatorias, energéticas, financieras e impositivas para que el capital privado fluya. No falta capital, faltan oportunidades de inversión. Y faltan oportunidades de inversión porque el empresariado de fuera y de dentro no ve como sostenible este crecimiento económico.

P. -¿Qué harían con esas posiciones si llegan al Gobierno?

R. -El Estado o las administraciones solo deben entrar en una empresa cuando la empresa gestiona un servicio público esencial que necesita un cierto nivel de control; AENA, Puertos del Estado, Red Eléctrica... o bien, porque es estratégica desde el punto de vista de la defensa. Todo lo demás sobra.

P. - ¿Entonces venderían participaciones?

Lo que está claro es que aquellos temas que son de seguridad tiene que tener un control claro el Estado.

P. -Estos días se ha puesto en cuestión la continuidad de Ángel Escribano al frente de Indra...

R. -En el caso de la defensa, Navantia ha sido nuestro astillero naval desde el siglo 18. Para el Ejército del Aire tampoco cabe ninguna duda. La antigua CASA se integra en EADS (Airbus), en la que España tiene su participación correspondiente. El problema es que la parte para el Ejército de Tierra se privatiza. Y ahora el Gobierno hace una extrañísima operación de asociación con una empresa privada, que tiene participación en la propia Indra, y pone a su presidente ahí. Todavía no sabemos qué va a hacer pero, cuando menos, la operación es extraña.

Indra podrá hacer algunas cosas, pero también se puede jugar con otros jugadores"

Los europeos vamos a tener que dividirnos parte del trabajo y cada uno tendrá que hacer aquello que hace mejor. Tendremos que mirar cuáles son nuestras capacidades tecnológicas y, en el reparto de la tarta, ser lo suficientemente listos para llevarnos la parte de esas cosas que hacemos mejor e intercambiar con los demás. Cuando tienes una empresa naval militar de toda la vida, no cabe ninguna duda que va a ser Navantia. Para la parte de Ejército de Tierra, Indra podrá hacer algunas cosas, pero también se puede jugar con otros jugadores. Lo que se ha producido es unos ciertos movimientos que no se entienden bien, y no se sabe cuál es la política real del gobierno en términos de defensa en esa parte. Se toma una empresa que no tenía experiencia en determinados sectores y se empiezan a hacer amagos con otra empresa privada y está su presidente ahí... Todo eso no es habitual. Al margen de que suene a conflicto, si tuvieran una idea clara, no estarían haciendo lo que están haciendo.

Cada día en Génova recibo empresas con proyectos industriales para España que los están abandonando porque no hay acceso a la red"

P. - Usted fue secretario de Estado de Energía. ¿Qué está pasando en España con la red? ¿Está realmente tan saturada como dicen las eléctricas?

R. - El gobierno socialista no sería socialista si no crea algún tipo de déficit en el sistema eléctrico. En la etapa de Zapatero crearon el déficit de tarifa y ahora han creado el déficit de accesos. La cuestión es crear un déficit. La política energética es una de las más caóticas y desastrosas del Gobierno. No hay ningún país del mundo que haya reducido las emisiones de carbono de manera importante que no haya utilizado simultáneamente nuclear, hidroeléctrica y renovable. Y yo cada día en Génova recibo empresas o sectores que te dicen que proyectos industriales que iban a ir a España y los están abandonando porque no hay acceso a la red.

P. - ¿Tiene solución a corto plazo?

R. - Hay que hacer un plan de choque con más inversiones en accesos. Hay que romper el nudo gordiano del problema jurídico que hay y hay que usar los nudos al máximo. Y con eso, en un plazo razonable se podría empezar a liberar la situación.

P. - ¿Pero ha habido un fallo de gestión o de planificación?

R. -Ha habido un problema más que de planificación, de ejecución de la planificación. Pero quien tiene que vigilar esa esa ejecución de la planificación es el Gobierno, que tiene que establecerle a las distribuidoras y a Red Eléctrica en el transporte cuáles son las prioridades y por dónde tiene que empezar.

P. - El auge de la incapacidad temporal es uno de los actuales problemas del mercado de trabajo. La AIReF ha publicado un informe bastante extenso en el que dice que no hay una vigilancia suficiente. ¿Cómo se puede atajar?

R. - Hay una parte de incremento del absentismo cuando crece el número de ocupados. Siempre ha ocurrido, pero no en la magnitud de hoy en día. En vez de buscar un equilibrio entre trabajadores y empresarios y evitar el fraude del absentismo, el Gobierno da una imagen de que aquí no pasa nada porque pueda haber fraude. Hay que establecer los incentivos adecuados para que el absentismo sea una excepción y no una situación habitual. Es importantísimo que aquellos trabajadores que están en una situación real de incapacidad reciban la compensación adecuada. Es muy importante que nadie se vea forzado a ir a trabajar si realmente está enfermo. Pero, al mismo tiempo, la mayor diligencia, el mayor esfuerzo, la mayor responsabilidad debe también ser compensada y recompensada.

P. - Este domingo hay elecciones en Aragón y Fedea señala a esta Comunidad como una de las más perjudicadas por el nuevo modelo de financiación pactado por el Gobierno con ERC. ¿Qué es lo que más le preocupa?

R. - Primero, que dice que si usted tuvo un déficit anterior grande y al mismo tiempo subió impuestos, le voy a dar más. Y, si usted gestionó bien y por gestionar bien bajó impuestos, le voy a dar menos. Hombre, no me parece el criterio más adecuado. Tenemos que crear un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las variables que para todo el mundo son importantes. Para algunos, la insularidad; para otros, la dispersión de población o el coste de los servicios públicos. Y que todo esto nos dé una solución razonable en función de la población ajustada. Y una vez que tengamos esa solución razonable, la apliquemos con las especificidades que haya en cada sitio. Además, me preocupa enormemente lo del principio de ordinalidad. Alguien me tiene que explicar por qué por el hecho de que tú tengas vecinos más ricos, tienes derecho a que la financiación de tus servicios públicos sea mejor que las de otro.

P. -¿Y si Feijóo necesitase los votos de Vox... En el capítulo económico, ¿hay algún tema en el que se choque frontalmente el modelo del PP con el de Vox?

R. - Hay dos cuestiones fundamentales. Para nosotros, el comercio internacional, la Unión Europea, la integración de la economía española en la economía mundial es parte de la libertad económica. Para Vox, eso no es así. Y también es esencial que lo que le decimos a los ciudadanos sea realista y se pueda practicar. En Vox, los programas económicos realmente no existen, no hay una dirección; son son brochazos. A veces ideas fuerza y, en otras ocasiones, cosas que son absolutamente irrealizables. Si tú crees en el derecho de la propiedad, en la libertad económica, en la libertad de empresa, deben ser tus principios para todo. Y en Vox, esto no se produce.