El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 24 de febrero el Real Decreto Ley que reforma el sector de la estiba portuaria el cual afecta a los estibadores, esto es, el colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos, según ha informado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Un colectivo que mantiene un conflicto laboral arduo con el Gobierno en el último mes y medio.

El objetivo de la reforma es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, la cual contraviene según la Comisión Europea. Según el Gobierno, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España. Los sindicatos de estibadores rechazan la medida y mantienen la huelga, que se prolongará durante tres semanas en días alternos a partir del próximo 6 de marzo.

En definitiva, el Ministerio de Fomento, cuyo titular Íñigo de la Serna ha comparecido junto al portavoz Méndez de Vigo, aprueba finalmente esta reforma sin que por el momento exista un acuerdo entre patronal y sindicatos. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto de la reforma pasa ahora al Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de un mes para buscar apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para que sea validado.

La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.

Tres años para liberalizar el sector

El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy aprueba el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep. Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los las instalaciones portuarias.

El titular de Fomento ha subrayado que hay «correspondencia plena» en este asunto con el PSOE. «Estoy convencido que cualquiera de los grupos políticos habría hecho lo que hemos hecho, abrir un diálogo y evitar el daño al conjunto de los españoles», ha destacado De la Serna, apelando a entrar en la mesa de la negociación colectiva. «Espero que no entremos en un bucle sin fin», ha recordado, añadiendo que España debe 134 millones de euros a Bruselas en concepto de multas.