Desde hace años, la financiación de las comunidades autónomas corre en gran medida a cuenta del Estado. Y la situación va para largo.

Al menos así lo sugiere la agencia de calificación S&P. Según ésta, la mayor parte de las regiones españolas que cubre (nueve) contaría con un ráting considerado bono basura si no contara con el respaldo financiero del Gobierno.

A través de los distintos fondos de financiación autonómica puestos en marcha por el Gobierno central, las comunidades autónomas han recibido financiación por valor de 162.000 millones de euros, según los cálculos de la agencia. De éste modo, el Estado se ha convertido en acreedor principal de las regiones, al acaparar hasta un 55% de la deuda de éstas. “Esta proporción aumentará a lo largo de nuestro horizonte de proyección hasta 2018 porque esperamos que la mayoría de las regiones continúen financiando sus necesidades a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas”, resalta S&P en un informe titulado Por qué no igualamos nuestro ráting de las regiones españolas con estatus normal con el de su soberano.

La agencia justifica que, pese al notable soporte financiero del gobierno a las comunidades autónomas, que ha sido “fiable, oportuno y suficiente”, por debajo de éste subyacen notables desequilibrios en los balances financieros de las regiones que no pueden ser obviados.

“Pensamos que la capacidad interna de las regiones españolas para generar liquidez es en general baja o muy baja, en proporción con los déficits que aún registran, ocho años después del inicio de la crisis”, avisan los analistas de S&P.

Según este informe, dirigido por Inés Olóndriz y Alejandro Rodríguez Anglada, “en general, su ratio de cobertura de servicio de la deuda (la posición de caja más las líneas de crédito comprometidas sin utilizar sobre el servicio de la deuda de los siguientes doce meses) es menor del 80%, y para las regiones más débiles es menor que el 40%”. La excepción en este escenario la representa Canarias, que cuenta con “una extraordinaria posición de liquidez”, que le permite cubrir el servicio de la deuda de un año con su efectivo.

Diferencias regionales

De hecho, S&P reconoce que tanto Canarias como Galicia podrían contar con calificaciones superiores a las actuales (BBB+, en ambos casos) si no fuera porque la calificación del Estado actúa como tapón para sus respectivos ráting. Esta saludable posición contrasta con la de la mayoría de regiones. “Observamos amplias diferencias en los perfiles de crédito individual de las regiones de estatus normal”, confirman.

Por ejemplo, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos que cuentan con una peor calificación (B+ y BB, respectivamente) son destacadas por contar con una deuda tributaria claramente por encima del 300% de sus ingresos operativos consolidados, mientras que en el caso de Canarias esta ratio se reduce hasta el 120%.

Estas diferencias no pueden achacarse, según la agencia, de forma exclusiva a los desequilibrios del modelo de financiación autonómica. “El hecho de que el sistema de financiación regional no proporcione ingresos per cápita similares entre regiones sólo explica parcialmente los diferentes resultados presupuestarios”, apuntan. Frente a esto, en S&P defienden que “los diversos resultados presupuestarios también pueden atribuirse en gran medida al compromiso del liderazgo político de cada región con la consolidación fiscal ya la capacidad de sus equipos de gestión financiera para controlar los gastos”.

De hecho, la agencia otorga a Cataluña la única consideración de «muy débil» en lo referente a la gestión financiera. Su posición se complica, además, por un desempeño presupuestario también «muy débil» y una carga de la deuda muy elevada, entre otras cuestiones.

Sea como fuere, lo que resulta indudable es que, en un momento en que el Estado sigue presionado por la necesidad de reducir su apelación a la deuda, tendrá que seguir cargando en gran medida con las necesidades financieras de las comunidades autónomas si quiere evitar que éstas vean comprometida su capacidad para hacer frente a los pagos de sus deudas.

“En nuestro escenario base, suponemos que el gobierno central continuará proporcionando apoyo financiero a las regiones con estatus normal durante el tiempo que sea necesario”, apuntan en S&P donde prevén que los costes de la financiación que el Estado brinde a las comunidades en 2017 se mantenga subvencionado, en línea con los de las mismas referencias del Tesoro español.

En cualquier caso, y más allá del valioso respaldo del Gobierno central, en S&P sugieren que la cobertura que ofrece el FFCA no puede considerarse una garantía soberana total sobre la deuda regional. “Las regiones son en última instancia responsables de pagar su deuda. Cómo manejan sus finanzas sigue siendo clave en la evaluación de su solvencia”, avisan.