Como el dinosaurio de Monterroso, el problema de las pensiones sigue ahí y seguirá con o sin Cataluña. Y mientras las necesarias reformas para hacer viable el sistema público a largo plazo permanecen paradas en el Pacto de Toledo, miles de pensionistas han llegado a Madrid este lunes, tras una marcha que se inició en diferentes partes de España el pasado 30 de septiembre, para pedir un retiro digno y subidas en las prestaciones más allá del 0,25%. Para hacerse oír independientemente de Cataluña.

Ese porcentaje resuena desde que entrara en vigor la última reforma de las pensiones, la de 2013, en la que se estableció un índice de revalorización que desvinculaba la subida de las pensiones del IPC. Este índice preveía una subida mínima del 0,25% mientras duraran las tensiones de liquidez en la caja de la Seguridad Social y parece que van para largo, a la vista de los análisis de los principales servicios de estudios del país.

A día de hoy es el gran escollo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones para nuevas reformas se esperaban en un principio para el verano, pero que a día de hoy está atascado. Porque, a grandes rasgos y según las fuentes consultadas, el PSOE quiere revocar ese índice y volver a vincular las pensiones al IPC y el PP no.

Mientras tanto, las pensiones, uno de los temas estrella hace unos meses, han pasado a segundo plano desde que Cataluña está, más que nunca, en boca de todos. El referéndum del 1-O no deja espacio informativo para mucho más. E incluso, los representantes de ERC y PdeCAT se ausentaron de la reunión del Pacto de Toledo del pasado jueves.

Lo pensionistas reclaman atención

Sin embargo, los sindicatos quieren dar marcha atrás a este índice y trasladar parte de los recursos disponibles ahora que la recuperación económica es indudable al bolsillo de los pensionistas, tocando si es necesario los impuestos.

Así lo han manifestaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, este lunes en la cabecera de la marcha de los pensionistas por Madrid. Según informa Europa Press, los primeras espadas sindicales han asegurado que es “perfectamente viable” que el país se gaste un porcentaje mayor de lo que se produce en tener un “sistema digno de pensiones”.

Según ambos sindicatos, el problema del sistema público de pensiones no es de gasto, sino de ingresos. Por ello, estiman necesario seguir avanzando en la separación de fuentes de la Seguridad Social, esto es, hay que seguir sacando de su lista de gastos prestaciones asistenciales que no le corresponden –se lleva tiempo barajando sacar las pensiones viudedad y orfandad–.

Otra de las fórmulas expuestas por ambos líderes ha sido la necesidad de eliminar las bonificaciones en cuota que el Gobierno sigue defendiendo y que, a sus ojos, son una forma de perder ingresos.

Con fórmulas como ésta, los sindicatos creen que es posible elevar el gasto público que se dedica al pago de pensiones del 10% al 15% del PIB, como en Francia o Italia.