Las sicav (sociedades de inversión de capital variable) que utilizan habitualmente las grandes fortunas españolas para canalizar su patrimonio tienen los días contados, tal como las conocemos hoy. El runrún está en el mercado desde hace meses, pero el pasado martes 25 de octubre se dio un paso más en esta dirección.

En el marco de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, se aprobó una Proposición no de Ley, presentada por Ciudadanos en septiembre, que insta al nuevo Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude y el delito fiscal mediante la adopción de medidas relativas al régimen jurídico y fiscal de las sicav.

El Congreso avanza para que las Sicav tributen al 25% y cada accionista controle un mínimo del 0,55% del capital

La propuesta persigue «devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicav para que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1%, sino al tipo general del Impuesto de Sociedades» del 25%.

La otra medida consiste en «promover la apertura de las sicav para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las Sicav para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, solo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%».

El sector de la banca privada, especializada en la gestión del patrimonio de clientes con rentas muy elevadas, tacha de «populista» el nuevo régimen fiscal al que se quiere someter a las sicav, un vehículo que mueve más de 31.000 millones de euros en España.

Los asesores creen que estas medidas terminarán con las sicav en España, que irán a Irlanda y Luxemburgo

En líneas generales, los banqueros privados no discuten el punto referente a la Agencia Tributaria. «En realidad, el organismo público siempre ha tenido acceso a la información de las sicav y está al tanto de que muchas de ellas están controladas por un único accionista, que cuenta con el 99% del capital, mientras los restantes inversores (hasta llegar al número mínimo de 100  que exige la normativa) cuentan con participaciones mínimas», señalan desde una firma de asesoramiento.

Las mismas fuentes explican que la Agencia Tributaria siempre ha hecho la vista gorda porque imponer un mínimo de 100 accionistas carece de toda lógica, en el marco de la Unión Europea, donde ningún país lo exige, salvo Portugal -requiere 100- y Francia -dos inversores-.

Sí hay consenso en el sector en la crítica a la propuesta de fijar que cada accionista ostente, como mínimo, el 0,55% del capital de la sociedad. «Denota una completa falta de entendimiento del vehículo. Es una medida absurda porque es contraria, precisamente, a la colectividad. Es posible que muchas sicav, en línea con los fondos, auténticas instituciones de inversión colectiva, no cumplan esta regla, ya que cuanto más patrimonio tenga un vehículo, más atomizado está el patrimonio y más difícil es satisfacer esta exigencia. Por ello, el límite debería establecerse por arriba -por ejemplo, que ningún accionista tenga más del 10% o el 20%-, pero nunca por abajo», explica un banquero privado.

Pero, sin duda, el punto más conflictivo es el del gravamen del impuesto de sociedades. Inverco, la asociación de instituci0nes de inversión colectiva, que representa a gestoras de fondos de inversión, pensiones y sicav, considera que «con una eventual modificación fiscal, lo único que se lograría es eliminar un producto de ahorro que mueve un patrimonio de más de 31.000 millones de euros en España, y trasladar inmediatamente ese patrimonio a otras zonas geográficas o a otros países de Europa, que tienen una fiscalidad similar o mejor que en España».

La asociación asegura que «una modificación de la fiscalidad implicaría una deslocalización hacia Irlanda y Luxemburgo, en los que, como en el resto de los países de la Unión Europea, el tipo del impuesto sobre sociedades aplicable a estos instrumentos es 0%».

Pese a que el sector de la inversión disiente en las propuestas del partido naranja, secundado por el Congreso hace unos días, el bufete Cuatrecasas sostiene en una nota remitida a algunos de sus clientes que «no ha de descartarse que próximamente se desarrollen iniciativas legislativas en sede parlamentaria que vayan en la línea marcada por la Proposición no de Ley recién aprobada». Y es que, tal como recuerdan los juristas de la firma, «el contenido de la propuesta coincide literalmente con el punto nº 8 de los 150 compromisos para mejorar España» firmado entre el PP y Ciudadanos.

Qué hago con mi sicav

Llegados a este punto, la banca privada se está movilizando a marchas forzadas para dar soluciones a los clientes inquietos. En los últimos meses, más de un centenar de sociedades se ha transformado en fondo de inversión, pero la casuística de cada una exige valorar qué hacer de modo individualizado.

A grandes rasgos, los profesionales señalan varias alternativas: mantener la sicav, asumiendo la nueva fiscalidad, sin aflorar plusvalías; o liquidar la sociedad, pagar la ganancia de los socios y buscar otros vehículos alternativos.

Otra opción es transformar la sicav para que quede fuera del ámbito de aplicación de la propuesta recién aprobada en el Congreso. De hacer esto, las posibilidades son diversas: dejarla como S.A. ordinaria y dedicarla a otras actividades; fusionarla con otra sociedad en la que haya bases imponibles de signo contrario para compensar las plusvalías; fusionarla con otra institución de inversión colectiva (fondos o sicav) buscando cumplir los requisitos o quedar fuera del ámbito de aplicación; o llevar cabo una fusión transfronteriza.

Los accionistas de las sicav que estén barajando estas opciones han de tener en cuenta que en todo proceso de fusión, para que sea neutral fiscalmente y no haya que aflorar las plusvalías, han de prevalecer los criterios económicos y no mediar una motivación fiscal. «Cuanto más cercano esté al cambio de la normativa más difícil de justificar», apostilla un asesor patrimonial.

Junto a estas alternativas, figura la de redomiciliar la sicav en otra jurisdicción, siendo Luxemburgo uno de los destino con mayor capacidad para atraer estos vehículos.

«Endurecer el tratamiento de las sicav supondría restar competitividad y efectividad a este vehículo. Como consecuencia lógica, los clientes muy probablemente opten por otros productos y, casi con total seguridad, otras plazas financieras, como por ejemplo la luxemburguesa que, siempre dentro de la legalidad, les den la mayor rentabilidad y aseguren la preservación de su patrimonio a largo plazo en España», manifiesta Francisco Gómez-Trenor, director general de la firma suiza de banca privada Mirabaud & Cie.

El directivo, en línea con la opinión que sostiene la mayor parte del sector de gestión patrimonial, considera que los cambios que podrían afectar a las sicav son «negativos para España, que debería trabajar precisamente por lo contrario: convertirse en una plaza financiera de referencia en el mercado y dar facilidades para que la inversión fluya».