El Gobierno ha pedido la colaboración de las entidades bancarias que operan en España para que frenen cualquier transacción destinada a financiar el referéndum. Según el acuerdo adoptado este viernes por el Consejo de Ministros, desde Moncloa se pedirá a todos los bancos que denuncien cualquier pago de la Generalitat destinado a sufragas actividades en torno al 1-O.

Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pide a la banca que no acepte transacciones ordenadas por la Generalitat que no lleven el sello de Hacienda, es decir, el certificado correspondiente de la Intervención General el Estado. “Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros”, especifica el documento con fecha de hoy.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos da 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales”. El objetivo es doble: “proteger el interés general y garantizar la estabilidad presupuestaria” y evitar que se destine ni un solo euro a financiar la campaña y la organización del referéndum.

Mandato a los bancos

“El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero”, señala la nota redactada tras el Consejo de Ministros. “De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”, añade.

“Estas nuevas medidas suponen fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalitat, después de que el Gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad”, señalan desde el Gobierno.

Las medidas implican un elevado grado de intervención sobre la Hacienda catalana. A partir de la publicación del acuerdo de este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero”. Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la región “deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado”. Todo del objetivo de conseguir “un mayor control de las mismas”.

A partir de este sábado, cuando el acuerdo entre en vigor, “la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales”. “Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad”, concluye.