El Gobierno garantiza que no va a dejar caer las pensiones, pero el precio a pagar puede ser alto, más aún dentro de un año que ahora. Tanto el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han barajado la posibilidad de sufragar parte de las prestaciones de los jubilados emitiendo deuda pública una vez se agote el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, algo que podría ocurrir en diciembre del año que viene. Se trata de una opción que ha cobrado vigor en las últimas horas puesto que no supondría un gran cambio en el sistema de financiación respecto al actual y podría aplicarse de forma temporal.

Sin embargo, ello implicaría de entrada incrementar las emisiones de deuda pública en un momento en el que el Gobierno está obligado a remar en contra para reducirla. Pero sobre todo, podría coincidir con una subida de los costes de financiación, aún más acusada si el BCE decide reducir las compras de deuda a partir del próximo verano, como descuentan diferentes firmas de inversión. Peor aún sería si la situación se prolonga hasta 2018, cuando está previsto que el BCE eleve los tipos de interés, tras seis años sin tocarlos. Estos cambios en la política monetaria dificultarían la financiación del Tesoro Público, según los expertos consultados por El Independiente.

Implicaría incrementar las emisiones de deuda y podría coincidir con una subida de tipos de interés por parte del BCE

El Fondo de Reserva ha dilapidado 20.000 millones de euros solo en 2016 en sucesivas disposiciones para pagar las ‘extras’ los pensionistas, como viene haciendo desde 2012, dada la situación de déficit de la Seguridad Social. Para ello, ha enajenado deuda pública española que ha ido adquiriendo en los últimos años con unos criterios de rentabilidad, pero también de prudencia bajo el principio de que con las pensiones no se juega. Actualmente, la llamada ‘hucha de las pensiones’ cuenta solo con 15.000 millones de euros disponibles en 2017, lo que, de mantenerse el ritmo actual de gasto, no llegaría para cubrir las disposiciones necesarias de todo el año.

Desde el Ministerio de Hacienda confían en que la mejora del empleo insufle ingresos por cotizaciones suficientes para cubrir estas necesidades sin recurrir a otro tipo de financiación. No obstante, el Plan Presupuestario 2017 avanza que el gasto en pensiones crecerá un 3% en 2017, frente a un avance del empleo del 2,4%, medio punto inferior al de 2016. En este contexto, el déficit de la Seguridad Social solo se reducirá en algo más de 2.000 millones, desde el 1,6% al 1,4% del PIB.

Los expertos consultados dan por hecho que de tomarse la decisión que se barrunta tendrían que aumentar en consecuencia las emisiones de deuda pública.  Lo que no está tan claro es si ello supondría un incremento de la ratio de deuda sobre el PIB, ya que éste último indicador podría crecer por encima del 2,5% previsto para 2017 y ello diluiría el peso de las nuevas emisiones.

En cualquier caso, esto supone un inconveniente en un momento en el que Bruselas vigila de cerca a España y exige una reducción progresiva de este saldo desde el actual 99,5% del PIB al 60% del PIB en 2020. Con ese objetivo, el Gobierno ha previsto que las emisiones netas se reduzcan este año desde los 45.000 millones presupuestados inicialmente, hasta los 35.000 millones, y estima que el año 2016 podría cerrar con una deuda del 99,4% del PIB, para descender hasta el 99% en 2017 y al 97,7% en 2018.

La cosa se complica si el BCE cambia la política monetaria

Mientras que los analistas coinciden en que las pensiones no se verán comprometidas en el caso de se que financien en parte con cargo a la deuda pública, alertan sin embargo de que el Tesoro deberá extremar las precauciones para mantener a raya el coste de esta deuda. Y es que si el gasto en intereses crece, aumentará el peso de la deuda sobre el PIB.

Según el director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), Raymond Torres, existen muchas posibilidades de que los tipos de interés repunten en 2017, sobre todo a finales de ese año. En primer lugar, los analistas descuentan un enfriamiento de la política expansiva del BCE en el tercer trimestre una vez pasen las elecciones del mes de septiembre en Alemania. Además, Torres cree que podría haber una subida de tipos adicional asociada a la respuesta de los mercados a las decisiones del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump. «El final del año 2017 puede ser complicado», añade.

En esta línea, el economista de la Universidad de Valencia, Cecilio Tamarit, que también ha sido consultor del Ministerio de Economía y de la Comisión Europea, señala que “con la política actual del BCE no hay mayor problema”, pero que “si cambia, y es posible que esto ocurra coincidiendo con el agotamiento del Fondo, sí que es posible que se planteen más problemas de financiación para el Tesoro”.

Los pensionistas estarían entonces más «expuestos» a los vaivenes de los mercados

Todo dependerá, no obstante, de si el Gobierno recurre a emisiones a corto o a largo plazo. Según indica en el Plan Presupuestario 2017 “los tipos de interés a corto plazo se mantendrán relativamente estables y en terreno negativo hasta 2018, previéndose en 2019 un ligero incremento”. Sin embargo, “los tipos a largo plazo aumentarán gradualmente durante este periodo, en consonancia con una posible normalización de la política monetaria del BCE”. Es decir, que cuánto más largos sean los plazos de vencimiento, más caro será emitir deuda.

De hecho, la rentabilidad del bono a 10 años pasará del 1,9% al 2,2% entre 2017 y 2018, de acuerdo con los supuestos empleados por el Gobierno para elaborar el Plan Presupuestario 2017,que ya prevé un menor ahorro por intereses de deuda en 2017 y 2018, –del 2,8% del PIB al 2,7% el próximo año–. Fuentes del Ministerio de Economía indican que estas previsiones no incluyen el previsible cambio en la política monetaria del BCE, pero son «prudentes».

Los pensionistas, expuestos a los vientos de los mercados

Por otro lado, el Gobierno sostiene que es lo mismo financiar parte de las pensiones emitiendo deuda que comprándola a través del Fondo de Reserva y vendiéndola después a cambio de liquidez, pero los expertos introducen matices.

La principal razón es que, de alguna forma, los pensionistas estarán entonces más «expuestos» a los vaivenes de los mercados, según Torres. El Fondo ha hecho de parapeto y ha supuesto una instancia intermedia entre los jubilados y el Tesoro Público. De esta forma, una necesidad concreta de financiación se costeaba con «una venta rápida de títulos adquiridos con anterioridad» por la ‘hucha’ de acuerdo con los criterios de prudencia. Sin embargo, el miembro de Funcas señala que ahora habrá que emitir nueva deuda a través del Tesoro, habrá que «exponerse directamente a los mercados», con menor capacidad de elección.