El órdago secesionista de Cataluña está en el punto de mira de la gran banca internacional. JPMorgan, el mayor banco de EEUU por activos, advierte de que la independencia de la región «implicaría un costo económico y dificultades para la población local». Los catalanes lo pasarán mal, en definitiva.

La entidad otorga «pocas posibilidades que el referéndum tenga lugar», ya que «el Gobierno central tiene herramientas legales para frustrar cualquier amenaza a la unidad nacional», aunque ello suponga inflamar aún más el espíritu independentista. Sin embargo, advierte de que «la incertidumbre nunca ha sido mayor».

El riesgo de una declaración de independencia es remoto, aunque la incertidumbre nunca ha sido mayor

En su opinión, aunque «la reacción de las autoridades catalanas hasta ahora no ha mostrado voluntad de retroceder, insistiendo en que el referéndum se celebrará de una u otra forma» […] «el riesgo a una declaración de independencia unilateral es remoto».

Explica que «una declaración unilateral de independencia probablemente dejaría a Cataluña fuera del marco legal reconocido de la Unión Europea. Los nuevos comentarios de esta semana del Presidente del Parlamento Europeo dejaron claro que un nuevo país independiente sería considerado un tercer país de la UE  y estaría sujeto a los habituales largos procedimientos de adhesión, que a su vez podrían ser vetados permanentemente por el Gobierno español». Y añade: «esto obviamente implicaría un costo económico y dificultades para la población local».

Si hay ruptura, el Gobierno central no tendría más opción que invocar la Ley de Seguridad Nacional

Según JPMorgan, «el mensaje era en realidad de mayor alcance, ya que afirmaba que una violación del orden jurídico de un Estado miembro es ipso facto una violación del ordenamiento jurídico de la UE. Sobre esta base, incluso los intentos aparentemente exitosos de separarse del Estado español podrían ser derrocados en una etapa posterior por los pronunciamientos subsiguientes, ya sea por un nuevo gobierno o mediante un nuevo referéndum».

El banco americano considera que «el Gobierno central seguirá adelante con la promesa de bloquear el referéndum». Y recuerda que «las encuestas disponibles sugieren que las intenciones de voto de la población catalana se dividen casi equitativamente entre pro y contra la independencia, con una ventaja moderada a favor de esta última».

Sostiene que, si la Historia sirve de guía, «en las últimas elecciones, el bloque catalán pro independencia alcanzó sólo una mayoría de escaños, pero sin la mayoría de los votos». Aun así, «esta falta de legitimidad no les impidió avanzar en el camino de la secesión y un voto en el referéndum sería seguido por una declaración unilateral de independencia».

El Gobierno puede ejercer una fuerte presión financiera sobre Cataluña, amenazando con suspender la liquidez

A nuestro juicio, indica JPMorgan, si esta situación se concretase, «el Gobierno central no tendría otra opción que suspender las potencias regionales catalanas y/o invocar la Ley de Seguridad Nacional, introducida en 2015 para hacer frente a situaciones de emergencias nacionales, otorgando poderes especiales adicionales al Primer Ministro».

Por otro lado, el gigante de Wall Street plantea dudas sobre la adhesión de los representantes locales. «Hasta el momento, los municipios que cubren el 35% de la población votante ha prometido su apoyo a la organización del referéndum, mientras que el 5% se ha negado».

Apunta que el papel de Barcelona es clave, ya que abarca más del 20% de la población votante. «La alcaldesa de Barcelona aún no ha adoptado una postura y su posición en el referéndum (así como el de su partido de afiliación nacional Podemos) ha sido ambigua. El próximo lunes se celebrará una gran celebración de la identidad catalana, y también será importante medir si el actual nivel de conflicto sin precedentes inclinará el equilibrio a favor o en contra del enfoque del gobierno catalán».

Desobediencia civil

El banco americano reconoce que una «amplia disposición de un gran segmento de la población -incluidos los políticos y los funcionarios pasibles de las sanciones legales- para embarcarse en el camino de la desobediencia civil complicará, si duda, la tarea del Gobierno central de restaurar el orden constitucional». En este contexto, «será importante vigilar en las próximas semanas la voluntad del poder judicial y policial local de permanecer leal al Gobierno central».

Por último, JPMorgan considera que el Gobierno español puede ejercer una presión financiera significativa, por ejemplo, amenazando con suspender las inyecciones de liquidez. «En 2016, las transferencias del fondo regional de liquidez a Cataluña ascendieron a más de 10.000 millones de euros, cerca del 5% del capital catalán PIB», recuerda.

En resumen, señala el grupo americano, «hay mucha incertidumbre sobre cómo este conflicto evolucionará tanto a corto como a medio plazo; lo que nos parece bastante seguro es que la situación se mantendrá extremadamente tensa durante algún tiempo y pondrá a prueba los límites del marco legal vigente y de las relaciones políticas entre los partidos constitucionales nacionales».