El Gobierno quiere que la recuperación económica llegue también al sector de la construcción. La mejora de la economía no está impactando en el antiguo motor nacional porque las restricciones presupuestarias para cumplir con los objetivos de déficit público han hecho que la inversión pública en infraestructuras se haya frenado durante los últimos años. Y el Ejecutivo quiere ahora revertir esa situación y elevar los fondos destinados a obra pública -en mínimos históricos-, pero sin comprometer la rebaja del déficit.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado hoy oficialmente un plan extraordinario de carreteras que contará con un presupuesto de 5.000 millones durante los próximos cuatro años y que contempla fórmulas de colaboración público privada para financiarlo. Esto es, las constructoras adjudicatarias de las obras asumen, con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI), adelantarán las inversiones para evitar cargarlas a los presupuestos y así no frenar la reducción del déficit que exige Bruselas.

“En España tenemos unas magníficas infraestructuras, ahora queremos mejorarlas. Y queremos hacerlo con el compromiso de la iniciativa privada”, ha explicado Rajoy, subrayando que el plan respetará “nuestro compromiso de reducir el déficit público”. “Ahora que hemos salido de la crisis, estamos en condiciones de dar impulso a las infraestructuras y, con ello, impulsar que a los sectores no productivos que aún no se han incorporado a la recuperación”. Las previsiones del Ejecutivo contemplan que el plan sirva para crear casi 190.000 empleos entre directos e inducidos (unos 150.000 puestos de trabajo mientras duren los trabajos y la inversión, y otros cerca de 40.000 durante los 30 años que durarán las concesiones).

Las constructoras adelantan la inversión

Según ha detallado Rajoy, el plan extraordinario de carreteras contempla inversiones por 5.000 millones con participación privada que servirán para mejorar más de 2.000 kilómetros de vías por toda España entre este año y 2021. Un plan que hará que las empresas concesionarias también sean las encargadas del mantenimiento de las infraestructuras durante los próximos 30 años.

Las constructoras recuperarán la inversión adelantada cuando la carretera ya pueda ser utilizada por los conductores. A partir de entonces, las compañías recibirán un pago anual de la Administración durante los treinta años en que estarán encargadas del mantenimiento de las vías. Con esta fórmula en las carreteras no se aplicarán peajes a los conductores. Según los cálculos del Gobierno, este pago anual supondría unos 350 millones de euros al año.

La inyección de 5.000 millones en obras en carreteras supone multiplicar por seis las inversiones que se venían destinando hasta ahora, y hacerlo sin cargar el gasto al presupuesto estatal. Con ello, según ha subrayado el presidente del Gobierno, se mantienen los esfuerzos de consolidación fiscal y permite no poner más trabajas a conseguir el objetivo de acabar este año con un déficit público del 3,1% del PIB y rebajarlo hasta el 2,2% el próximo año.

Se paga si se mantiene la calidad

Rajoy sólo ha desvelado las líneas maestras del plan extraordinario de carreteras de colaboración público privada, ya que los proyectos concretos que se incluirán no se decidirán hasta después del verano. El objetivo del plan pasa por completar los tramos de redes transeuropeas aún sin acabar, eliminar los cuellos de botella en diferentes carreteras, por mejorar y adaptar las autovías para reducir siniestralidad, ruido y emisiones de CO2 y, al tiempo, asegurar la conservación de las vías durante las próximas tres décadas.

La fórmula de adjudicación elegida será la de pago por disponibilidad, una vía de colaboración público privada que implica que el Gobierno paga en función del cumplimiento de determinados niveles de calidad. “Es una fórmula que ya ha demostrado su éxito en Europa”, ha dicho el presidente, y es que ha pasado de ser aplicada en apenas un 5% de los proyectos hace una década hasta en torno a un 90% en la actualidad en la Unión Europea.