Tienen miedo a que el teléfono no vuelva a sonar. No ha dejado de hacerlo en los últimos cuatro años. Por eso prefieren guardar silencio. Ni nombres, ni declaraciones. Cada llamada es una oportunidad para trabajar, una opción para firmar un nuevo contrato, quizá de meses, quizá de semanas o incluso de tan sólo unos pocos días, pero trabajo al fin y al cabo. Hace tiempo que ambas peinan canas pero las dos auxiliares de Enfermería del Servicio Vasco de Salud que esta semana han acaparado un protagonismo que no deseaban tienen que seguir pendientes del celular. A la primera de ellas desde 2013 le ha sonado nada menos que en 215 ocasiones. Al otro lado del auricular, la sanidad pública ofreciéndole trabajar. A sus 53 años acumula una colección laboral difícil de superar; 215 contratos… y 215 finiquitos sin derecho a indemnización. Para ella la esperanza en un contrato fijo hace tiempo que se diluyó.

No es la única. Su compañera en la sanidad guipuzcoana no le va a la zaga, ni en desesperanza. Tampoco en rúbricas laborales: en los últimos cuatro años: 197 contratos, con sus 197 finiquitos también sin derecho a indemnización. Una vida pendiente de las sustituciones, bajas y vacaciones de los demás y que sólo durante el verano, periodo en el que sus contratos son algo más prolongados, permiten cierta relajación y sensación de estabilidad.  Y lo peor es que ya le han advertido que a sus 60 años lo más probable es que tenga que seguir estando pendiente del teléfono, sumando minijobs a su colección hasta que le llegue la hora de la jubilación.

A sus 60 años, y tras sumar 215 contratos en cuatro años, le han advertido que seguirá sumando contratos hasta jubilarse

Hasta ahora el récord conocido en la sanidad pública de Euskadi estaba fijado en 141 contratos en cuatro años, pero estos dos casos lo han rebasado con creces y no se descarta que a medio plazo vuelva a aflorar una nueva plusmarca. La concatenación de contratos temporales en la sanidad es una práctica muy extendida y en el caso de la vasca sin visos de que pueda reconducirse a corto plazo. De los cerca de 35.000 empleados que a diario trabajan en la red pública, nada menos que 14.000 lo hacen con un contrato temporal sin derecho a indemnización.

170 millones en indemnizaciones

Un pequeño ejército de trabajadores obligados a enlazar un contrato con otro se ha empezado a mover y podría convertirse en una verdadera amenaza para las arcas públicas. Al igual que en otras Administraciones, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de septiembre que obliga a equiparar la indemnización de los trabajadores temporales y los fijos y a establecer un mínimo de 20 días por año trabajado ha comenzado a ser un verdadero quebradero de cabeza y ha obligado a alimentar fondos de previsión.

En el País Vasco más de 500 trabajadores de la sanidad pública han reclamado ya que se les indemnice en las mismas condiciones que las de los trabajadores indefinidos. La petición ha sido rechazada en primera instancia por la Consejería de Salud y todo apunta a que culminará ante los tribunales ordinarios. La Justicia ya se ha pronunciado de modo favorable en casos anteriores y todo apunta a que la factura que deba abonar la consejería vasca sea más que abultada. Según el sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, si el conjunto de trabajadores temporales de la red sanitaria pública reclamara ser indemnizado el coste rondaría los 170 millones de euros.

En la sanidad pública vasca 500 temporales han reclamado la indemnización de un fijo

El caso de las dos auxiliares de enfermería que superan los 200 contratos en cuatro años, -a razón de un contrato por semana-, podrían no ser el único. Se estima que de las 500 reclamaciones presentadas, y que aumentan día tras día, la inmensa mayoría son profesionales de la sanidad que han tenido cerca de cien contratos en los últimos cuatro años. Trabajadores que una vez finalizados sus trabajos no perciben ningún tipo de indemnización y que ahora quieren que les sea reconocida en los tribunales. Cada uno de ellos podría percibir, si prosperan sus reclamaciones, entre 5.000 y 6.000 euros de media, lo que sólo en esta remesa de demandas podría rondar entre los 2,5 y 3 millones de euros.

Desde el sindicato de Enfermería Satse, recuerdan que la precariedad en su profesión se ha disparado. El portavoz del sindicato en el País Vasco, José Antonio De Léniz, señala que lo habitual para un profesional de la Enfermería es comenzar su carrera profesional “con 40 o 50 contratos cada año”. Sólo el paso del tiempo, la mayor experiencia, les permite mejorar su posición en la bolsa de empleo y reducir la temporalidad. Denuncia que tras la sentencia de la Justicia europea desde Osakidetza se han intentado rebajar las posibilidades de reclamaciones “enlazando un contrato con otro y confiados en que eso les haga desistir”. Sin embargo, por el momento Satse tramita ya cerca de 200 reclamaciones y prevé que la cifra aumente si los tribunales empiezan a reconocer el derecho a indemnización, “no es descartable que lleguemos a las 3.000 o 4.000”. Por el momento tan sólo han recibido un compromiso de la consejería de Salud de reducir la eventualidad, que afecta a cuatro de cada diez trabajadores sanitarios, “a la fuerza ahorcan”, asegura De Léniz.

Y esto no ha hecho más que empezar. En otros ámbitos como la enseñanza las reclamaciones se cuentan también por cientos. A ello se suma las que se empiezan a tramitar desde otros organismos públicos como los ayuntamientos y las diputaciones forales. La batalla judicial no se espera que culmine hasta dentro de un año. Y si, como en precedentes anteriores, los tribunales amparan a los trabajadores y obligan al pago por parte de la administración a una indemnización, a razón de 20 días por año trabajado, la avalancha de peticiones no tardará en llegar.

La corriente en favor de este tipo de reclamaciones comenzó en el País Vasco en octubre, cuando la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que preside la abogada Garbiñe Biurrun, falló a favor de una investigadora, trabajadora temporal, que reclamó ser indemnizada con 20 días y no con los 12 días que le pagó la empresa al despedirla. La decisión supuso la aplicación por primera vez en España del criterio de no discriminación laboral dictado por la Justicia europea y que obliga a equiparar las condiciones de trabajadores fijos y temporales. A este caso pronto se le sumó el de otra trabajadora interina, sin derecho a indemnización, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también respaldó en su demanda para ser equiparada en la indemnización respecto a los empleados fijos.

En ambos casos se trasladó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de septiembre en la que dictaminaba que una ex trabajadora interina del Ministerio de Defensa tenía derecho a recibir una indemnización equiparable a la de un empleado indefinido, de 20 días por año en caso de despido objetivo.

3,7 millones de trabajadores temporales

De esta forma, se abre la puerta a que los 3,7 millones de trabajadores interinos que había en España en el segundo trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), puedan cobrar esta compensación.

Biurrun, la magistrada guipuzcoana que preside la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no dudó poco después en instar a todos los trabajadores temporales a reclamar ante los tribunales “sus derechos” para que, si han sido despedidos sin indemnización la perciban y si lo han hecho en peores condiciones que los trabajadores fijos ésta les sea equiparada a los trabajadores fijos. Incluso animó a los empresarios a tenerlo en cuenta y valorarlo a la hora de optar por las contrataciones temporales en lugar de las indefinidas. El plazo para formalizar este tipo de reclamación es de un año.

La situación es tan preocupante que el Ministerio de Empleo ha constituido un grupo de expertos para abordarla. Por el momento, los avances son limitados y no van más allá de coincidir en la necesidad de limitar el recurso de la contratación indefinida, oponerse al contrato único como solución y establecer una indemnización mínima de al menos 12 días por año trabajado.