La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado esta mañana en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Las primeras cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez destacan por un claro sesgo social. La partida destinada a servicios sociales y promoción social es la que más sube, un 38,6%, de 2.630 a 3.645 millones de euros. Se trata del mayor incremento en, al menos, los últimos 15 años, periodo en el que las partidas son comparables entre sí. La última alza llamativa -pero menor a la actual- fue en 2013, cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno, y el gasto social aumentó un 34% hasta los 2.848 millones.

Los presupuestos, que aún no cuentan con los apoyos necesarios y que previsiblemente se enfrentarán a su primera votación el día 13 de febrero, incrementan en 20 millones, hasta llegar a los 220 millones, los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. También recogen un aumento de 831 millones para Dependencia, con el objetivo de elevar las cuantías en el nivel mínimo y convenido, así como las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Dentro de esta política se incluye el programa de acciones en favor de los inmigrantes -que aumenta 94 millones de euros, un 30%-, las ayudas para menores extranjeros no acompañados -con un incremento de 30 millones de euros-, y el aumento por 25 millones de euros de las dotaciones para la pobreza infantil.

Contra el machismo

El compromiso financiero derivado del Pacto de Estado sobre la violencia de género, que articula el catálogo de propuestas formuladas en los informes de la Subcomisión del Congreso y de la Ponencia del Senado, supone una dotación conjunta y transversal entre diferentes departamentos ministeriales de 220 millones de euros en los PGE para 2019.

Según recoge la propuesta, una parte significativa de dichos créditos se halla dotada en el programa de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Entre sus créditos figuran transferencias a comunidades autónomas por 112 millones destinadas fundamentalmente al desarrollo de nuevas y ampliadas competencias reservadas a las mismas en el ámbito del citado Pacto, transferencias a entidades locales por 40 millones como consecuencia de la inminente devolución de competencias a las mismos para tratar a las víctimas de violencia de género.

También destina 14 millones de euros para familias e instituciones sin fines de lucro, destinados, entre otros fines, a ayudas sociales para mujeres víctimas de violencia de género y para atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras actuaciones.

El Gobierno impulsa un programa presupuestario específico igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dotado con 27 millones de euros y gestionado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO).

Máximo apoyo a la dependencia

El grueso de la partida social se destina al programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que alcanza en 2019 la cifra de 2.232 millones de euros, un 59,3% más que en 2018.

Aumenta un 31,7% el Nivel Mínimo alcanzándose en 2019 la cifra de 1.723 millones de euros. Esta mayor dotación, 415 millones de euros, tiene por objeto, por un lado, atender al crecimiento de los beneficiarios y, por otro, consignar cantidades que posibiliten la financiación de una nueva prestación de teleasistencia avanzada, a incorporar al catálogo de prestaciones de la Ley. Todo ello, en un contexto de incremento significativo de las cantidades asociadas a cada grado por mínimo garantizado.

El grueso de la partida social se destina al programa de Dependencia: alcanza 2.232 millones, un 59,3% más que en 2018

Además, en 2019 y dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se recupera la financiación por el presupuesto del Estado tanto para el Nivel convenido, dotándose 100 millones de euros, como para las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, con 315 millones de euros.

Por último, en este ámbito de la Política Social, en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se asignan 5 millones de euros, para el Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Acogida e integración de inmigrantes

En cuanto a las acciones en favor de los inmigrantes, el presupuesto para 2019 presenta un incremento interanual de 94 millones para dar respuesta a las solicitudes de asilo presentadas en España y la intensidad de la presión migratoria sobre las costas españolas. En este sentido, se potencia el Sistema de Protección Internacional con un incremento de 67 millones con respecto a 2018. Este sistema tiene como finalidad la realización de programas para facilitar la acogida e integración de los inmigrantes, así como la prestación de asistencia socio-sanitaria en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla.

Los PGE destinan 94 millones más a sostener acciones en favor de los inmigrantes

Para atender a inmigrantes en situación de vulnerabilidad y que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos, que precisan de programas de actuación inmediata, se destinan 27 millones de euros más que en 2018.

Además, se mantienen las dotaciones para financiar el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, de acuerdo con la Decisión del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE (JAI), con especial atención a las familias con hijos menores por ser especialmente vulnerables. A estas actuaciones se destinan 229 millones de euros.

Recaudación récord

Las nuevas cuentas contemplan una recaudación récord de 227.356 millones, un 9,5% más. En detalle, contemplan un incremento de los ingresos tributarios del 11,9%, hasta 128.930 millones. El total del presupuesto sumará 472.660 millones (+5,1%).

Las partidas presupuestarias destinadas a política social aumentan en 12.600 millones, con lo que el 57,3% del total de gasto público se destina a gasto social (209.510 millones).

Sube el gasto en pensiones (153.864 millones, 6,2% más); Sanidad (2.037 millones, 1,7% más); Educación (2.722 millones, 5,9% más); Cultura (953 millones, 9,7% más); desempleo (18.402 millones, 4% más), o fomento del empleo (5.985 millones, 4,7% más) e infraestructuras (7.572 millones, 40% más).