El Gobierno ha presentado este lunes el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 en el Congreso de los Diputados, a la espera de poder labrarse el apoyo de los grupos independentistas catalanes PDeCAT y ERC duran su tramitación parlamentaria en las próximas semanas.

Por lo pronto, el texto incluye un incremento de las inversiones en Cataluña, del 13,3% al 16,8%, desde los 1.349,6 millones presupuestados en 2018 a los 2.051 millones, un 52% más. En total, algo más de 700 millones extra que podrían decantar el voto de los catalanes.

De esta forma, Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más recibe, por detrás de Andalucía, con el 17,5%.

Esta cifra no alcanza por sí sola los niveles que, en principio, daría cumplimiento al Estatut de Cataluña. En concreto, el texto mandata a que el Estado transfiera recursos a la comunidad autónoma en virtud de su peso en el PIB, que actualmente ronda el 19,2%.

No obstante, el Presupuesto también contempla una transferencia extra de 200 millones de euros en el capítulo de infraestructuras desde el Ministerio de Fomento para empezar a devolver los 759 millones pendientes por la sentencia 1668/2017 del Tribunal Supremo. Se trata por tanto de recursos que llegan con retraso.

Sumando las dos partidas, el incremento total de la inversión en Cataluña supera el 66%.

Es por eso que el Gobierno asegura que el Estatut se cumple. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa, sumando ambas partidas –la nueva y la obligada por sentencia judicial–, Cataluña obtendrá hasta 2.251 millones de euros más, casi 900 millones de euros por encima de lo presupuestado en 2018.

Esta cifra agregada, en efecto, eleva la ratio al 18,5%, aún inferior al 19%. Al respecto, Montero ha asegurado que “son cifras similares” y ha asegurado que caben mejoras para Cataluña durante el trámite parlamentario.

“Ahora los Presupuestos están en manos de los grupos parlamentarios, por lo que se pueden mejorar. Seguro”, ha añadido.

Montero se defiende

Montero, se ha defendido reiterando que si los 200 millones de euros no se incluyeron en las inversiones no territorializadas es porque en la comisión bilateral con el Govern se acordó ceder la partida como una transferencia, para que las licitaciones las realizara directamente Cataluña. De no haberse realizado ese acuerdo, la ministra ha asegurado que esa cantidad se habría incluido entre las inversiones, con lo que “se ha cumplido el Estatut”.

Más aún, Montero ha asegurado que “el Gobierno ha dado cumplimiento a los estatutos de Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana”. En el caso de Andalucía, las inversiones pasan de los 1.477,8 millones a los 2.132,7 millones, hasta el 17,5%. En el caso de la Comunidad Valenciana, la participación es de 9,8%, al pasar de los 740,4 a los 1.189,8 millones.