El Gobierno está en funciones, pero no puede demorar la adopción de medidas para corregir el déficit público y esquivar posibles sanciones de Bruselas. Ajeno a las quejas de los empresarios, el Ministerio de Hacienda prevé aprobar el próximo viernes, 30 de septiembre, el incremento del gravamen en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades hasta al menos el 20%.

De esta forma, persigue que las empresas con una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros –unas 4.400 sociedades– anticipen el ingreso de 6.000 millones de euros y conjurar el desplome de la recaudación de este impuesto desde enero.

El Gobierno anunció este cambio tributario el pasado 12 de julio en el texto de alegaciones enviado a Bruselas para evitar sanciones por no adoptar las medidas necesarias para cumplir el objetivo de déficit en 2015, que se desvió del 4,2% del PIB previsto, al 5%.

La multa del 0,2% del PIB con la que amenazaba la UE fue finalmente cancelada, se concedió un margen de dos años más a España para reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, pero se dejó la puerta abierta a la congelación de fondos europeos si no se presentaba un plan presupuestario convincente de cara a 2017 y medidas para reducir el déficit estructural antes del 15 octubre.

Guindos prometió a Bruselas en ese momento un ajuste de unos 8.000 millones de euros por la lucha contra el fraude, el ahorro en los intereses de la deuda, el cierre del presupuesto de 2016 en el mes de julio y la medida estrella: 6.000 millones solo por la modificación en Sociedades.

Podría afectar al pago fraccionado de octubre

Esta reforma, que los empresarios consideran una subida de impuestos en toda regla, ya está aquí y, en tanto que se aprobará antes de que acabe el mes de septiembre, es posible que afecte ya al pago fraccionado de octubre.

Sin embargo, fuentes de Hacienda no confirman si será así, ni tampoco si la forma elegida será el Real Decreto-Ley, que tendría que ser convalidado en los siguientes 30 días por el Congreso de los Diputados.

¿Qué implica para las empresas?

La necesidad de recuperar las cifras de ingresos por Sociedades viene de la rebaja fiscal llevada a cabo por el Gobierno en 2015, en pleno año preelectoral. El Gobierno decidió suprimir desde enero de 2016 una serie de medidas transitorias que había adoptado en 2012 para incrementar los ingresos, entre ellas, el gravamen del 12% en los anticipos de las grandes empresas.

La medida llevó consigo una caída de la recaudación del 85,5% hasta julio, lo que ha motivado al Gobierno a dar marcha atrás e ir más allá, subiendo el tipo del 12% al 20%.

En la práctica este cambio supone que las empresas con una cifra de negocios superior a los 20 millones de euros tendrán que pagar por adelantado parte del Impuesto de Sociedades en lugar de realizar la liquidación a final del año, lo que en principio no sería una subida del impuesto.

Sin embargo,  el Ejecutivo ya ha avanzado, entre los pocos detalles que se conocen sobre este asunto, que esta modificación tendrá vocación de permanencia, lo que supone una aproximación a la subida de impuestos.

La carta de Rosell al Gobierno

Todas estas cuestiones han generado gran malestar entre los empresarios. Hace una semana, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, remitió una carta a los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejecutor último de la medida, en la que traslada la “inquietud de las empresas por conocer si, efectivamente, se va a implantar la medida y, en su caso, cuándo se va a producir”.

CEOE teme por la solvencia de las empresas

Rosell lamentaba en la misiva que “este anticipo del impuesto no estaba previsto en las estimaciones de tesorería de las empresas afectadas por lo que incrementará sus necesidades de financiación, pudiendo comprometer su solvencia en algunos casos”.

Además, el patrón de patronos avisa de que las agencias de rating están recabando información sobre el impacto de este cambio en la solvencia a corto plazo de las grandes empresas españolas y amenazan con revisar su calificación crediticia.