Los magistrados españoles se rebelan poco a poco, provincia a provincia, contra la propuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de especializar los Juzgados de Primera Instancia de cada provincia en cláusulas suelo para agilizar los litigios y no colapsar los tribunales. Numerosas Juntas de Jueces de Primera Instancia de varias capitales provinciales se han posicionado en contra en los últimos días vía votaciones internas. Que este medio tenga noticia, las juntas de Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Soria, Castellón, Granada o Valladolid se oponen, pero podría haber más casos porque los rechazos se producen en cascada.

El enfrentamiento entre el CGPJ y los jueces de Primera Instancia es creciente porque el primero sigue en sus trece de defender el plan de urgencia que contiene la especialización, con más medios. Pero la rebelión judicial cada día gana más adeptos: además de las juntas de primera instancia, colectivos como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, expresaba el pasado 17 de febrero su “preocupación por la existencia de miles de asuntos, cuya resolución sin dilaciones exige la creación de las unidades judiciales necesarias para asumir ese trabajo, sin que resulte adecuada la asignación de estos asuntos a un Juzgado ya existente”. La APM aprovechó el comunicado para exigir “la urgente convocatoria de oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial”.

Reniegan magistrados conservadores y progresistas, avisando del “colapso”

No solo reniegan de la fórmula del CGPJ jueces conservadores. “Hasta ahora estas competencias recaían en jueces de lo mercantil. Al abrirse luego a la Primera Instancia los procesos se agilizaron, si bien la disparidad de criterios fue norma, sobre todo hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, evoca un juez progresista desde el anonimato. “Pero si se crean juzgados especializados con un puñado de jueces resolviendo miles de casos sobre cláusulas suelo, lo que tendremos será un monstruo incapaz”, agrega el magistrado. “Sobre todo en las grandes ciudades”.

“Sería absolutamente inasumible visto el elevado número de demandas cuya competencia le vendría atribuida”, proclama la junta de jueces de Granada. Más lejos ha ido la junta de Málaga, la cual ha proclamado que la implantación de la propuesta “tendría un único y exclusivo beneficiario: las entidades bancarias que introdujeron en perjuicio de miles de ciudadanos y de forma abusiva”.

El CGPJ no cede y ha sacado un comunicado que ha causado estupor en los jueces

El encono entre ambas autoridades judiciales llegó la tarde de este martes 21 de febrero a su paroxismo: mientras varias juntas de jueces provinciales todavía rechazaban por la mañana el plan del Consejo General, por la tarde el CGPJ enviaba un comunicado de prensa asegurando que los juzgados especializados tendrán “distintos niveles de refuerzo en función de la entrada de asuntos en cada órgano judicial”. Una huida hacia delante. La nota de esta institución se enviaba tras la reunión mantenida por los vocales con los jueces decanos -portavoces de las mismas juntas que impugnan la medida- en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Varios magistrados recibieron con estupor el comunicado del CGPJ. Uno de ellos afirmaba a última hora de la tarde del martes que el Consejo “no tiene la capacidad de obligar a los Juzgados de Primera Instancia”. Las tiranteces son evidentes.

Decenas de juzgados provinciales han votado contra el plan de urgencia

La nota del CGPJ recalca asimismo que “en aquellos lugares donde la carga de trabajo sea más elevada” se trasladarán al juzgado en cuestión tantas unidades JAT [Juzgado de Adscripción Territorial] y tantos funcionarios como sean necesarios”.

Tampoco los abogados especializados en derechos del consumidor parecen muy favorables al plan de urgencia. Lucía Ruiz, del bufete murciano Serrano Alcázar, advierte del “precedente que se crearía con la especialización de juzgados, que no casa demasiado con el espíritu de la ley”. “¿Dónde estaría el límite, qué motivo merece un juzgado especializado y cuál no?”, se pregunta Ruiz. “¿Qué pasa con quienes quieran acumular pretensiones y reclamar los gastos de formalización y otras cláusulas como vencimiento anticipado?”.