La economía sumergida en España alcanza los 168.000 millones de euros –el 16% de la actividad total–, una cifra desorbitada cuyo verdadero impacto se deja ver en la recaudación tributaria: Hacienda deja de ingresar cada año por estas prácticas en negro alrededor de 26.000 millones de euros, el equivalente al 2,5% del PIB.

Esto quiere decir que, si afloraran todas estas cantidades, el déficit público, en caso de que se redujera al 3,1% del PIB este año, quedaría prácticamente absorbido de un plumazo. Más aún, si se recaudaran esos 26.000 millones se podría rellenar el agujero de las pensiones –previsto en 16.000 millones en 2017—y aún sobrarían otros 10.000 millones más.

Diferencias entre economía sumergida y fraude fiscal

Se trata de una estimación realizada por el Consejo General de Economistas a partir del estudio de diversas fuentes y estimaciones sobre la economía sumergida en España. Como punto de partida, la organización da por buena la definición de los autores Schneider-Williams, quienes la consideran como el conjunto de actividades económicas, legales o ilegales, y la renta derivada de ellas que eluden la regulación gubernamental y la tributación.

Al respecto, el Consejo General de Economista señala que una misma situación puede incluirse o tanto en la economía sumergida como en el fraude fiscal, entendido este como un incumplimiento deliberado del deber de tributación o la percepción ilícita de subvenciones o prestaciones.

En este sentido, los cálculos presentados son el resultado de aplicar el porcentaje de presión fiscal a una estimación de economía sumergida, tras depurar duplicidades y tomar en cuenta los tributos que debería satisfacer la economía sumergida. En cifras, supone la aplicación de correcciones sobre los 168.000 millones de euros de economía sumergida, hasta llegar a un dato ajustado de 102.593 millones, y la incorporación de una presión fiscal del 25%. El resultado son esos 25.648 millones de euros de recaudación que no se llega a ingresar.

No obstante, los autores del informe han explicado que la recuperación de la recaudación máxima que se puede conseguir no es el resultado de aplicar la presión fiscal sobre el volumen total de economía en negro, ya que determinadas actividades ilegales no pagarían impuestos  nunca por esa ilegalidad.

El mal ejemplo de los políticos

En cuanto a las causas de los actuales niveles de economía sumergida y fraude, el Consejo General de Economistas advierte de que en torno a un 20% de los ciudadanos en España aún consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones.

Además, uno de los responsables del estudio, el fiscalista Jesús Gascón, ha explicado que “la batería de escándalos y el goteo permanente” de casos de fraude, desde el mundo del departe a la clase política, hace que cunda la conciencia de que el fraude es algo generalizado.

Otro de los ingredientes a tener en cuenta son la percepción del riesgo que tenga el contribuyente, y ello tiene mucho que ver con las sanciones a imponer, así como los mecanismos de control de la Agencia Tributaria.

Ante estas variables, el Consejo General de Economistas apuestan por tratar de «educar» a la población de la necesidad de cumplir con el Fisco, mejorar la forma de trabajar de las Agencias tributarias e incluso facilitar la regulación tributaria por los contribuyentes, con unos costes sensiblemente inferiores a los de la regularización por la Administración, y dando facilidades de pago.

Otras de las recetas pasan por un seguimiento especial a los nuevos contribuyentes, un aumento de las actuaciones preventivas o una intensificación de las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida.