Un tenso Consejo de Administración de Calle 30 -la sociedad mixta que gestiona la M-30, la autopista que circunda Madrid- ha tenido lugar este miércoles 10 de mayo y se ha saldado con la decisión del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena de multar con «algo menos» de un millón de euros a Emesa, la empresa concesionaria formada por ACS (Dragados), Ferrovial y API Conservación, de acuerdo con el relato de varias fuentes. La sanción deriva de tres de los seis expedientes abiertos en noviembre que según la Corporación de Ahora Madrid las empresas han incumplido sistemáticamente

Según estas mismas fuentes, los incumplimientos en la M-30 se habrían producido en tres capítulos: la falta de mantenimiento de los túneles del bypass; la falta de mejoría de la red de comunicaciones para el sistema de gestión del tráfico; y por último, la no instalación del wifi en túneles y cuartos técnicos, un sistema que, según expresó el ayuntamiento en el Consejo, aportaría «mejoras de seguridad a los empleados de mantenimiento de la infraestructura al permitir la comunicación con el centro de control en puntos donde la señal telefónica ordinaria es deficiente».

El Ayuntamiento de Madrid ha sancionado con un millón de euros a Emesa

Los otros tres expedientes están todavía pendientes de resolución, según ha sabido este diario. De acuerdo con varias de las versiones recabadas, hubo episodios de tensión verbal (otras fuentes lo niegan). El concejal de Economía Carlos Sánchez Mato fue el que asistió en nombre del Ayuntamiento de Madrid al consejo tras un día intenso en el que previamente había realizado declaraciones a los medios por la imputación de su antecesora y actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por el Caso Mercamadrid.

La resolución de expedientes había sido enviada el lunes a los miembros del Consejo de Calle 30, es decir, dos días antes. Siempre según las versiones recabadas, los representantes de las firmas que componen Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30 SA) expresaron su indignación durante el transcurso de la reunión: señalaron a Sánchez Mato que el lugar para resolver esos litigios no era el consejo, sino que le correspondía resolver al Consistorio madrileño y no a la sociedad mixta. La participación del Ayuntamiento de Madrid en la sociedad de la M-30 es del 80% y el resto corresponde a la parte privada.

La Corporación de Ahora Madrid acusa a las empresas de incumplir tres expedientes

Algunos asistentes indicaron que no tenía «sentido discutir ese tema en el consejo», sino en la mesa paritaria de la M-30 (una especie de cónclave técnico formado por Emesa y Calle 30). «Es un lugar de toma de decisiones políticas», alegaron. «La discusión del contrato, de los pliegos y de los modificados no nos compete».

Sánchez Mato defendió que sí era acertado discutir las penalizaciones en Calle 30 dado que la sociedad no sólo se ocupa de la explotación de la única autopista española que circula totalmente dentro de los límites de una ciudad (32,5 kilómetros), sino también del mantenimiento y gestión de la misma.

La M-30 es un objeto permanente de discordia en la capital. A finales de abril arrancó la comisión de investigación impulsada por Ahora Madrid, a la cual han sido citados el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el ex vicealcalde Manuel Cobo, ambos del PP. Este último declinó recientemente la invitación del ayuntamiento: «No iré a la comisión sobre la M-30. Es un espectáculo para humillar», dijo a la Cadena Ser.

Hubo tensión en el consejo: varios asistentes recriminaron que aquel no era el lugar

La obra se presupuestó en alrededor de 2.000 millones y salió por 6.000 millones, uno de los mayores sobrecostes de obra pública en España. Durante su construcción, uno de los más estratosféricos incrementos del gasto -de 1.625 millones de euros- se decidió en una reunión de tan solo 25 minutos en marzo de 2007, según publicó www.eldiario.es. El equipo de Carmena cree que Calle 30 abona 106 millones desde 2004 en concepto de impuesto de sociedades que la sociedad que gestiona la M-30 se habría podido perfectamente ahorrar, según las declaraciones manifestadas hasta ahora.

Hubo otro episodio tenso durante el consejo de este miércoles: varios vocales pidieron explicaciones a Carlos Sánchez Mato por grabar con micrófonos ocultos y sin el consentimiento del resto las reuniones de los consejos de administración. La noticia trascendió en noviembre pasado y terminó en trifulca política. El delegado de Economía declinó al parecer comentar nada nuevo al respecto.