Grandes inversores que perdieron más de 850 millones de euros por sus posiciones en deuda subordinada, tras la caída de Popular y su venta exprés a Santander por un euro, se preparan para librar la batalla legal.

El gigante de fondos de deuda PIMCO y otras firmas como Anchorage Capital Partners, Algebris, Ronit Capital y Cairn Capital interpusieron el miércoles un un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por su papel en la resolución del Banco Popular.

Los fondos presentaron en agosto una demanda contra la Junta Única de Resolución ante el Tribunal de la UE

Este recurso, presentado ante la Audiencia Nacional, forma parte de una estrategia legal más amplia que persigue un doble objetivo: obtener la máxima claridad en torno al proceso de resolución del Banco Popular y restituir las pérdidas económicas.

“La resolución del FROB carecía de la motivación necesaria, lo que hizo imposible que las partes interesadas pudieran evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión” declaró Richard East, socio del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a los tenedores de bonos.

El recurso presentado impugna la resolución del FROB por la que las acciones y los bonos junior de Banco Popular fueron cancelados y el banco vendido a Banco Santander por 1 euro. Andersen Tax & Legal actúa como asesor legal español.

Estos fondos, a excepción de Pimco, ya presentaron el pasado 17 de agosto una demanda contra la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Argumentos

El despacho que representa a los bonistas considera que la JUR violó el secreto profesional cuando su presidenta, Elke König, afirmó en mayo que el organismo seguía “de cerca” la crisis de Popular, ya que socavó la confianza de los inversores e intensificó una fuga de depósitos del banco.

Además, defiende además que la resolución del banco español se basó en una información incompleta con un informe de Deloitte que dio a Popular una valoración negativa de entre 8.200 y 2.000 millones cuando, después se conoció que también se ofrecía una valoración positiva de 1.500 millones.