El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible con 100 metas a cumplir para el año 2030, entre las que se incluye una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años, a iniciativa del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Y aunque su puesta en marcha está condicionada a que salgan adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación luce complicada debido a la fragmentación del Congreso de los Diputados; la iniciativa también coincide con la publicación del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente al año 2025.

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En esta estadística se revela que, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil se ha incrementado un 9%. Según el indicador AROPE (siglas de At risk of poverty and/or exclusion), el riesgo de pobreza entre los menores de 18 años ha pasado de afectar al 31% en 2018 al 33,8% en 2024 —ya que los datos de este indicador se elaboran a partir de la renta del año anterior a la entrevista—, lo que significa que los buenos datos macroeconómicos no se traducen en una mejora en el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables.

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En términos absolutos, estas cifras implican que el número de menores de 18 años en riesgo de pobreza ha crecido en 331.531 personas: desde los 2.566.109 menores de 2018 hasta los 2.897.640 de 2024.

Además, en el caso de los hijos de padres extranjeros, la exposición es mayor. Mientras que el riesgo de pobreza para las personas españolas mayores de 16 años ha alcanzado en 2024 al 19,4%, para los mayores de 16 años procedentes de un país extranjero de la Unión Europea la cifra se ha elevado hasta el 34,3% y, en el caso de los extranjeros del resto del mundo, hasta casi el 50% (46,7%).

El promedio europeo se sitúa en el 24,2%

De hecho, España se sitúa entre los países que lideran la pobreza infantil entre los Estados miembro de la Unión Europea. Ante estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto implementar una prestación universal a la crianza de 200 euros mensuales por hijo, apoyándose en las estimaciones del estudio El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil. Un informe publicado por UNICEF en noviembre de 2025, que advertía de que la pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplicase una prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, lo que supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

La propuesta se vincula, además, con un objetivo más amplio de convergencia social. Entre los diez hitos principales que recoge la hoja de ruta del Ministerio figura reducir en un 10% la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), para situarla por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Un desafío significativo si se compara la situación española con la del entorno: el promedio de la tasa AROPE en la UE alcanzaba al 24,2% de la población en 2024, es decir, España supera en 9,6 puntos porcentuales la media comunitaria.

Ya existen otras herramientas públicas con el mismo fin

Además, la implantación de una prestación universal por crianza se presenta en un escenario en el que ya existen herramientas públicas orientadas a este mismo fin, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), aunque con un alcance más limitado del esperado.

En el análisis sobre el IMV presentado la semana pasada, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía de que en el caso del IMV, las "tasas de non take-up eran del 55% en 2024, lo que indica que más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación no la solicitan", una brecha de cobertura que, en el caso del complemento infantil se eleva hasta el 72%. Según el organismo, esta falta de alcance se debe a las restricciones de su propio diseño e instan al Ejecutivo a mejorarlo, introduciendo fórmulas de concesión más automáticas y amplias.

Frente a ello, la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo eliminaría buena parte de esas barreras al extenderse a todas las familias con menores, aunque a costa de un mayor esfuerzo presupuestario. Y es que solo el Ingreso Mínimo Vital conllevó un gasto público de 6.138 millones de euros en los once primeros meses de 2025.