El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 2.000 trabajadores que Renfe abrió en 2005 y cerró en 2010 -el mayor ERE de cuantos se han hecho en el operador en lo que va de siglo- estuvo plagado de irregularidades. Tuvo un coste desmedido para las arcas públicas, hubo deficiencias en su gestión, repartió “cuantiosas indemnizaciones” a altos cargos con escasa antigüedad y, lo más grave, permitió a 24 empleados con estatus de directivos inscribirse en el proceso cuando ninguno de ellos podía, al hallarse en excedencia en otras empresas o situaciones similares.

Hubo directivos con muy poco tiempo en la casa ferroviaria que se prejubilaron con suculentas indemnizaciones. Así lo expuso el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, el pasado lunes 26 de junio durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Álvarez de Miranda resumió ante sus señorías el Informe de fiscalización de las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe Operadora y la Administración General del Estado, ejercicio 2011 y 2012. Este medio ha accedido después a dicho informe, que revela serios fallos en la empresa pública durante la vigencia de aquel ERE, lanzado hace 12 años.

El coste para Renfe Operadora fue, según el Tribunal de Cuentas, de 215,7 millones “correspondiente en aproximadamente un 92,5% al plan de prejubilaciones” (por el que optaron 1.858 empleados) “y el resto a las bajas incentivadas” (142 trabajadores), “lo que supone un coste medio por empleado para Renfe Operadora de 107.844 euros”, reza el informe.

Directivos con escasa antigüedad se beneficiaron de cuantiosas indemnizaciones”

El tribunal fiscalizador alude a un informe previo elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el Contrato-Programa de Renfe. En éste se dice que el ERE “ha supuesto para la Administración General del Estado un coste muy significativo”. Y ello se debe, añade el texto, a que “el coste directo” para Renfe y “el coste para la Seguridad Social” cubrían las prestaciones por desempleo durante cinco años, y posteriormente “la prejubilación del empleado con un complemento sobre la pensión de jubilación correspondiente”.

“Valorar si es razonable”

Las conclusiones de la IGAE son rotundas: “Debería valorarse para acuerdos posteriores por el Ministerio de Fomento y el de Hacienda y Administraciones Públicas si es razonable acordar una reducción de puestos de trabajo en una entidad pública con un coste para la AGE de esa magnitud” . El operador no ha contestado, preguntado por la valoración del Tribunal de Cuentas.

La Intervención lamenta el “coste significativo” y se pregunta si el ERE fue “razonable”

El ERE fue también objeto de una auditoría, en la cual “se pone de manifiesto que se acogieron al ERE 24 trabajadores que habían reingresado en la Entidad procedentes de situaciones de excedencia, de invalidez provisional, de empresas participadas por Renfe Operadora y de la Fundación Pública Estatal de los Ferrocarriles Españoles”. Los 24 empleados aludidos son, según indican diversas fuentes, antiguos miembros de la estructura directiva.

Su inclusión incumple “el Acuerdo Séptimo del Plan Social”, que establece expresamente que, “con el fin de preservar la estabilidad de los nuevos empleos, tanto los trabajadores reingresados por cualquier modalidad como los nuevos contratados, en ningún caso podrán acogerse al presente ERE durante el periodo de vigencia del mismo”. La fiscalización afirma que la empresa pública confirmó “que estos trabajadores reingresaron en la entidad durante el periodo de vigencia del ERE”.

El desembolso medio por cada uno de los 2.000 empleados fue de 107.844 euros

A los 24 se les abona durante el transcurso del ERE 2,9 millones de euros (121.000 euros por cabeza). La auditoría critica la “deficiencia en la gestión del ERE”: “las indemnizaciones se cuantificaron en base a la diferencia de las retribuciones que venía percibiendo el trabajador y las prestaciones estimadas a recibir de la Seguridad Social. Pero Renfe, denuncia la Intervención, no realizó “un contraste entre las prestaciones reales percibidas y las estimadas”, por lo que “no se han regularizado las indemnizaciones que se hubieran destinado en exceso, mientras que las estimadas en defecto sí fueron revisadas” cuando hubo reclamaciones.

“Además”, remata el Tribunal de Cuentas, “en la modalidad de prejubilación (escogida por casi el 93%) no se estableció como requisito un plazo de permanencia mínimo en Renfe, lo que ha dado lugar a que efectivos con escasa antigüedad se hayan beneficiado de cuantiosas indemnizaciones”.

El abierto entre 2005 y 2010 es el expediente de regulación de empleo más ambicioso de Renfe Operadora de los últimos 20 años. En otoño de 2015 Renfe lanzó un plan de bajas voluntarias para un tope de 750 empleados. A finales de 2013 la empresa realizó otro que permitió jubilarse a 500 empleados. Ninguno de ellos fue tan grande y tan beneficioso económicamente como el que se abrió en 2005.