Trabajadores en una fábrica.
"No nos podemos permitir el lujo tener personas con parálisis cerebral trabajando con una bonificación de la Seguridad Social y seguir dando una pensión por incapacidad permanente a personas con lumbago". Son palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo de este martes.
Con ello quería poner un ejemplo de cómo el sistema está perdiendo recursos por una mala gestión de algunas de las prestaciones que paga. En este caso tratando de dar acceso a personas con discapacidad al mercado laboral y, en contradicción, jubilando a ritmo creciente a personas con dolencias comunes que tal vez no la justificarían.
En estos momentos, la Seguridad Social paga cerca de un millón de prestaciones por incapacidad permanente (a personas que dejan de trabajar debido dolencias demostradas y que no vuelven a hacerlo hasta el momento de la jubilación). Este número supone casi el 10% del total de las pensiones contributivas, mientras que la pensión media (existen diferentes grados de incapacidad permanente) es de 953,73 euros al mes, la segunda más alta del sistema, solo por detrás de la de jubilación (1.103,4 euros).
El número de beneficiarios no ha dejado de crecer desde 2015, tras dos años de caídas, y a 1 de septiembre de este año ya hay más pensiones de incapacidad permanente que al cierre de 2017, lo que conlleva un coste mensual de 908,4 millones de euros al mes.
Una parte de esos recursos podrían ser de gran ayuda en un momento en el que el Ministerio de Trabajo se ha propuesto el doble reto de reducir el déficit de las pensiones --19.000 millones de euros-- en un horizonte de cinco años y, mientras tanto, subirlas de forma que no pierdan poder adquisitivo.
La clave está en recalificar
Actualmente, la normativa que rige las pensiones por incapacidad permanente prevé la posibilidad de recalificar a determinados trabajadores afectados por una enfermedad común, para que puedan seguir en activo después de no poder seguir desarrollando su actividad habitual.
Sin embargo, en la práctica lo que está ocurriendo es que en muchos casos estas personas están accediendo directamente a la incapacidad permanente de forma injustificada, es decir, se están jubilando de forma anticipada aquejados de una dolencia que no tendría por qué impedirles desempeñar otros trabajos y seguir cotizando en lugar de aumentar el gasto de la Seguridad Social.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que una posible solución sería que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales trabajaran más estrechamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para analizar en cada caso las posibilidades de colocación de las personas que se encuentran en el disparadero de la incapacidad permanente.
Granado ha asegurado que si el porcentaje de pensiones por baja permanente debida a enfermedades comunes es a día de hoy "muy significativo", es debido a este "problema" que arrastra el sistema de la Seguridad Social español mientras el Estado hace esfuerzos por incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad.
"Es una contradicción que trataré en la medida de lo posible de reducir", ha dicho el secretario de Estado de Seguridad Social.
Perseguirá también la incapacidad temporal
En paralelo, el INSS va a desplegar un conjunto de acciones en el último trimestre de 2018 para detectar situaciones de fraude en el caso de las bajas por incapacidad temporal (IT) de menos de 345 días de duración.
La incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Pues bien, Trabajo prevé realizar hasta 64.000 controles médicos de procesos de incapacidad temporal que se suman a los que ya se vienen realizando. Para ello, los 267 inspectores médicos que participan voluntariamente en el plan ampliarán cuatro horas su jornada laboral.
El coste previsto del plan es de 312.142,56 euros, mientras que el ahorro en prestaciones podría llegar a superar los 33 millones de euros.
También en este caso, Trabajo ha detectado un incremento importante de los procesos de IT en los últimos años. Mientras que el gasto ha crecido más de un 10% al año entre 2013 y 2017, hasta los 7.586 millones, el presupuesto para este año roza los 8.000 millones de euros.