Este puede ser el último verano en el que miles de jóvenes becarios trabajen a la sombra para sustituir a otros empleados que disfrutan del sol durante sus vacaciones. Los sindicatos lo pidieron con insistencia y el Gobierno ha accedido a crear un estatuto de las prácticas no laborales, esto es, del becario, cuya importancia radica no solo en el contenido que finalmente pueda recoger, sino en la visibilidad que dará a este colectivo, que está a la cola de la precariedad laboral.

Y puede que sea este el último verano sin estatuto de los becarios puesto que el Gobierno ha incluido su creación en un plan de choque para el empleo juvenil, al que ha tenido acceso El Independiente, que aún está pendiente de ser suscrito por los sindicatos CCOO y UGT y las patronal CEOE-Cepyme, pero que, al menos en este extremo, cuenta con un notable consenso.

El documento concreta que la aprobación de este marco normativo se llevará a cabo con la renovación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para el periodo 2017-2020, lo que hace prever que se no demorará.

El estatuto de los becarios a la sombra

Por otro lado, precisa también que se referirá a las prácticas no laborales. En este sentido, es preciso anticipar que la selva de las prácticas es espesa y que la mayoría de las instancias consultadas se remiten para comprenderla a una guía que elaboró CCOO en 2015 precisamente para tratar de aclararse a la hora de poder servir asesoramiento a estos jóvenes.

Este esquema distingue hasta 11 modalidades normativas en las que puede encuadrarse un joven que pretende completar su formación teórica con la experiencia. Para hacerse una idea, estas 11 modalidades debían servir al sindicato para saber cómo afrontar las consultas de los becarios, aunque no abarcaban todas otras fórmulas de prácticas que permanecen opacas.

A grandes rasgos, el sindicato diferencia entre las prácticas laborales y las no laborales. Las primeras se refieren a aquellas en las que el joven cuenta con un contrato. Es el caso, por ejemplo, de los contratos para la formación y el aprendizaje que el Gobierno plantea mejorar en el mismo plan de choque para, entre otras cosas, asegurarse un buen uso del Bono Garantía Juvenil, que los sitúa como condición necesaria para acceder a la ayuda de 430 euros pactada con Ciudadanos.

Los sindicatos lo que pretenden es que los becarios dejen de serlo para aflorar y pasar a ser beneficiarios de estos contratos que, sin ser indefinidos ni caracterizarse por tener los mejores salarios, al menos suponen un nivel superior de derechos y de protección.

Mientras tanto, el estatuto del becario viene a dar amparo a la otra gran tipología, la de las prácticas no laborales, que engloban las curriculares –son parte de la formación—y extracurriculares –complementan la formación–.

Las extracurriculares comprenden las prácticas para jóvenes titulados, pero sin experiencia, y las de formación para el empleo. Bajo esta modalidad, los becarios pueden trabajar hasta en jornadas de ocho horas sin que la empresa les haga un contrato.

Entre las curriculares se encuentra el módulo de prácticas de los certificados de profesionalidad, la formación en centro de trabajo de los ciclos de FP, la formación dual del sistema educativo con prácticas no laborales  y las prácticas académicas externas en los estudios universitarios. En este último epígrafe también reside un aluvión de prácticas en empresas para alumnos que aún no han acabado sus estudios.

Los sindicatos vienen alertando de que es este último apartado el que se asocia a ciertas ofertas de empleo en portales de Internet que no son tal y que llevan a muchos jóvenes a postergar el final de sus estudios o a pagar titulaciones solo para poder optar a un puesto de trabajo.

Pero además, más allá de estas prácticas, existen otras que permanecen a la sombra, como es el caso de los acuerdos bilaterales entre empresas o centros de formación y alumnos. En ausencia de datos fiables sobre esta realidad, estudios de la UE que datan de 2013 apuntan a que el 60% de las becas en España se realizan de forma opaca.

¿Visibilidad al fin?

El estatuto del becario está llamado a introducir orden en este caos. Hasta ahora, únicamente la obligación de cotizar por los jóvenes en prácticas ha permitido elaborar un censo que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, recuenta a unos 80.000 becarios, muchos menos que los que se supone que hay.

Pues bien, de acuerdo con el documento, lo que se persigue es que establecer una vinculación entre las prácticas no laborales, las becas y los programas de formación, para simplificar todo este entramado.

Además, se prevé establecer requisitos a cumplir por las empresas que quieran trabajar con jóvenes en prácticas no laborales. El plan habla de fijar entre ellos tamaños de empresa o ratios de tutorías.

El estatuto también prevé regular el contenido de los convenios entre las empresas y los becarios, esos que quedan completamente al margen de la regulación en la actualidad, la duración máxima de las prácticas no laborales, incluido el régimen de descansos, o las condiciones de protección social y de prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos quieren ir más lejos

El texto remitido por el Gobierno a los agentes sociales especifica que este estatuto debe ser consensuado. Y parece que lo será. En este sentido, más allá del contenido, los sindicatos también quieren que el estatuto sea una realidad y, de hecho, ya la han perfilado.

En una propuesta conjunta de CCOO y UGT consultada por este periódico, se centran en las prácticas no laborales «curriculares», acotación esta que se ha suprimido en el borrador del Gobierno.

Para este caso, la propuesta sindical es muy parecida al documento del Gobierno: prevé establecer requisitos que deben cumplir las empresas para contar con estudiantes en prácticas, aunque llama a desarrollar un sistema de control y penalización a las que no cumplan con los derechos de los becarios.

Además, los sindicatos, en un esfuerzo por perfilar mejor todo lo que tiene que ver con el colectivo, instan a desarrollar la figura del tutor, sus funciones y obligaciones y un capítulo de derechos y garantías laborales mínimas para los estudiantes en prácticas no laborales, como pueden ser la jornada semanal, el descanso diario o los periodos de vacaciones.

La propuesta sindical también quiere dejar atado un apartado relativo a la remuneración mínima homogénea de estos jóvenes que tome como referencia el salario mínimo interprofesional (SMI), que quieren elevar a 1.000 euros mensuales.

Por último, las centrales también quieren desarrollar los derechos de información y representación de los becarios. En este sentido, CCOO no oculta su intención de acercarse a los jóvenes estudiantes para aumentar su base de afiliados.

Cerca del acuerdo

Por ahora, los sindicatos han mostrado su rechazo al borrador presentado por el Gobierno. Sin embargo, este se centra más en otras cuestiones, como la previsible flexibilización del contrato de formación. En el caso del estatuto, a la vista de los documentos relativos al plan de choque, parece haber un claro consenso.

Por su parte, el Grupo Conferal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó la pasada semana una proposición de Ley para introducir también el desarrollo del Estatuto del Becario con el objetivo de “asegurar unos derechos mínimos a los estudiantes en prácticas”.