El futuro de la plantilla de Popular está en el aire y se perfila poco halagüeño. El 30 de junio se cierra el ERE (Expendiente de Regulación de Empleo) que la entidad que preside Emilio Saracho aprobó el pasado mes de noviembre y que ha supuesto la salida de 2.592 empleados, cerca del 20% de la plantilla.
Con la herida de estas bajas aún abierta, los sindicatos advierten de que la integración de Popular en otra entidad mayor supondrá el despido de entre 4.500 y 5.000 personas más, equivalente a prácticamente el 50% de una plantilla actual, compuesta por en torno a 11.000 personas.
Los 2.500 profesionales que trabajan en servicios centrales corren un alto riesgo, mientras que de la red de oficinas saldrían otros 2.000 o 2.500 más, explican a El Independiente fuentes sindicales.
La reestructuración que Popular llevó a cabo a finales del año pasado conllevó el cierre de 300 oficinas y supuso para la entidad el desembolso de 375 millones de euros. Con este recorte, el banco ahorra entre 175 y 200 millones de euros anuales.
Los despidos llegarían apenas semanas después de que 2.592 empleados hayan salido del banco
Los sindicatos alertan que, tras el último plan de prejubilaciones, la plantilla se ha rejuvenecido sustancialmente. Por tanto, las bajas que se den como consecuencia de la compra de Popular por otra entidad afectará a empleados jóvenes y mediana edad, que se quedarán en una situación más vulnerable.
Actualmente, de una plantilla de 11.000 trabajadores, sólo 300 tienen más de 55 años y 1.200 más de 50. Es decir, 9.500 empleados tienen menos de 50 años.
Además, dado que la operación de compraventa se justifica porque Popular está prácticamente en causa de disolución, los sindicatos temen que el banco vaya a indemnizar a quienes salgan con el mínimo que marca la reforma laboral, de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
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