El trabajador está cada vez más en el centro del debate y con ello los legisladores buscan mejorar sus condiciones. Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), reducción de la jornada laboral... todo mientras la productividad está a la baja, "estando cada vez más lejos de Estados Unidos y China", según Rafael Pampillón, catedrático de Economía del CEU San Pablo. En este sentido, Pilar López, socia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del despacho jurídico Vaciero, ha asegurado en un encuentro con El Independiente que en España se está legislando "sin diálogo social y a golpe de reales decretos que luego no se aprueban". Con todo esto, "si fuese empresaria, me daría temor", sentencia López.

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El encuentro organizado este jueves en Madrid se centró en "ofrecer una visión actualizada del panorama normativo laboral español de cara a 2026, a aclarar al empresario qué obligaciones debe cumplir y qué cambios se avecinan y cómo adaptar procesos internos y minimizar riesgos".

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Con ello, los ponentes, entre los que estaban Rafael Pampillón, catedrático de Economía del CEU San Pablo, Pilar López, socia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del despacho jurídico Vaciero y Charo García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, debatieron sobre aquellos desafíos a los que se enfrentan los empresarios y trabajadores. Subrayaron sobre todo el absentismo laboral, la trasposición de la Directiva de Transparencia Salarial en España y el registro horario, un cambio de paradigma en el que el teletrabajo se ha convertido en una de las condiciones más demandadas por los candidatos a la hora de buscar empleo.

El registro horario obliga a las empresas, sin distinción de tamaño, a contabilizar la duración de las jornadas de forma digital. Y el derecho a la desconexión digital hace referencia a la tipificación del derecho de los trabajadores de no ser interrumpidos con asuntos de trabajo fuera de su horario laboral. 

La conciliación es también un elemento clave para el trabajador, que se volvió aun más importante tras la pandemia del Covid-19. Pero, "en un mundo después donde se valora la flexibilidad laboral y el teletrabajo tras la pandemia, se están dando pasos atrás con el control máximo", subrayó Charo García, miembro de la Junta Directiva AEDRH (Asociación Española de Directores de Recursos Humanos).

Aunque “el registro horario cumple su función de dar garantía y seguridad jurídica, una eventual ampliación de los niveles de control puede impactar en la propuesta de valor al empleado, especialmente en este momento en que la flexibilidad es un factor diferencial en la atracción y gestión del talento", añadió García. Además, la miembro de la AEDRH señaló que no le preocupa que las inspecciones de trabajo y control horario se hagan en tiempo real, sino que el registro horario vaya en contra de las necesidades de los trabajadores.

El debate giró también en torno al absentismo, una situación recurrente en España que tiene un impacto del 6% del PIB, con un coste de 25 mil millones de euros al año. Los ponentes coincidieron en que "se pueden hacer muchas más cosas" para revertir el problema. De hecho, Charo García destacó que el impacto del absentismo es un problema estructural y, además de una preocupación empresarial, "debe ser una preocupación social" debido a los índices de absentismo cada vez más elevados. Con ello, el cuidado de la salud mental juega un papel importante, en el que "la situación general del sistema de salud no ayuda".

De hecho, aseguró que "las empresas están intentando solucionar este problema de la mejor manera que pueden sin ayuda externa, poniendo foco en lo que tiene que ver con la salud mental", en muchas ocasiones la causa de la abstinencia. Ante esta situación, Pilar López defendió el desarrollo de cláusulas de absentismo en las empresas y que ella, como socia del despacho jurídico de Vaciero, está viendo cómo estas cláusulas están dando resultados positivos en varias compañías cuando se detecta una situación de absentismo.

Subida del SMI

Hay que destacar también que ya se ha pactado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, acordada entre Gobierno y agentes sociales y se hizo efectiva el pasado 17 de febrero. El aumento del SMI es de un 3,1% respecto al de 2025 y "se aplicará de manera retroactiva al mes de enero". Este SMI es de carácter general, ya que se aplica en todo el país, sin excepciones. De esta forma, el salario mínimo anual se sitúa en los 17.094 euros brutos, dividido en 14 pagas.