La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe demoledor. Por mucho que mejore el mercado laboral, aunque se alcance el pleno empleo y se deje de hablar del trabajo precario, las pensiones públicas cada vez serán menores respecto a los salarios. El rápido envejecimiento de la población le ganará la carrera al trabajo y al pensionista del mañana le tocará ser más pobre. Solo se podrá actuar desde la política para decidir en qué medida.

El profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruíz, se muestra así de rotundo en un informe titulado “Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones”.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española se hace mayor. En las próximas cuatro décadas habrá 7,1 millones menos de personas entre 16 y 66 años de edad y al mismo tiempo 6,8 millones más de personas mayores de 67 años. Eso implica mucho más gasto social.

Concretamente, el informe estima que el peso del gasto destinado a los pensionistas en relación con el PIB se duplicará hasta 2050 por el efecto de este envejecimiento. Sin embargo, por el lado de los ingresos, contando con que España lograra alcanzar el pleno empleo –la tasa de paro aún se sitúa en el 18,9%–, esa misma ratio se amortiguaría en un 16,5%.

Así pues, alcanzar el pleno empleo tan solo serviría para compensar aproximadamente una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico.

La explicación es muy sencilla. La población en edad de trabajar (entre los 16 y los 66 años) es hoy de 31,2 millones de personas, pero por efecto de la longevidad y por las bajas tasas de natalidad, se reducirá a los 24,1 millones en 2050 (26 millones si se estima que para entonces la edad legal de jubilación se situará en los 70 años).

Por ello, contando con una tasa de empleo del 73%, el número de cotizantes se situaría entre los 17,6 millones y los 18,9 millones de personas, aproximadamente los mismos que en la actualidad. Pero con muchos más pensionistas que atender.

Como explica Conde-Ruiz, “el proceso de envejecimiento es tan intenso que a pesar de alcanzar el pleno empleo, en unas décadas tendremos prácticamente un trabajador por cada jubilado”.

Desmontando las posibles soluciones

¿Hay alguna forma de conjurar esta pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas? Según el economista, poco se puede hacer para evitarlo. La mejor opción es asumir que este proceso se producirá y, en todo caso, buscar fórmulas para amortiguarlo.

En este sentido, Fedea no cree que las posibles soluciones que se barajan entre la clase política y los agentes sociales sean acertadas incluso partiendo de un escenario de pleno empleo. Por un lado, ve improbables que se produzcan aumentos importantes de la tasa de fecundidad o una llegada masiva de inmigrantes, que rejuvenezcan la población.

En el caso de un incremento generalizado de los salarios, señala que deben crecer a la par que la productividad para que el empresario no frene la contratación y se ralenticen al mismo tiempo los ingresos por cotizaciones. Sin embargo, en ese escenario de crecimientos en paralelo de productividad y sueldos, si el tipo efectivo de cotización permanece constante, los ingresos sobre el PIB tampoco varían.

En cuanto al efecto de la reforma de pensiones de 2011, la fundación calcula que supondrá una rebaja del gasto en pensiones en 2050 de 3,2 puntos de PIB, mientras que la de 2013 reducirá las prestaciones de los jubilados un 5% cada 10 años.

Esto quiere decir que los pensionistas que se jubilen en 2050 tendrán una pensión que será aproximadamente un 15% inferior a la de los que se jubilen hoy con el mismo historial laboral.

Por el lado de las cotizaciones sociales, las cuentas tampoco acaban de salir. Para recaudar menos de 10 puntos del PIB por esta vía es necesario incrementar el tipo efectivo de cotización en más de 15 puntos, según los cálculos de Fedea, lo que, en su opinión, implicaría otra vez “un aumento en costes laborales realmente incompatible con el escenario de pleno empleo”.

Finalmente, sobre la posibilidad de recurrir a los impuestos para pagar las pensiones, el informe apunta que sería necesario recurrir a aquellos tributos con bases amplias, como el IRPF o el IVA, pero que esto supondría una ruptura de la contributividad del sistema. Además, se trata de impuestos que también pagan los pensionistas, con lo que supondría un efecto ‘bumerang’ en sus niveles de pobreza.