Globalvía ha logrado que un juez deje en suspenso in extremis el rescate del túnel de Soller de Palma de Mallorca, que la firma explota en concesión desde 1997. El «rescate» en esta ocasión es un eufemismo ya que la concesionaria no ha quebrado, a diferencia de las nueve autopistas en concurso: la intención del Consell de Mallorca -el consejo insular- era suprimir por primera vez el pago de peaje por parte de los usuarios de la infraestructura antes del fin de la concesión.

El Consell acordó el pasado mes de marzo rescindir anticipadamente este contrato concesional y recuperar la gestión del túnel para liberarlo de peaje a partir del próximo 1 de septiembre. Una decisión inédita.

No obstante, Globalvía elevó el rescate a los tribunales ante las discrepancias surgidas con el Consell sobre el importe que la compañía considera que le corresponde por la suspensión adelantada del contrato. En su demanda, el grupo de concesiones, controlado por tres fondos internacionales, pidió como medida cautelar que se suspendiera la rescisión del contrato y el rescate del túnel hasta que no se resolvieran las diferencias económicas.

Globalvía reclama 31 millones

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma de Mallorca resolvió este pasado viernes in extremis, a apenas una semana de que el próximo 1 de septiembre se hiciera efectivo el rescate del túnel, aceptar la medida cautelar y dejar en suspenso la rescisión de la concesión hasta que no se dirima el contencioso económico.

Globalvía reclama 31 millones de euros al Consell por la resolución anticipada del contrato de concesión del Túnel del Soller, en función de la inversión realizada en la infraestructura pendiente de amortizar y del lucro cesante correspondiente a los cinco años que aún quedaban de contrato de explotación. Un importe que casi duplica al de 17,4 millones que el Consell de Mallorca considera que debe abonar a la concesionaria en función de sus valoraciones.

Recurso ante el TSJ

El Consell ya ha anunciado que elevará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en contra de la decisión del Juzgado de lo Contencioso. De su lado, Globalvía, que de momento mantiene la gestión del túnel y su peaje, manifestó en un comunicado su intención de «seguir defendiendo sus intereses legalmente ante los tribunales», además de manifestar estar «a disposición de la Administración pública en todo momento».

En un comunicado, la compañía que preside Juan Béjar reitera la «discrepancia» que ha mostrado «desde el inicio» con el rescate de la vía, «tanto por las razones que se invocan para justificarlo como por los cálculos que soportan el importe que el Consell pretende abonar».

Así, el grupo de concesiones reitera que «defenderá sus derechos en los tribunales, sin dejar de «prestar la máxima colaboración a la Administración concedente», y «manteniendo el compromiso de dar el mejor servicio posible a los usuarios del túnel mientras esté vigente el contrato de concesión».

Globalvía cuenta desde 1997 con el contrato de explotación del Túnel de Soller, cuyo plazo de concesión se extiende aún hasta 2022. Se trata de una infraestructura de 3,1 kilómetros de longitud que salva la sierra de Alfabia en el trayecto entre Palma de Mallorca y Soller, y que contabiliza una media de 4.400 vehículos diarios.