La Comisión Europea y el Gobierno de Italia han alcanzado este jueves un principio de acuerdo sobre el plan de reestructuración de Banca Monte dei Paschi di Siena que permite aplicar una recapitalización preventiva en línea con las normas comunitarias.

No obstante, el acuerdo está condicionado a la confirmación «paralela» por parte del Banco Central Europeo (BCE), que debe certificar que la entidad es solvente y cumple con los requisitos de capital necesarios, según ha informado el Ejecutivo comunitario. Italia también debe obtener la confirmación oficial de inversores privados de que van a adquirir la cartera de créditos dudosos del banco, informa Europa Press. 

El acuerdo está condicionado a la confirmación «paralela» por parte del BCE

Los servicios del Ejecutivo comunitario y el Gobierno italiano trabajarán ahora en cerrar los detalles del plan de reestructuración final del Monte dei Paschi. Posteriormente, Italia tendrá que notificar a Bruselas tanto este plan como su estrategia de implementación. La Comisión Europea adoptará entonces su decisión final sobre el cumplimiento de las normas europeas sobre ayudas de Estado.

Este principio de acuerdo supone desbloquear el rescate del banco en activo más antiguo del mundo, que estaba paralizado por las diferencias surgidas entre Bruselas y el BCE, cinco meses después de que el Gobierno italiano anunciara su intervención para recapitalizarlo.

Italia pretendía canalizar el rescate de Monte dei Paschi a través de la figura de la “recapitalización cautelar”, una fórmula recogida por la normativa europea que permite el empleo de dinero público sin la necesidad de forzar un quebranto a los acreedores privados de hasta el 8% de los pasivos del banco.

El gobierno del país transalpino busca evitar pérdidas a los ahorradores minoristas a los que se les vendieron bonos de la entidad. El BCE, que estima en unos 8.800 millones de euros las necesidades de capital de Monte dei Paschi, se ha mostrado siempre más proclive a admitir los planes de Italia para evitar la inestabilidad del sistema financiero italiano y ha defendido la necesidad de aplicar la normativa con cierta flexibilidad.

Pero en Bruselas siempre ha existido cierta inquietud sobre la posibilidad de que una aplicación laxa de la normativa de resolución bancaria, una pieza clave en el entramado levantado tras la crisis para evitar que los ciudadanos tengan que volver a soportar los rescates de la banca, acabe socavándola a la primera oportunidad en que es puesta a prueba.