La conflictividad en España va en aumento, según los datos del Ministerio de Empleo (hasta octubre de 2016) y de la patronal CEOE (hasta diciembre). Y el arranque de 2017 apunta a que el número de huelgas seguirá en ascenso: a los paros convocados por los más de 6.000 estibadores repartidos por varios puertos del país por la liberalización del sector, ahora se les suman otros 3.000 auxiliares subcontratados por Renfe, encargados de efectuar los servicios de tierra y servicios a bordo de los trenes.

Solo estos dos sectores suman 10.000 trabajadores convocados a la huelga, más del doble de los que pararon en algún momento de diciembre pasado (4.159) en España según datos de CEOE. Si bien es verdad que no todos secundarán la convocatoria, el número de afectados da cuenta del cada vez mayor desafío sindical en un contexto político relativamente calmado por el entendimiento entre PP y PSOE, con números récord de creación de empleo.

Ferrovial dice que los antiguos empleados del catering ganan mucho y los nuevos poco

El conflicto ferroviario afecta principalmente a la filial de Ferrovial, Ferroser, adjudicataria en exclusiva desde 2013 de los servicios a bordo (1.900 trabajadores) y de la mitad de la plantilla de los servicios en tierra (900 en total), concesión que comparte con otras contratas.

Los primeros son los encargados de la restauración del tren, los que pasan con el carrito de la comida y la bebida y los que atienden en la cafetería. En 2013, Renfe decidió eliminar el servicio de comidas a los usuarios de Preferente en los trenes de Larga Distancia exceptuando los AVE. Y adjudicó a Ferroser el concurso por 20 millones de euros menos. El servicio lo dio Cremonini previamente y antes la firma Wagonlit.

Una abrumadora mayoría de trabajadores de servicios a bordo y de tierra son mujeres mileuristas

Según Ferrovial, el problema radica en los trabajadores con más antigüedad, aproximadamente un 35% de la plantilla, porque “trabajan menos horas que los más nuevos y cobran más”, en palabras de un portavoz. De acuerdo con datos de la compañía, éste núcleo de “privilegiados”, unos 750 trabajadores, cobra 1.800 euros al mes frente a la media de 1.000 euros de los menos antiguos. Por eso la empresa reclama un ERE temporal y una reducción salarial a los que entren en el expediente de regulación, a la sazón los de más antigüedad.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CGT, USO) rechazan de plano esta medida para una plantilla donde el 90% tiene menos de 40 años y el 70% son mujeres. “Estamos muy alejados”, dicen fuentes sindicales. “Todas las propuestas que hemos recibido de la empresa han sido trasladadas a la plantilla y sistemáticamente rechazadas”. El próximo 24 de febrero el bar de los trenes puede hallarse sin personal, ya que es la fecha de la convocatoria de huelga.

División sindical en tierra

La situación laboral de los 900 trabajadores de servicios en tierra -venta de billetes, controles de la alta velocidad, ayuda a clientes discapacitados y ancianos, acompañamiento de menores sin adulto a cargo- es distinta pero no menos crispada. Este servicio lo presta Ferrovial (50% de la concesión) junto con otras firmas: Ilunion, Interserve, Acciona, Eulen, Saba, Empark, Avanza y Best Control. Y es todavía más precario: la media salarial que reconoce la empresa es de 1.200 euros. Las centrales rebajan la cuantía salarial media a mil euros mensuales.

Control de accesos del AVE, en Atocha.

Control de accesos del AVE, en Atocha. FERROVIAL

Aquí la plantilla también es abrumadoramente femenina (más del 70%) y todavía más joven (80% tiene menos de 30 años). “En las salas y en los controles los trabajadores han de manejar al menos un idioma”, añaden en CCOO. El origen del conflicto está en la subida salarial que plantean las concesionarias: congelación salarial hasta 2016, un 1,4% para 2017 y un 1,5% en 2018 “y el compromiso de revisar al alza este aumento en función de los resultados”. Sin embargo, los sindicatos se presentan divididos y CCOO se ha lanzado a la huelga en solitario mientras que UGT -mayoritaria en el comité- ha decidido firmar con las empresas.

Los estibadores avivan el fuego

Según Empleo, los trabajadores involucrados en paros parciales o totales en su puesto de enero a octubre de 2016 fueron un 20% más que en el mismo periodo de 2015. Y 2017 ha empezado fuerte con los estibadores y la intención del Gobierno de liberalizar el sector después de más de dos años de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE lo impusiera: un conflicto que en estos momentos se encuentra en un callejón sin salida, con desencuentro total entre el Ministerio de Fomento y los sindicatos, echados al monte. Aunque esta semana se retomarán las reuniones.

Según Empleo y CEOE, la conflictividad en 2016 no dejó de escalar

Fomento alega que la media salarial de los estibadores es de 60.000 euros al año y que lleva más de 20 millones de euros abonados en multas por incumplir la sentencia de la Corte comunitaria. El comité de empresa rechaza la apertura del sector y advierte de una reducción salarial masiva al entrar en juego la competencia privada. La plantilla de más de 6.000 trabajadores está en pie de guerra: hay convocadas huelgas los días 20, 22 y 24 de febrero en los muelles afectados. La relativa calma chicha en el ámbito laboral español -una paz social que ha coincidido más o menos con los primeros años de vida de Podemos- puede estar en entredicho en los próximos días.