El Banco de España tendrá que pagar la defensa jurídica de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España en el momento de la salida a bolsa de Bankia. También la del resto de imputados de la cúpula del organismo supervisor, después de que ayer la Audiencia Nacional ordenase al juez que instruye la causa, Fernando Andreu, que les cite a declarar como investigados, por no evitar la salida a bolsa de la entidad, a pesar de conocer sus problemas financieros.

Así, además de la defensa de Ordóñez, el Banco de España deberá costear la defensa de otros cinco miembros del área de Supervisión, de los que tres seguían en activo y serán cesados hoy de su cargo, tras presentar el lunes su renuncia. Se trata de Mariano Herrera García-Canturri, hasta ahora director general de Supervisión; Pedro Comín, que ocupa el cargo de director general adjunto de Supervisión; y Pedro González, responsable de uno de los equipos actuales de inspección del centro.

El reglamente interno del Banco de España y de la CNMV recogen la defensa de sus miembros

También ha sido imputado Javier Aríztegui, ex subgobernador del Banco de España en el momento de la operación y actualmente parte del Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), y Jerónimo Martínez Tello, ex director de Supervisión, recientemente jubilado.

El proceso judicial, que se prevé largo y costoso, correrá a cargo de la institución, tal como consta en el reglamento interno del Banco de España. Para la defensa, recurrirá a bufetes privados especializados en Derecho Penal.

El artículo 26 del mismo, referente a la defensa jurídica, señala que “el Banco de España asumirá la dirección jurídica y defensa, asesoramiento y consejo jurídico de sus empleados y miembros de sus órganos rectores y de dirección en los casos a que se refiere el artículo anterior, incluso cuando la relación laboral o vínculo del interesado con el Banco de España haya cesado en el momento de la iniciación de la reclamación o procedimiento. Se exceptúa el caso en el que el Banco de España actuare como parte reclamante o acusadora por acuerdo del Consejo de Gobierno”.

El mismo artículo puntualiza que “será de aplicación a los causahabientes de los afectados por reclamaciones de terceros en los casos en que aquéllas les hayan sido trasladadas”.

Fernando Restoy, ex número dos del Banco de España, también ha sido imputado por su responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, por entonces, Restoy no formaba parte del regulador financiero, sino que ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responsabilidad que desempeñó entre 2008 y 2012.

En cualquier caso, la defensa de Restoy también estaría cubierta por los organismos reguladores públicos, dado que el reglamento interno de la CNMV establece igualmente la obligación de hacerse cargo de los gastos de la defensa de sus miembros.

De acuerdo con dicho reglamento, el regulador de los mercados “garantizará la defensa y asesoramiento jurídico gratuitos de sus autoridades y personal por las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, y habilitará los fondos precisos para la constitución de las fianzas y garantías que procesalmente pudieran exigirse, incluso cuando la relación laboral o vínculo del interesado con la CNMV haya cesado en el momento de la iniciación de la reclamación o procedimiento”.

Del mismo modo que en el reglamento del Banco de España, “se exceptúan de lo anteriormente dispuesto aquellos casos en los que la CNMV actuare como parte reclamante o acusadora por acuerdo expreso de su Consejo”.

De esta protección jurídica también podrá beneficiarse Julio Segura, que ocupó el cargo de presidente de la CNMV entre 2007 y 2012 y, por lo tanto, era la máxima autoridad de la institución cuando se concretó la salida a bolsa de Bankia en el verano de 2011.