La élite de los funcionarios planea poner en un aprieto a la clase política. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca) trabaja desde hace un año y medio en la idea de elaborar un proyecto normativo para regular el acceso, el cese, la evaluación o las retribuciones en determinados puestos de responsabilidad de la Administración, fundamentalmente en torno a las direcciones generales de ministerios y organismos públicos. El objetivo, reducir a los casos estrictamente necesarios los nombramientos ‘a dedo’ y purgar la actual politización de lo público.

El plan es poder presentar dicho proyecto ya redactado al ministro de Hacienda y a los Grupos Parlamentarios y difundirlo a través de los medios de comunicación antes del mes septiembre. De esa forma, dice el presidente de Fedeca, Jordi Solé, tanto el Gobierno como la oposición tendrán que abordar la cuestión o mandar el documento al cajón, es decir, retratarse de una u otra forma.

Es un objetivo ambicioso, no se ha dado este paso desde la creación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, aunque la organización, que representa a un colectivo de entre 15.000 y 16.000 altos funcionarios, ya cuenta desde hace unos años con un texto que nunca llegó a ver la luz y que ahora se está actualizando y retocando.

Fedeca quiere tener un documento redactado para septiembre

Queda por definir, por ejemplo, si se el texto afecta a los secretarios de Estado también o si se les deja fuera, o si se aplica también a los subdirectores generales. Todo depende de qué se quiera considerar como alto cargo dentro de la administración y de cuáles están sujetos o no actualmente a sistemas de libre designación de acuerdo con la normativa desarrollada desde 1984.

Una vez aclaradas estas cuestiones, habrá que consensuarlas entre las 47 asociaciones que conforman Fedeca. Ya en verano, si la organización cumple los plazos que se ha marcado, distribuirá el documento según lo previsto. A partir de ahí, es fácil votar en sede parlamentaria a favor de una subida salarial para los empleados públicos, pero no lo es, en cambio, hacerlo para limitar los nombramientos ‘personalizados’ en las altas esferas de la Administración.

Por el momento, UPyD llevó durante años una iniciativa semejante en sus programas electorales, mientras que Ciudadanos también ha planteado desde hace años la necesidad, por ejemplo, de sustituir a los asesores y cargos de confianza por funcionarios de carrera. El problema lo tendrán, según Fedeca, partidos como PSOE y PP, que “tienen un pasado”.

“Todos nos dan la razón salvo el Gobierno de turno, que cuando está en la oposición también nos escucha, dice que para adelante y luego acaba todo en el cajón. Así que vamos a cambiar la estrategia, en lugar de denunciarlo, vamos a tomar la iniciativa. Vamos a sacar un proyecto legislativo para ponerlo encima de la mesa de los grupos parlamentarios y del ministro, para decirles ‘tenéis la ley, sino os gusta cambiarla, asumid ese riesgo político de cambiarla o de mandarla al cajón, y si hacéis esto último lo denunciaremos'”.

La bisagra entre la política y la Administración

La atalaya desde la que se dirigirán los altos funcionarios a la clase política les ofrece una visión privilegiada del problema. Son, en palabras de su presidente, Jordi Solé, “una bisagra” entre el poder político y la Administración. Abogados del Estado, inspectores de Hacienda…miembros de la élite de lo público que pelean por seguir siendo ese engarce, pero desde la profesionalización y la independencia.

El problema, dice Jordi Solé, no es la existencia de puestos de libre designación para funcionarios de carrera (no confundir con los asesores), ni que en ellos entren a trabajar personas con cierta vinculación política, sino que esa vinculación sea el único criterio y que esta posibilidad se de en cada vez más ámbitos de la Administración, no solo allí donde realmente es necesario el nombramiento de personas de confianza.

La libre designación está bien pensada, pero necesita ajustes

“La libre designación está bien pensada, pero en puestos en los que de verdad haga falta un cargo de confianza personal, que no necesariamente política”, añade Solé, para quien “no es tanto una cuestión de normas, porque las grandes leyes están bien hechas, como de ir cerrando grietas”, como la que también se ha abierto con la proliferación del pago por productividad, pero no en función de una evaluación de desempeño, sino de la decisión del jefe. “Hay que intentar hacer ajustes, crear una buena evaluación del desempeño”, pone como ejemplo.

Un problema a todos los niveles

Los altos funcionarios lamentan que en los años de la crisis se haya extendido la politización de las altas esferas de la Administración. Hablan de “reguladores capturados”, de “pérdida de independencia de los órganos de control”. Pero Fedeca también cree que se trata de un problema que alcanza a estratos cada vez más bajos de la Administración, de ahí su extensión.

Pone ejemplos en todas las escalas, algunos anónimos y otros con nombre y apellido.”Eres inspector de Hacienda en Soria cobrando un sueldo bajo y te ofrecen un puesto en Madrid con un sueldazo. Tienes la opción de ir, en lugar promocionar durante 20 años. Pero cuando llegas ahí ¿quién es el valiente que contradice al jefe para que te cesen de mala manera y te tengas que volver a Soria?”, comenta Solé.

Casos más concretos tuvieron lugar recientemente en la Dirección General de Tráfico (DGT) o en la Seguridad Social. Hace exactamente un año, Fedeca denunciaba que varios cargos de dirección en el Estado habían sido ocupados por personal no funcionario en ámbitos en los que existía un cuerpo de altos funcionarios.

Se referían al nombramiento de Miguel Ángel García como director general de Ordenación de la Seguridad Social, o, aún más sonado, el de Gregorio Serrano, como director general de la DGT. Estos casos, a ojos de Solé, muestran que “en España aún se mantiene la cultura del cortijo, de que cada Gobierno que llega pone a los suyos”.

Fedeca se fija en el esquema de nombramientos portugués

Otro caso paradigmático, según el presidente de Fedeca, es el de aquellos altos cargos que, una vez cesados sin que se encuentre para ellos un puesto nuevo, se mantiene el sueldo durante más de una década, excediendo el tiempo previsto por la ley durante el que se mantiene esta retribución a modo de ‘paracaídas’.

A la pregunta de cómo lo hará la organización para promover cambios legales que van en contra de una parte del colectivo que se estaría beneficiando de estas prácticas, Fedeca confía en que estas personas no serán capaces de defenderlas en público.

El ejemplo de Portugal

Por el momento, la representación de los altos cargos no se decanta por un modelo de nombramiento de los directivos públicos. Sin embargo, en Fedeca gusta mucho el modelo portugués, en el que existe una comisión independiente que valora a posibles candidatos para un puesto directivo en la Administración. Supervisa y pondera sus méritos y después eleva al ministro del ramo o a quien corresponda la decisión una propuesta con varios nombres.

Lo que se consigue así, según Solé, hacer una criba previa y evitar, por ejemplo, que “opte a un puesto de director general el penúltimo de la promoción”.

La decisión de pasar de la denuncia a la acción, de dar ese paso a la presentación de una iniciativa legislativa, se debe, en parte, a que los altos funcionarios no tienen representación en las mesas de negociación con el Gobierno. Solo los sindicatos que cuentan con una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector público pueden hacerlo, y ese es a día de hoy un espacio reservado a las grandes centrales. Fedeca se queda fuera con un 7%.

Por eso, Solé asegura que el colectivo “negocia en los despachos de las personas que tienen responsabilidades” y, cuando no hay más remedio, pasa a la acción de esta forma. Y es que, aunque los cuerpos superiores del Estado comparten con mayor o menor intensidad las mismas reivindicaciones de los sindicatos de la función pública, echan en falta que en su ideario esté la reivindicación de, por ejemplo, un estatuto del directivo público que garantice su independencia.