El Ministerio de Empleo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están de acuerdo desde el pasado mes de octubre en la fórmula a aplicar para que los policías municipales puedan jubilarse a partir de los 60 años sin sufrir penalización alguna. Sin embargo, el preceptivo decreto que lo hará posible aún no ha echado, entre otras cosas, por un malentendido, una pugna política o por obstrucción, dependiendo de a quien se pregunte. Mientras tanto, los 70.000 policías potencialmente afectados por esta medida siguen a la espera.

Cuando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) planteó la posibilidad de que los ayuntamientos se hicieran cargo de la sobrecotización necesaria para que estos policías pudieran jubilarse de forma anticipada sin coeficientes reductores, el subsecretario de Empleo, Pedro Llorente, envió una carta a su presidente, Abel Caballero, en la que preguntaba sobre la capacidad que tenían los ayuntamientos para, antes de eso, facilitar el paso de los policías veteranos de la actuación en la calle a la segunda actividad, en la que se desarrollan tareas de oficina. También solicitaba la garantía de que, de no ser así, los entes locales podrían financiar la medida.

No todas las comunidades autónomas tienen una ley de coordinación de Policía Local que desarrolle la segunda actividad, con lo que garantizar esta opción en todos los ayuntamientos es imposible. A partir de ahí, Caballero trasladó en otra carta de vuelta a Empleo la decisión adoptada de forma unánime en la FEMP de financiar parte de la medida con cargo a los ayuntamientos. Se establecería un tipo adicional de cotización sobre las bases de los policías locales en activo del 10%, del que un 8,5% lo pagarían los ayuntamientos y el 1,5%, de cada policía.

Sin embargo, Llorente volvió a escribir a Caballero, pidiéndole más concreción técnica y ahora le toca responder a Caballero. Entre tanto, la casa sin barrer.

Enfado en la FEMP

El presidente de la FEMP ha visto en este nuevo requerimiento por parte de Empleo poco ánimo de cooperación e incluso “una actitud de obstrucción”. Según aseguró en rueda de prensa el pasado 3 de noviembre, la información solicitada por parte de Empleo incluso escapa a las competencias de la federación.

El presidente de la FEMP ha visto en este nuevo requerimiento por parte de Empleo poco ánimo de cooperación e incluso “una actitud de obstrucción”

Por su parte, el departamento que dirige Fátima Báñez se limita a indicar que lo único que ha hecho es pedir aclaraciones a la FEMP, y un portavoz del sindicatos de funcionarios CSI-F quita hierro al asunto y explica que el choque tiene en su origen un malentendido: la FEMP no entendió bien la solicitud de Empleo y respondió en primera instancia con generalidades.

Sin embargo, otras opiniones van más allá. En la Federal del Sector de Policía de la FSP-UGT aseguran que el proceso sigue su curso, pero lamentan que un cambio tan esperado para los policías locales se esté demorando por lo que consideran “una cuestión política”. Concretamente, ven en este choque una “pelea de gallos”, entre uno del PP –el Ministerio de Empleo—y otro del PSOE –Caballero es socialista, alcalde de Vigo–.

Sea como fuere, la última carta necesaria para que el proceso avance, la de la FEMP a Empleo, aún no ha llegado a su destino. Las mismas fuentes de CSI-F indican, sin embargo, que la situación no es de bloqueo y que la misiva se remitirá previsiblemente la próxima semana.

En FSP-UGT lamentan que un cambio tan esperado para los policías locales se esté demorando por “una cuestión política”

En la misma línea, FSP-UGT anticipa que la jubilación anticipada de los policías locales a partir de los 60 años cuenta también con el visto bueno del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el apoyo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

¿Por qué es necesaria esa carta?

La importancia de la respuesta pendiente de la FEMP radica en que, para dar el visto bueno a una medida así, los técnicos de Empleo necesitan tener constancia clara y por escrito de las necesidades reales que la justifican y también la garantía de que los ayuntamientos pueden hacer frente a este gasto. “Puro procedimiento”, indican en CSI-F.

Con o sin carta de por medio, lo que está claro es que los ayuntamientos son en la actualidad la administración más saneada de España. Gozan de un superávit que previsiblemente superará el 0,4% del PIB al final del año, según cálculos de la FEMP, aunque se encuentran sujetos a la conocida como regla de gasto, según la cuál no puede elevar sus desembolsos por encima de su crecimiento potencial.

No obstante, unos de los flecos pendientes que la FEMP quería resolver en el momento de la redacción del decreto correspondiente era la posibilidad de que los ayuntamientos que no arrastrasen déficit ni deuda pudieran exceder ese techo. Según CSI-F, Montoro no habría puesto obstáculos a esta excepción.