Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, en estrecha colaboración con con El Banco de España, ha iniciado una investigación en Crédit Suisse España por posible blanqueo de capitales. Las pesquisas han provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, confirman a El Independiente fuentes conocedoras.
El ejecutivo está en el punto de mira de los supervisores financieros y, aunque la investigación todavía está en curso, el grupo suizo ha decidido prescindir de Armada, activando el estricto protocolo que 'invita' a salir de la entidad a cualquier empleado que pueda comprometer la reputación del banco.
Armada era hombre de confianza de Matossian y sonó en las quinielas para dirigir la división de grandes fortunas
Aun así, en los despachos de la madrileña calle Ayala, sede de Credit Suisse, asumen que será difícil eludir una importante sanción por parte del Banco de España.
Armada, jefe de equipo y banquero de confianza del director general de banca privada en España Miguel Matossian, acaba de incorporarse a Banca March. En su entorno señalan que su entrada en el banco de la familia March le habría sido facilitada por la propia firma helvética, donde había trabajado durante los últimos 14 años.
Armada era uno de los nombres que sonaba en las quinielas para sustituir a Borja Martos, responsable de la división de UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals, que a mediados de febrero, se incorporó a Deutsche Bank Wealth Management para dirigir la división en España, tal como adelantó El Independiente.
La salida de Martos desencadenó varias bajas en el banco suizo. Fichó a su primo Nicolás Cotoner y a otros banqueros privados como Ignacio González, Rocío Cerón y Jorge Rocafort Lasheras.
Reveses
Más allá de las salidas y de la investigación en curso del Banco de España, el gigante suizo está atravesando un periodo convulso.
Entre los reveses de Credit Suisse en España en 2017, figuran las pérdidas generadas por un crédito fallido por importe de más de 15 millones de euros y una multa de 1,2 millones de euros, impuesta por la CNMV “por la percepción de terceros de incentivos no permitidos con ocasión de la inversión en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) extranjeras, en el ámbito de la gestión de carteras y del asesoramiento en materia de inversión”.
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