Marina tiene 47 años y dos hijos, de 27 y 24, y las estadísticas la darían por muerta. Se quedó embarazada siendo joven y trabajando en una tienda como dependienta. Se casó, dejó el trabajo, volvió a quedarse embarazada y hace tres años consiguió salir de dos décadas y media de maltrato físico y psicológico. Ahora trabaja como cajera, ahora vive como si hubiese vuelto a los veinte. Su historia es una feliz anomalía, es la de una mujer que ha conseguido vencer a los porcentajes, abandonar el terror y entrar de pleno en la independencia.

En España, el 66% de las mujeres que mueren a causa de la violencia machista tienen entre 31 y 50 años. Tienden a vivir con su pareja y no suelen denunciar ningún tipo de agresión. Es el sector más crítico y se ha agravado por la crisis económica. «Se encuentran en la edad más compleja y su realidad empeora con la tasa de paro con la que tenemos que luchar en este país», explica Silvia Naranjo, psicóloga de la Fundación Ana Bella. «Son mujeres que llevan mucho tiempo sufriendo malos tratos, sobre todo las que han pasado de los 40 y nunca han puesto una denuncia. Es difícil que puedan dar un paso hacia adelante porque las han convencido de que no pueden hacer nada fuera de su casa y el mercado laboral no les abre demasiadas puertas», añade.

La violencia machista ha segado ya 33 vidas en lo que va de año. Una de las últimas víctimas fue Ada, una mujer paraguaya de 31 años a la que su ex pareja, de 26, asesinó a puñaladas. Tras cometer el crimen, el asesino se arrojó por un acantilado. La víctima no había puesto ninguna denuncia.

«Se trata de una lacra social, un problema que se agrava en la edad adulta pero que abarca desde adolescentes hasta la tercera edad. Las mujeres más jóvenes, entre 16 y 30 años, tienen otra perspectiva de futuro y no llevan tanto tiempo siendo machacadas. Es más fácil sacarlas, ven una luz”, añade Naranjo. Este año, ninguna mujer menor de 18 años ni mayor de 70 ha muerto a manos de su pareja o ex pareja. El dato se tuerce al pasar de los 30 y varía según la nacionalidad.

Según el estudio sobre violencia machista elaborado por el Ministerio de Sanidad, más del 45% de las víctimas mortales son extranjeras. Comparándolo con el de foráneos que viven en España, el porcentaje revela que entre las mujeres inmigrantes la violencia de género está más extendida. “Barcelona es un buen ejemplo por figurar como una de las ciudades con más víctimas. Se debe a la población inmigrante de América del Sur. En sus sociedades se mira hacia otro lado; lo tienen, en algunos casos, asumido y a veces es más difícil sacarlas de esta situación”, asegura Silvia.

Sólo un tercio de las 33 mujeres asesinadas este año habían acudido previamente a la policía y, en otros tres casos, aunque había denuncia, no eran ellas las que habían dado la voz de alarma. «Cuando es un tercero quien denuncia puede abrir la posibilidad de que la víctima se sienta más liberada para hablar, pero en muchos casos no ocurre así y los cuerpos de seguridad no pueden hacer nada. Si ella no ratifica lo que está ocurriendo, la denuncia se queda en un cajón», afirma.

Sólo el 40% acude a la policía, pero miles de mujeres llaman a organizaciones de ayuda o contactan con éstas a través de internet. Durante el mes de julio, la web que el Ministerio de Sanidad tiene habilitada para estos casos recibió más de 4.000 consultas, casi 200 por día, y hubo 7.498 llamadas atendidas por el 016. 

 

El perfil del agresor es bastante similar en edad y nacionalidad al de las víctimas. Cerca del 60% son españoles y tiene entre 31 y 50 años. Dentro del estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llama la atención un apartado: Suicidio del agresor.

El 15% de los hombres que mataron a su pareja o ex pareja, de enero a julio, se quitaron la vida y otro 15% lo intentó. En total, 20 menores se quedaron huérfanos en apenas 9 meses. «Aquí no se cuentan los chicos y chicas mayores de 18, pero también los hay y la situación es igual de complicada para ellos aunque no tengan que ir a centros de acogida».

Sin embargo, no hay perfil estadístico que explique esta lacra. Desde que se tienen datos (empiezan a contabilizarse desde 2003, con la aprobación de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género de 2004), en España han muerto 858 mujeres. Lo único que tienen en común es el género. Distinto empleo, nivel educativo, edad, entorno y nivel económico. El único factor de riesgo que comparten es ser mujer.

Medidas de protección

Dentro de las 33 mujeres asesinadas, sólo diez se encontraban bajo medidas de protección. Únicamente nueve las solicitaron y a una se le concedió gracias a la Fiscalía. Según Pilar Díaz Núñez, abogada especialista en casos de violencia machista del despacho CMJ, a menudo la explicación es el desconocimiento de sus derechos: «Muchas de las mujeres no son conscientes de lo que supone una orden de protección y ni siquiera la piden», asegura. «El fallo está en que no tienen un abogado desde el primer minuto para que las guíe cuando llegan a la comisaría. Algunas se van sin haber puesto la denuncia y, si lo hacen sin solicitar la orden de protección, pasarán tres días hasta que el fiscal pueda hacerlo en el Juzgado de Violencia», añade.

Cuando una víctima de violencia machista no solicita las medidas de protección no se considera legalmente como tal. Aunque haya sido agredida, no se pueden empezar a aplicar los procedimientos (tan necesarios) de este tipo de casos. Tampoco se activan si la denuncia la pone un tercero y no ha sido corroborada por la víctima.

Muchas mujeres no solicitan las medidas de protección por falta de información

«El principal problema es la falta de asesoramiento legal. Si son capaces de presentarse en una comisaria pero no solicitan estas medidas, se sienten desamparadas», alega Díaz Núñez. «Aunque los policías expliquen con detalle el procedimiento, no es lo mismo que tener a un abogado a tu lado… Deberían contar con uno desde el primer momento que ponen un pie en la comisaría para dar ese paso tan importante», alega.

Para esta abogada, las mujeres más vulnerables por desconocer lo que significa una orden de protección son las mayores. «No han oído hablar de ella en su vida y, cuando les cuenta en qué consisten, les entra miedo».

Sin embargo, si se consigue que las mujeres que denuncian soliciten esas medidas, el procedimiento cambia: «El imputado no podrá ponerse en contacto con ella de ninguna forma, ni por mail, ni por mensaje, ni por carta, ni por nada. Además, deberá permanecer a 500 metros de la supuesta víctima. Si ella entra en un bar y por casualidad está él, será el imputado el que tenga que abandonarlo».

«Además, si el acusado es la única fuente de ingresos de la casa se le impondrá una ayuda a la mujer y a sus hijos. Y éstos también estarán protegidos». A los tres días de poner la denuncia (un máximo de 72 horas), se efectúa un juicio previo en el Juzgado de Violencia y las conclusiones se envían al Juzgado Penal. «Desde que la víctima acude al Juzgado de Violencia hasta que va al Juzgado Penal, pasan de media unos tres meses», detalla Pilar Díaz Núñez.

El 7 de octubre, M.B.M. se sumó a la lista de mujeres asesinadas por sus parejas. Tenía 32 años y dos hijos menores de edad, fruto de su relación con el hombre al que la policía detuvo tras el asesinato.