Es la máxima prioridad del Gobierno vasco y la que probablemente se coloque sobre la mesa en un hipotético proceso de negociación presupuestaria con el Gobierno Rajoy. Sin embargo, los empresarios vascos o no la quieren o no la ven viable. La demanda de la cesión del Régimen Económico de la Seguridad Social o incluso más allá, de constituir una Seguridad Social vasca propia, es rechazada por alrededor de la mitad de los directivos de empresa vascos. Es una de las conclusiones de un sondeo elaborado por PwC y que ha dado a conocer hoy la compañía, en presencia de Arantza Tapia, consejera de Competitividad del Ejecutivo de lñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Cuestionados por si consideran necesario y posible una segregación del actual modelo de Seguridad Social para constituir una entidad vasca propia, el 45% de los empresarios vascos consultados consideran que no es necesario ni viable, a los que se suma otro 11% que tampoco lo apoya, pese a que no lo rechaza de modo explícito. Sólo cuatro de cada diez directivos consultados creen que se debería luchar por una seguridad social vasca por ser posible y positiva.

El rechazo viene fundado en la consideración de que el sistema es “absolutamente deficitario” y que en los próximos años “continuará siéndolo”. Quienes en cambio creen que sería positivo lo hacen por creer que la Administración vasca sí podría soportarlo económicamente. Una tercera opción que se abre camino en las respuestas de los empresarios apunta hacia la posibilidad de elaborar un modelo similar el del Cupo, sustentado en una garantía bilateral entre ambos gobiernos.

Críticos con el modelo fiscal

En la encuesta también se pregunta sobre el Cupo vasco. La mayoría del empresariado considera que ha sido positivo en las últimas décadas pese al riesgo unilateral que ha comprometido para las instituciones vascas. Reclaman que ahora lo que resta hacer es una mayor labor de pedagógica para “neutralizar la posibilidad de que otras comunidades autónomas o partidos políticos lo critiquen y presionen para limitar sus capacidades”. Los directivos sí consideran que es hora de actualizar algunos impuestos como la tributación sobre las exportaciones, los impuestos indirectos o el Impuesto de Sociedades, recientemente reformado en el País Vasco.

Así, la mayoría de los directivos de empresa considera que el actual modelo fiscal vasco no favorece la captación de inversiones ni beneficia a la actividad económica. El 56% lo afirma frente al 37% que ve en la fiscalidad vasca una herramienta positiva para la economía del País Vasco. Una mayoría de los encuestados apunta hacia el complicado entramado institucional vasco como una rémora para un verdadero debate fiscal. Recuerdan que para el 83% de las empresas vascas no se aplican deducciones en el Impuesto de Sociedades. Así, recuerdan que sólo en Euskadi conviven 251 ayuntamientos, tres diputaciones forales y un Gobierno autonómico, “un hándicap para diferentes cuestiones por el riesgo de falta de coordinación”.

Los directivos también son críticos con el sistema educativo en Euskadi por arrastrar carencias para su integración laboral. Señalan que no incentiva ni desarrolla actividades fundamentales para el trabajo en el mundo de la empresa, como son el trabajo en equipo o las habilidades comunicativas.

También alertan del riesgo que tiene la economía vasca por su bajo índice de natalidad. El problema demográfico lo califican de “grave”, ya que el envejecimiento provocará que en unos años falte persona para trabajar en empresas de los sectores industriales.