La presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, instó este lunes a la justicia y a las autoridades del mercado españolas a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas.

«Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego que sí hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instituciones o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes», declaró ante las preguntas de los eurodiputados.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el pasado 12 de junio que algunas comunidades y ayuntamientos retiraron «fuertes» cantidades de depósitos del Banco Popular, mientras que por el contrario, la Seguridad Social mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses.

En ese sentido, el ministro explicó entonces que antes de la resolución del Popular «hubo de todo», y que la mayor parte de las salidas fueron de inversores cualificados e inversores que exigen para mantener sus depósitos, una calificación determinada de la deuda.

«Es muy importante recordar que cada reducción de la calificación crediticia de la entidad dificulta el mantenimiento de los depositantes corporativos, que suelen exigir un nivel mínimo de nota, por lo que estas rebajas siempre van acompañadas de importantes salidas de depósitos», aclaró el ministro.

Según informaciones publicadas por Expansión, autonomías como Canarias y ayuntamientos como los de Barcelona y Madrid se cuentan entre las instituciones que habrían retirado su dinero del banco.

Defiende que la crisis de liquidez fue la manifestación de una enfermedad más profunda

Durante su comparecencia, Nouy se ha felicitado por la forma en que se ejecutó la intervención de Banco Popular, sin necesidad de emplear fondos públicos. «Modestamente, diría que hemos superado la prueba», señaló la responsable de supervisión del banco central.

En su opinión, la caída de Popular no ha supuesto una sorpresa, ya que desde que el BCE comenzó a supervisar el banco en 2014, le había pedido que levantara «miles de millones de provisiones adicionales» y en sucesivas pruebas, como el test de estrés de 2016, sus problemas habían quedado de manifiesto. «Fue el tercer peor banco en este ejercicio y la disminución de capital fue bastante fuerte», señaló Nouy.

Por todo esto, la responsable de supervisión bancaria en la eurozona asegura que la crisis de liquidez que acabó precipitando la caída de Popular fue simplemente «el último paso de una enfermedad» marcada por problemas más profundos.

En este sentido, Nouy apuntó hacia los directivos del banco como los responsables de su colapso. «A veces un banco tiene que desaparecer porque la directiva no ha tomado las decisiones correctas cuando debía hacerlo», aseguró, para defender la declaración de inviabilidad de la entidad.