En el Gobierno vasco aún no salen de su asombro. El anuncio de la Generalitat de Cataluña de recurrir ante la Unión Europea el acuerdo entre el PNV y el PP por el que a partir de 2018 se suprimiría la tarifa eléctrica que pagan la mayor parte de empresas vascas -para equipararla a la más extendida- ha provocado un profundo malestar.

El Ejecutivo de Puigdemont ha dado a conocer que ha recurrido ante las autoridades comunitarias el acuerdo que suscribieron Euskadi y el Gobierno de Mariano Rajoy, dentro del acuerdo presupuestario de 2017, y que permitía lograr una vieja aspiración de las autoridades y sector industrial vasco al terminar con lo que consideraban una discriminación para la industria vasca y una evidente pérdida de competitividad para ellas.

El acuerdo establecía que la denominada tarifa eléctrica 6.1b, aplicada a las industrias que consumían energía de alta tensión de una potencia de entre 30 y 36 kilovatios, desaparecería y se equipararía a la 6.2 a partir de 2018. De este modo se terminaba con lo que en Euskadi consideraban que era un sobrecoste injusto para la industria vasca que estimaron en 100 millones anuales.

La supresión de la tarifa más extendida en Euskadi, la más antigua, rebaja en hasta 100 millones los costes energéticos de su industria

El sector industrial vasco recordó que al ser el País Vasco una de las regiones con una industrialización más antigua aún pervivían en su tejido empresarial una mayor presencia de compañías cuya tarifa eléctrica continuaba siendo la 6.1b. Actualmente son 1.250 las empresas a las que se aplica esta tarifa por el tipo de consumo que realizan y en su mayoría se encuentran en el País Vasco (790) y en menor medida en Andalucía (357), Navarra (42), Castilla y León (33), Cantabria (17) y Asturias (11) que también se beneficiaban del acuerdo.

Cataluña se siente ‘discriminada’

Sin embargo, desde Cataluña se consideraba que la decisión suponía otra discriminación, en este caso con mayor incidencia para la industria catalana, ya que en el pacto cerrado entre nacionalistas vascos y el PP no se incluyó la tarifa relativa al consumo de 25 Kilovatios, a la que están asignadas 4.500 empresas en toda España y de ellas, 3.277, radicadas en Cataluña.

El recurso conocido ahora ha encendido la relación entre los gobiernos de Urkullu y Puigdemont, cuya relación se ha enfriado en los últimos meses a raíz del papel jugado por Vitoria ante el referéndum del 1-O y frente al cual Urkullu y su Ejecutivo han guardado distancia e incluso dudas sobre su idoneidad.

El viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Javier Zarrionaindia ha criticado la decisión de la Generalitat por recurrir el acuerdo de tarifa eléctrica que supone un ahorro de 50 millones de euros y por tanto una mejora de competitividad para la industria vasca muy importante. El representante del Gobierno vasco ha subrayado que la Generalitat habría reclamado además a los empresarios catalanes que denuncien el acuerdo.

Euskadi muestra su incredulidad con la actitud de Cataluña y le insta a defender sus industrias pero sin “perjudicar” a las vascas

Zarraonaindia ha afirmado que la noticia les ha provocado “muchísima sorpresa e incredulidad” y que la han recibido con “preocupación” por el perjuicio que puede acarrear para las empresas vascas. Ha recordado que el acuerdo “no perjudica a nadie” y que en ningún caso se trata de “un trato de favor hacia la industria vasca” sino la corrección de una “discriminación”: “La industria vasca está discriminada y esa discriminación se llama 100 millones de sobrecoste”.

En 2013 otro acuerdo entre PNV y PP ya acordó corregir el 50% de ese sobre coste y con el pacto de mayo de este año se aprobó terminar con el resto de la 2discriminación”. Zarraonaindia ha señalado que lo que debe hacer la Generalitat de Cataluña es defender los intereses de la industria catalana pero no “perjudicar los intereses de la industria vasca”.