La sombra del Ministerio de Hacienda sobre la gestión presupuestaria del Govern de Cataluña llegará hasta la cartera de los propios miembros del ejecutivo catalán. El departamento que dirige Cristóbal Montoro teme que los sueldos públicos también puedan ser un vehículo para, de forma individual, sufragar los gastos del referéndum de autodeterminación del próximo 1-O. Por ello, prevé bloquear los pagos que realicen los altos cargos de la Generalitat con tarjetas de crédito.

Según ha adelantado El Periódico de Cataluña y han confirmado fuentes del ámbito bancario a El Independiente, el Gobierno, además de tomar el control de los pagos relacionados con nóminas y servicios esenciales de la Generalitat, prevé extender la fiscalización a los desembolsos que realicen los altos cargos del Govern con las tarjetas de crédito vinculadas a su actividad.

El procedimiento será el mismo que el descrito en la orden ministerial aprobada para intervenir las cuentas catalanas desde el Estado en lo que se refiere a la gestión de pagos a través de las entidades financieras. En términos generales, cada uno de estos pagos podrá tener el visto bueno de las entidades financieras en la medida de que cuenten con un certificado de la Intervención autonómica que acredite que no se están adquiriendo bienes para la celebración de actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente, esto es, para llevar a cabo el referéndum.

Concretamente, la orden precisa que para que Cataluña pueda ordenar pagos a través de la banca, deberá acompañar el correspondiente certificado del Interventor, que permita comprobar el cumplimiento de la legalidad. Precisa además que en el caso de que no se aplicara un procedimiento de fiscalización previa, será preciso que, junto con la orden de pago, se acompañe una declaración responsable con la misma finalidad firmada por los titulares de las entidades y órganos competentes de la comunidad autónoma.

La no remisión del aludido certificado o declaración responsable a la entidad de crédito o la falsedad de su contenido, añade el texto, «dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso».

Las mismas fuentes financieras han indicado que estos detalles se han dado a conocer durante una reunión mantenida esta mañana en el Ministerio de Hacienda con entidades financieras para dar cuenta de la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se articula la intervención de las cuentas públicas catalanas.

El Gobierno recurre al chivatazo de los proveedores

El control de los pagos a través de tarjetas de crédito es solo uno de los cortafuegos que se incluyen en la orden aprobada por el Gobierno para tomar el control sobre cada euro que gestiona Cataluña para frenar el referéndum del 1-O no solo por la vía política, sino también por la de la inanición financiera.

Así, la orden que obliga al ejecutivo catalán a firmar la no disponibilidad presupuestaria de los créditos distintos a los que el Estado ya ha intervenido y gestiona directamente desde el pasado viernes –gastos social y servicios esenciales–, para evitar que no haya ninguna fuga financiera con destino al referéndum.

Para ello, en el texto se incluye también una petición explícita a las empresas privadas para que colaboren en la causa. No se trata, por tanto, de una declaración pública de un miembro del Gobierno, sino de una llamada a filas en toda regla a través de un texto legal.

La orden afirma que Cataluña está incumpliendo el plan de ajuste –contrapartida de su acceso a los mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, exigido para reequilibrar sus cuentas–, en cuyo marco debía acreditar que no se están destinando gastos la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum. El gobierno catalán se ha negado a hacerlo y eso, de acuerdo con el Gobierno, justifica la tutela del Estado.

En este contexto, para mejorar la información ya disponible sobre la facturación de los proveedores de la comunidad, el Gobierno solicita a la Intervención autonómica el listado de contratos, tanto públicos como privados, de auditoría o de prestación de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administración de la comunidad autónoma y por cualquiera de sus entidades adscritas.

Además, pide una declaración responsable que acredite que no se están prestando servicios o entregando bienes para la celebración de actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente. En este punto, precisa la Orden que, “debe tenerse presente la necesaria cooperación y colaboración del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos señalados”, esto es, para frenar la financiación ilegal del 1-O.

Según el texto, “la colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es clave”, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administración cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales.

Invitación al chivatazo

Estas llamadas se plasman a continuación en la orden cuando se indica que cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración catalana o a sus entidades vinculadas o dependientes, “podrá” adjuntar también a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable en la que conste que dichos estos “no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales”.

Además, el Gobierno apunta que si el proveedor tiene dudas sobre si ello puede tener relación con la financiación de actividades ilegales “podrá” comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal.