El giro que ha dado hoy el caso Bankia puede acabar teniendo consecuencias directas en el actual equipo del Banco de España.  La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor de la causa, Fernando Andreu, que cite a declarar como investigados a la anterior cúpula del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador, y Fernando Restoy, ex número dos de la institución) y otros cinco miembros del área de Supervisión de la institución por no evitar la salida a bolsa de Bankia, en 2011, a pesar de conocer los problemas financieros de la entidad.

Tres de los nuevos imputados siguen trabajando en el Banco de España. Mariano Herrera García-Canturri es el director general de Supervisión; Pedro Comín ocupa el cargo de director general adjunto de Supervisión; y Pedro González es el responsable de uno de los equipos actuales de inspección del centro.

Los tres empleados en activo han presentado al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, su dimisión, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de la situación. La actual cúpula de la institución aún no ha adoptado una decisión sobre si aceptará la renuncia. Los directivos buscarían con su dimisión evitar el daño reputacional y de confianza que podría acarrear que sigan desarrollando sus tareas de supervisión a otras entidades financieras estando imputados.

El Banco de España ha confirmado en un comunicado la presentación de las tres renuncias y que la Comisión Ejecutiva de la institución las estudiará mañana.

Tres imputados en el Banco de España

Los tres ejecutivos que ahora plantean su renuncia tenían vinculación directa en la supervisión de la salida a bolsa de Bankia en 2011. Pedro Comín era el jefe del Banco de España al que iban directamente dirigidos los correos eléctricos en los que los inspectores advertían de las consecuencias de sacar a bolsa la entidad. Entonces era el coordinador del Departamento de Inspección I, encargado de la supervisión de la salida a bolsa de la entidad. En 2012 asumió el cargo de director ejecutivo del FROB, pero en 2014 regresó al Banco de España como director general adjunto de Supervisión.

Por su parte, Mariano Herrera García-Cantauri también era coordinador ejecutivo del departamento de inspección asignado a la supervisión de Bankia. Posteriormente, fue trasladado en 2011 al FROB como director general, pero un año después se reincorporó a su anterior cargo en el Banco de España. Desde 2014 es el director general de Supervisión del Banco de España.

Pedro González era director del Departamento de Inspección I cuando se produjo la colocación en bolsa de la entidad hoy nacionalizada, y firmó junto a Comín el estudio final que instó a la cúpula de Bankia a dar luz verde a la operación. Actualmente está al frente del Departamento de Inspección IV del Banco de España.

La Audiencia corrige a Andreu

Con el auto hecho público hoy, la Sala de lo Penal de la Audiencia corrige al juez instructor y admite parcialmente el recurso presentado por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra la decisión de Andreu de dejar fuera de la lista de imputados a las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (el ex presidente de la CNMV Julio Segura también tendrá que declarar como investigado).

Tanto Banco de España como CNMV tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa. Y ahora la Audiencia Nacional pone en duda su actuación, permitiendo la colocación en bolsa de un 55% del capital de la entidad a pesar de las insistentes advertencias de los técnicos en contra de la operación. Bankia acabó siendo rescatada y hoy está bajo el control del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

El auto considera procedente la petición de CIC de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa y que, según aquellos, la autorizaron “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.

Los ‘emails’ que señalan a la cúpula

La Sala analiza la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y califica de “razonable” y “razonada” la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.

Antes de la salida a bolsa de Bankia, la cúpula del Banco de España recibió múltiples advertencias por parte de sus inspectores sobre los riesgos que la colocación en el mercado de la entidad implicaba para el contribuyente. A través de varios correos electrónicos, la inspección ponía en duda la solvencia del grupo, la idoneidad de la opción de sacarlo a bolsa (en lugar de vendérselo a un grupo extranjero” y la capacidad y la “honradez” de sus gestores -liderados por Rodrigo Rato- para sacarlo adelante.

Bankia se estrenó en el parqué el 20 de julio, después de que el Estado sacara a la venta el 55% de las acciones. El 45% restante quedó en manos de la sociedad matriz, BFA. Precisamente, lo que cuestionaron los inspectores en sus correos –remitidos entre abril y mayo- fue la manera en la que se llevó a cabo la segregación.

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus planteó a sus superiores que la entidad se vendiera en el mercado como un solo grupo. En concreto, los correos iban dirigidos precisamente al actual director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín. La fórmula elegida –la segregación de Bankia y la permanencia de los activos problemáticos en BFA- suponía, a su juicio, “el primer paso para la nacionalización de las pérdidas”. Algo “injusto”, en su opinión, ya que amenazaba con provocar daños irreparables a los contribuyentes.

Según Casaus, la opción que se proponía para sacar a Bolsa -y que finalmente saldría adelante- no era más que una “bombona de oxigeno”. El inspector recomendaba como solución más propicia promover la absorción de un banco, “preferiblemente extranjero”. “Dije que no lo diría más… ¿o sí? Pero lo digo: este grupo NO ES VIABLE”, señalaba el inspector. “Se acabará malvendiendo el banco cotizado por un lado, y el FROB tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado, por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente”.