La Agencia Tributaria (AEAT) remitirá a lo largo de esta semana una carta de aviso a los 30.000 declarantes que se acogieron a la declaración tributaria especial (DTE) de rentas y bienes no prescritos de 2012, más conocida como amnistía fiscal, para dejar claro que, aunque el  próximo 30 de noviembre hará cuatro años del fin del plazo para realizar dicha declaración voluntaria, «no existe ninguna prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones», según ha avanzado Montoro ante los medios tras participar en un acto organizado por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca).

Montoro pretende apaciguar así las voces que aseguran que la amnistía prescribe en esa fecha, especialmente la de Ciudadanos

Montoro pretende apaciguar así las voces que aseguran que la amnistía prescribe en esa fecha, especialmente la de Ciudadanos. Sin embargo, lo que la formación naranja ha alertado por tierra, mar y aire es que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, trascurridos esos cuatro años no se podrán revisar las declaraciones al objeto de que aquellos que se acogieron a la amnistía tributen al 10% por el dinero aflorado, en lugar de al tipo efectivo del 3%, como ha sucedido. Y es que, con la amnistía afloraron 40.000 millones de euros, pero la recaudación solo alcanzó los 1.200 millones.

Para conjurar esta prescripción, Ciudadanos ha instado a Montoro a que remita una carta a los amnistiados antes del 30 de noviembre notificando la revisión de su declaración, de forma que, a partir de ese momento, la Agencia Tributaria tenga otros 18 meses de plazo para llevarla a cabo. Ciudadanos ha llegado a plantear esta revisión como moneda de cambio para dar su apoyo a los Presupuestos de 2017. De hecho, la revisión de la amnistía fiscal es uno de los puntos recogidos en el acuerdo entre el PP y Ciudadanos, además del resultado de una proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados.

No cabe revisión de las declaraciones

Sin embargo, aunque fuentes de Hacienda aseguran que la misiva a los declarantes aún no se ha redactado, insisten en que no cabe revisión alguna de las declaraciones realizadas. Con anterioridad, el director de la AEAT, Santiago Menéndez, ya indicó el pasado mes de octubre que «hay que mirar al futuro y no estancarse en el pasado».

Sin embargo, fuentes de Hacienda insisten en que no cabe revisión alguna de las declaraciones realizadas

Desde Hacienda recalcan, sin embargo, que lo que no existe tampoco es prescripción alguna a efectos de investigación. En este sentido, el propio Montoro ha señalado respecto a la carta anunciada que «lo que se está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria de 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes».

El aviso no es nuevo

Pese a que los avisos que prevé remitir Hacienda tienen un aire de novedad, la cuestión viene de atrás. Según avanzó El Independiente, la Agencia Tributaria ya viene desplegando una ofensiva para seguir exprimiendo la impopular fórmula de afloramiento de rentas, y ha ampliado las inspecciones llevadas a cabo sobre los 30.000 declarantes de la amnistía fiscal investigando sus patrimonios en el exterior.

Según señalan desde Hacienda, “la Ley no contemplaba que se exigiera un gravamen por la regularización de las rentas procedentes de ejercicios prescritos, pero sí permite comprobar si quienes regularizaron a través de la DTE han cumplido también con la obligación de informar sobre la posesión de bienes y derechos en el extranjero y si han sido rigurosos al hacerlo”.

De este modo, Hacienda está sumando las fuerzas de la amnistía fiscal y de la declaración informativa de bienes y derechos fuera de España, puesta en marcha en 2013 y conocida como modelo 720. Montoro. La relevancia de esta maniobra es que si se comprueba que los amnistiados no han tributado por esas rentas en el exterior se les exigirá el pago de los impuestos correspondientes. Concretamente, se imputarán todas esas rentas  no declaradas al último año no prescrito, aunque hubieran sido regularizadas a través de la DTE.