'Empresa tractora' es el sintagma nominal por excelencia de foros, desayunos informativos, ruedas de prensa y demás convocatorios de comunicación de las empresas e instituciones encargadas de suministrar y administrar la defensa en España. Una de ellas es Tess Defence, la zona desmilitarizada en la guerra entre Indra y Santa Bárbara.

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'Campeón nacional de defensa', sintagma más complejo, es también muy recurrido, pero con los que pocos pueden soñar en convertirse. Este sintagma se lo reparten en los discursos del Ministerio de Defensa e Indra, la compañía llamada a ser por el Gobierno la 'campeona nacional de defensa'. Para ello, el Ejecutivo trató de realizar la absorción de Indra con EM&E, modelo ahora que La Moncloa ya no justifica debido al conflicto de intereses que presupone la operación, además de la pérdida de control por parte del Gobierno que supondría la absorción de EM&E. Sin embargo, hay otra empresa, en este caso un consorcio, que pudo ser 'campeona nacional de defensa', y no fue: Tess Defence.

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Tess Defence S.L. es una sociedad constituida entre cuatro de las empresas más potentes del sector nacional. Liderada por Indra, con el 51% del accionariado, la compañía cuenta con la experiencia de EM&E, Sapa y Santa Bárbara Sistemas. El consorcio se creó para ejecutar el futuro terrestre del Ejército con los 8x8 Dragón, programa adjudicado por el Ministerio de Defensa en 2020, con 348 vehículos de combate por unos 2.100 millones de euros.

Es decir, de alguna manera Tess Defence se posicionaba como la referente en el sector gracias a la experiencia en la producción de carros de combate de Santa Bárbara, unido con las capacidades en integración de sistemas y electrónica de Indra, EM&E y Sapa. Sin embargo, surgieron retrasos en la entrega de los vehículos blindados y Defensa impuso a Tess Defence una multa de 9,1 millones de euros por incumplimiento en los plazos de entrega de los carros. De hecho, se había acordado que en 2024 se iban a entregar 92 unidades. Finalmente, el Ejército no recibió ningún 8x8 Dragón.

La fricción entre el Gobierno y la empresa se hizo pública y los roces dentro de Tess Defence se intensificaron después de que General Dynamics, matriz de Santa Bárbara Sistemas, se negase a vender la filial española a Indra, en el afán del Gobierno de convertir a Indra en 'campeona nacional'.

Finalmente, la primera entrega de los 8x8 se realizó en diciembre del 2025. En total, ese mes se entregaron 41 vehículos. El primer lote del 2026 se realizará en las próximas semanas con 24 carros de combate. En este sentido, según confirman fuentes conocedoras a El Independiente, el programa del 8x8 "va muy bien" en la actualidad respecto a los plazos.

Entre otros proyectos del consorcio se encuentra también el VAC (Vehículo de Apoyo a Cadenas). Se trata de un vehículo blindando sobre orugas que fue contratado en 2023 por el Ministerio de Margarita Robles por unos 2.000 millones de euros. Basado en la plataforma ASCOD de General Dynamics, es decir, de Santa Bárbara, el proyecto reúne importantes retrasos, aún en proceso de desarrollo, sin entregas todavía previstas.

Fricción entre Indra y Santa Bárbara

Mientras tanto, la fricción entre Santa Bárbara e Indra ha vuelto a encenderse después de que la primera recurriese ante el Supremo los préstamos concedidos a Indra para los megacontratos de obuses sobre ruedas y cadenas por 7.200 millones de euros. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación aseguran a este medio que la relación dentro del consorcio es cordial. Así, Tess Defence se convierte en la zona desmilitarizada en la guerra entre Indra y Santa Bárbara Sistemas.

La concesión a la UTE Indra-EM&E de estos dos programas 'a dedo' impulsó a Santa Bárbara a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para detener la prefinanciación del Ministerio de Industria a este consorcio. En caso de que el recurso salga adelante, se pueden poner en peligro los más de 14.000 millones de euros en créditos que se otorgaron a las empresas para el plan de defensa del Gobierno. Santa Bárbara sería una de las afectadas, comprometiendo los programas de defensa de más de 30.000 millones de euros que permitían alcanzar el 2% del PIB.

Sin embargo, la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reafirmó la legalidad de los préstamos a las empresas adjudicadas. La Secretaria defendió que las adjudicaciones se realizaron con el apoyo de técnicos de Defensa e Industria, con el objetivo de favorecer al desarrollo de la autonomía estratégica española y europea. Además, Valcarce señaló que "se utilizaron los mismos criterios que se han usado en todos los años desde que esta legislación opera en este país y la Unión Europea", refiriéndose al Artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por último, para quitar peso en el recurso de Santa Bárbara, Valcarce recordó que "el mismo real decreto con el mismo procedimiento y con las mismas condiciones del Ministerio de Industria prefinancia el programa Pizarro del que es responsable Santa Bárbara Sistemas".