Las grandes fortunas españolas se apresuran a liquidar sus sicav para proteger su patrimonio ante un posible cambio fiscal. Sólo en el mes de enero, han desaparecido 65 sociedades (probablemente más, ya que la cifra es el resultado neto de las constituciones y liquidación), cuando en el conjunto de 2016 desaparecieron 175, según datos de las propias entidades gestoras de sicav facilitados a Inverco.

Al cierre de enero, había en España 3.164 sociedades que administran un total de 32.552 millones de euros. Santander, la entidad líder en gestión de sicav (481 con un volumen conjunto de 4.738 millones), cerro seis sociedades en el primer mes del año, mientras que Bankinter (controla 435 con un patrimonio de 2.787 millones) ha extinguido 16.

Actualmente tributan al 1% y corren el riesgo de que se les aplique el impuesto de sociedades del 25%

En agosto, Bankinter llevó a cabo el movimiento más llamativo hasta ahora, al integrar 68 sicav con un patrimonio superior a los 300 millones, equivalente al 15% de su negocio.

Ambas entidades están integrando las sociedades que gestionan en sus fondos de inversión, como una manera de evitar que si se endurece el régimen fiscal, como parece probable en los próximos meses, no se vean afectadas. Del mismo modo, evitan que las plusvalías de la sicav tengan que declararse.

Muchas sicav desaparecen al integrarse en fondos y difieren tributar por las eventuales plusvalías

En 2016, al menos una veintena de gestoras integró este tipo de sociedades en sus fondos. Apoyándose en el régimen especial de fusiones, mantienen el diferimiento de las eventuales plusvalías que acumulen en la sociedad.

Sin embargo, se han publicado numerosas consultas de la Dirección General de Tributos (DGT) sobre las implicaciones de que los fondos de inversión absorban sicavs y no se descarta que Hacienda ponga el foco en esta práctica. Las ventajas económicas han de justificar la operación descartando que el principal motivo de la operación sea fiscal.

Lucha contra el fraude

El pasado 25 de octubre, en el marco de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, se aprobó una Proposición no de Ley que insta al nuevo Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude y el delito fiscal mediante la adopción de medidas relativas al régimen jurídico y fiscal de las sicav.

La propuesta persigue “devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las sicav para que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1%, sino al tipo general del Impuesto de Sociedades” del 25%.

La otra medida consiste en “promover la apertura de las sicav para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las Sicav para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, solo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%”.

El sector de la banca privada considera “populista” el nuevo régimen fiscal. Y, mientras algunas firmas se han movilizado para evitar el posible impacto, otras están a la espera, descontando que, si finalmente cambia el régimen de las sicav, se regule un periodo de adaptación.

Fiscalidad, en el punto de mira

Uno de los principales atractivos de una Sicav es que permite diferir el pago de impuestos hasta que el invesor decide reembolsar el capital.  Está sujeto a la misma fiscalidad que el resto de los productos de ahorro (fondos de inversión, depósitos, seguros, acciones, deuda pública), ya que no tributa hasta el momento en que se reembolsan o cuando reciban los dividendos o intereses.

Si la ganancia que logra el inversor es inferior a los 6.000 euros, la retención es del 19%. Si es superior a este importe, se tributa al 21% y, a partir de 50.000 euros, el pago al Fisco alcanza el 23% de la plusvalía.

Por tanto, las Sicav tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, pero adicionalmente sus accionistas tributan al 19%, 21% ó 23% en el IRPF, cuando venden sus acciones. Este argumento es el que esgrime Inverco, la asociación de instituciones de inversión colectiva, para defender que «no sólo no tienen fiscalidad privilegiada, sino una doble imposición: el 1%, más el 19-21-23% en IRPF ”.