El grupo Cordish, que proyecta un megacomplejo de ocio y juego (al menos un 10% del proyecto se dedicará a los juegos de azar) en el Corredor del Henares madrileño, no precisará de la licencia administrativa de Torres de la Alameda, el municipio afectado por los planes de Live! Resorts Madrid. No la necesita gracias a Eurovegas, o mejor dicho, gracias a las medidas fiscales y administrativas aprobadas por la Comunidad de Madrid en diciembre de 2012, que no eran otra cosa sino «un traje a medida» para Sheldon G. Adelson, el magnate de Eurovegas. Así calificó esta normativa toda la oposición al entonces presidente Ignacio González.

El decreto 8/2012 requiere, según el artículo 45, una licencia administrativa para ejecutar un proyecto de calado: el de Cordish será de 2.200 millones de euros y ocupará 130 hectáreas. «La ejecución de los proyectos que conformen un Centro Integrado de Desarrollo (CID) estarán sometidos a licencia administrativa», dice el decreto. El quinto punto del artículo 45 puede hacer creer que el municipio juega un rol, ya que señala que «el procedimiento se iniciará mediante solicitud ante el ayuntamiento afectado»; pero a continuación se lee que el consistorio «tramitará la solicitud y emitirá informe preceptivo de la misma, en el plazo máximo de un mes». Un informe preceptivo no es vinculante.

Live! Resorts Madrid no precisa de licencia municipal: la concede la Comunidad de Madrid

Transcurrido ese plazo el ayuntamiento «elevará el expediente a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, a quien corresponderá resolver el expediente, dado el interés regional del Centro Integrado de Desarrollo». Por lo tanto, la decisión final recae en el Ejecutivo regional de Cristina Cifuentes porque el marco legal establecido para el fallido proyecto de Adelson sigue vigente.

Cordish quiere ser Las Vegas Sands

Contactado por este medio, el Gobierno autonómico confirma que la intención del grupo Cordish es activar el procedimiento del Centro Integrado de Desarrollo para aprovechar los beneficios legales creados para Las Vegas Sands. Cuando el decreto fue promulgado, la localidad afectada por Eurovegas era Alcorcón, cuyo alcalde David Pérez (actualmente en el cargo) era un fervoroso partidario del desembarco de Adelson.

Este regate al municipio es, en opinión de expertos urbanísticos consultados, «una merma de las competencias locales». Una prueba es que el alcalde Carlos Sáez (PSOE) se haya enterado por la prensa de la apertura de un colosal complejo en los términos de su ayuntamiento. «Solo me ha llamado una persona que se decía en representación de la firma promotora. Pero nadie de la Comunidad de Madrid», lamenta Sáez, favorable al proyecto.

Según el alcalde, miembros del PSOE madrileño ya le han telefoneado para explicarle que los resquicios del decreto 08/2012 concede a Cordish la potestad de esquivar cualquier negociación con el Ayuntamiento de Torres de la Alameda.

Miembros del PSOE de Madrid han llamado al alcalde para explicarle el decreto 08/2012.

La concesión de la licencia sin pasar por el consistorio no es la único beneficio para Live! Resorts Madrid. Si hubiera conflicto entre los planes urbanísticos municipales y el megacomplejo en cuestión, el artículo 46 del decreto establece que «prevalece» el segundo; en otras palabras, el municipio deberá readaptar dicho plan a las necesidades del proyecto y no al revés.

Menos recaudación

«Los Proyectos de Alcance Regional de los Centros Integrados de Desarrollo prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico, que habrá de ser adaptado por la administración competente», señala claramente este apartado.

Otros puntos de la normativa atribuyen más competencias a la empresa que impulsa el proyecto mientras se las resta a las autoridades locales. Por ejemplo, antes del decreto de Ignacio González, el promotor de un megacomplejo debía ceder al municipio una cantidad que oscilaba entre el 10% y el 15% del «coeficiente de edificabilidad en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas». Pero con el 08/2012 este porcentaje cae hasta el 5%, perdiendo los ayuntamientos capacidad recaudadora.