Un trabajador autónomo recibe una oferta para trabajar como proveedor de una gran empresa. A priori es una buena noticia, ya que el cliente parece tener solvencia y puede ser el primero de muchos otros encargos. Sin embargo, al cabo de dos, tres o cuatro meses, las facturas siguen en los cajones de algún despacho y el autónomo, sin cobrar, pasa algo más que apuros. Esta historia se repite en muchas partes de España cada día, con nombres y apellidos.

Así lo evidencian los datos de morosidad que maneja la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), correspondientes al mes de septiembre, en los que queda constancia que las empresas de más de 1.000 trabajadores pagan a los autónomos a 126 días, más del doble del plazo de pago legal en el sector privado, que es de 60 días. Esta vez es Goliat el que derriba a David.

A medida que se va reduciendo el tamaño de las empresas, el hábito pagador mejora. Las de entre 250 y 1.000 trabajadores pagan a 117 días y las de entre 50 y 250 trabajadores, a 71 días. El resto cumple con la normativa y son los autónomos los que, entre sí, menos tiempo tardan en cumplir, con 45 días de media.

Los mismos datos muestran que la morosidad en el ámbito privado se ha reducido en los últimos doce meses. Sin embargo, esta reducción también ha sido superior en las empresas de menor tamaño, entre las que los descensos en los plazos oscilan entre el 9% y el 12%. En el caso de las sociedades de más de 250 trabajadores, este recorte no supera el 5%.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denuncia que la vigente Ley de Morosidad carece de un régimen sancionador para estas empresas que “juegan con los periodos de pago para tener mayor liquidez y financiarse a costa de los propios proveedores”. “No cumplir los plazos de pago sale gratis a las grandes empresas”, asegura.

Las medidas antidéficit del Gobierno podrían agudizar el problema

Por su parte, desde el ámbito empresarial avisan de que el incremento del tipo mínimo en el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas –de más de 10 millones de euros de facturación— dificultará aún más el abono de las facturas a los proveedores en tiempo y forma.

Según la gerente del Instituto De Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de CEOE, Almudena Semur, «la medida afectará a sus previsiones de tesorería”, por lo que las empresas “tendrán que hacer malabarismos para no retrasarse en los pagos a los proveedores”.

Si bien, ésta no es la única medida puesta en marcha por el Gobierno este año para conjurar la desviación del déficit público respecto a los objetivos comprometidos con Bruselas. Los registros de ATA muestran que, mientras que el periodo medio de pago de la administración a los autónomos se ha reducido de 83 días a 78 días en un año, en el caso concreto del Estado se ha producido un incremento en el tercer trimestre del 25%, hasta los 55 días, casi el doble que el plazo legal de 30 días establecido en el sector público.

Amor explica que este deterioro “tiene que ver con el cierre del ejercicio presupuestario” llevado a cabo por el Gobierno el pasado mes de julio para tratar de reducir el gasto público este año. En cualquier caso, esta situación no tiene un gran impacto en la deuda total de las administraciones con los autónomos, puesto que la mayor parte se concentra en las comunidades y los ayuntamientos.