El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito «ni fiscal ni de otro tipo». En declaraciones a Efe, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en que en los últimos meses «se ha tenido que reconocer» que no ha cometido fraude fiscal alguno en el extranjero, cuando inicialmente «cifraban la cantidad en 8,5 millones de euros».

Rato, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha cargado contra lo que considera una «búsqueda constante de cualquier delito» que justifique su detención, en abril de 2015, basada en una «denuncia acreditadamente falsa» de la entonces directora de la Oficina Antifraude, dependiente de Hacienda, Margarita García-Valdecasas, y su equipo.

«Los datos veraces siempre estuvieron a disposición de la Agencia Tributaria, que prefirió ignorarlos para poder detenerme», ha asegurado el expresidente de Bankia, que ha criticado que después de tres años de pesquisas en los que se ha descartado el alzamiento de bienes inicial, todavía no haya un informe definitivo que determine las cuantías de los presuntos delitos fiscales.

El exvicepresidente denuncia la «búsqueda constante de cualquier delito» para justificar su detención en abril de 2015

En marzo de 2017, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió de indicios suficientes de que Rato empleó dos de sus sociedades en el extranjero, Vivaway y Kradonara, con este fin. A finales de ese año, la segunda instancia urgió al juez para que reabriera la investigación tras valorar que la operativa seguida por el expresidente de Bankia pretendía “defraudar a la Hacienda Pública”.

De igual modo, recordaba que, a tenor de los investigadores, a partir de 2006 otras dos sociedades, Westcastle y Red Rose, canalizaron los fondos que manejaban a través de Kradonara y Vivaway, presuntos instrumentos para la comisión de este delito fiscal. Dado que todas ellas pertenecen “a la misma persona”, Rato, el tribunal defendía la necesidad de establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros, hecho en el que se sustentaba la última citación.