UGT y CCOO han consensuado una postura común de cara a la negociación salarial para este año, en la que renuncian a una subida mínima para pedir que el sueldo más bajo en convenio se sitúe en 1.000 euros, una propuesta que presentarán a la patronal en la próxima reunión del 11 de enero.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que esta propuesta no busca «que todos los salarios suban un mínimo, sino que los más bajos suban hasta un mínimo», un planteamiento al que «le asiste la razón» y que «económicamente es poco discutible» porque además favorece la marcha de la economía española.

A juicio de Álvarez, que los salarios mínimos de trabajadores bajo convenio alcancen los 1.000 euros brutos en 14 pagas «no cuestiona la viabilidad a ninguna empresa y, si lo hace, qué le vamos a hacer, porque un salario de 730 euros cuestiona la viabilidad de muchas familias».

Además, ha indicado que el principal sector afectado es el de servicios, sobre todo la hostelería, que «ha aplicado incrementos de precios de los últimos años mientras ha bajado salarios con la entrada de empresas de servicios integrales», informa Europa Press.

Incremento máximo

Álvarez ha añadido que el salario mínimo de 1.000 euros irá acompañado de un incremento salarial máximo, que no ha desvelado, pero que partirá de la inflación prevista para este año (1,5 %) e incluirá componentes que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar el reparto de la riqueza de las empresas.

Así, tal y como ha dejado claro en otras ocasiones, la subida máxima que ambos sindicatos plantearán a la patronal rondará el 3 %, e irá acompañada de la recuperación de la cláusula de garantía salarial.

Sin embargo, Álvarez cuenta con que la negociación será difícil, es más, considera que «sin movilizaciones va a ser una tarea casi casi imposible».

Además de salarios, en este acuerdo los sindicatos plantearán asuntos como la prevención de riesgos laborales o la igualdad salarial entre hombres y mujeres, un ámbito en el que advierte a la patronal de que, de no lograr un acuerdo, tratará de abordarlo por la vía legislativa.

En este sentido, UGT se muestra a favor de implantar en España la obligatoriedad a las empresas de publicar los salarios de sus trabajadores bajo amenaza de sanción, siguiendo el modelo islandés.

«Sería bueno que la patronal no esté arrastrando los pies hasta que haya una ley que le obligue», ha indicado Álvarez.

Dimensión feminista

Y es que la dimensión feminista será uno de los asuntos que UGT quiere introducir este año en su manifiesto, que actualizará con motivo del 130 aniversario de su fundación, junto a la mención del nuevo contrato social o la revisión de su funcionamiento desde el punto de vista democrático y de participación.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, para Álvarez es necesario que el país cuente con unas cuentas actualizadas y al día, por lo que ha confiando en que comience pronto el debate para introducir elementos de reparto de la riqueza, de calidad de los servicios públicos y de aumento de las pensiones.

En último aspecto, UGT planteará al Gobierno que la pensión mínima contributiva se sitúe en los 1.000 euros.

Álvarez ha añadido que los presupuestos deberían abordar también un cambio de modelo productivo, para lo que ha pedido que constituya una subcomisión parlamentaria para acordar cuál ha de ser la política industrial a seguir a corto y medio plazo y trate la formación profesional y la dual y la I+D+i.

La ausencia de presupuestos ha dejado en el aire asuntos como la revalorización del indicador para calcular las ayudas sociales, el IPREM, que actualmente está en los 537,8 euros y que UGT considera que debería experimentar el mismo incremento que el pactado para salario mínimo interprofesional (SMI).