Las ministras de Hacienda María Jesús Montero, la ministra portavoz Isabel Celaá, y de Economía Nadia Calviño.
La Comisión Europea, en sus documentos de evaluación de los planes presupuestarios del Gobierno. El Banco de España, la Autoridad Fiscal (AIReF) o la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), en sus últimos informes. Muchas son las instituciones que han mostrado a estas alturas sus dudas sobre la política económica desarrollada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre el devenir, en general, de los marcos regulatorios, principalmente el fiscal, en los últimos meses.
Pero, al margen de estas visiones más globales, también los agentes económicos, desde las empresas hasta la familias, que toman sus decisiones económicas en muchas ocasiones en función de esas políticas económicas, perciben su falta de predictibilidad y hacen de vaso comunicante para que esta incertidumbre acabe impactando en la economía real.
El climax de estas dudas se sitúa en torno a lo tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Unas cuentas que a día de hoy reúne más rechazos que apoyos en el Congreso de los Diputados y que, a estas alturas, se dirimen en un plan ya no económico, sino puramente político. Unas cuentas cargadas de gasto social de las que todo el país está pendiente.
Al menos esa es la lectura que se desprende del último informe Situación España, que elabora el Servicio de Estudios del BBVA, en el que se anticipa que la incertidumbre sobre la política económica se mantiene alta y este año volverá a impactar en el PIB, como ha ocurrido desde 2016. Porque desde ese año, la sucesión política en el Gobierno se ha convertido en algo abrupto y la gestión económica de los sucesivos gobiernos se ha convertido algo cortoplacista e impredecible.
Solo para el año 2019, el BBVA Research espera que el impacto de esta incertidumbre supere la décima del PIB. Una cantidad que, parece pequeña, pero no es nada desdeñable. Tomando la referencia de 1,261 billones de euros con la que se han elaborado los últimos Presupuestos, esto supondría una menor actividad del PIB equivalente, como mínimo, a unos 1.300 millones de euros.
No obstante, esta factura se sumaría a las dos décimas de media de impacto estimadas para cada uno de los años entre 2016 y 2018. Tomando esa misma referencia, el 'daño' acumulado por las constantes dudas sobre la política económica desarrollada por los Gobiernos en España desde 2016 rozarían los 9.000 millones de euros.
La incertidumbre frena el mercado inmobiliario
Los cálculos de BBVA Research dan por hecho que las dudas sobre la política económica ya están detrás de la incipiente desaceleración de la economía española constatada en 2018, cuando redujo su ritmo de avance por debajo del 3%, hasta el 2,5%. Así, la incertidumbre habría colaborado a este cambio de rumbo, junto a la menor contribución de la demanda externa, un cierto debilitamiento del consumo privado y las dudas sembradas también por la peor evolución de la economía global.
Solo en lo que se refiere a la gestión económica, BBVA Research manifiesta que "la incertidumbre sobre la política económica se mantiene elevada". Y explica cuáles son las principales correas de transmisión hacia la economía real. Relata que "los datos recientes confirman que durante el último trimestre del año anterior se ha producido un deterioro en la inversión en la compra de vivienda que ha coincidido con algunos cambios regulatorios que afectan al sector inmobiliario".
Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto en actos jurídicos documentados vinculado a la adquisición de vivienda, que cargo el pago del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre las espaldas de los suscriptores de hipotecas y al que el Gobierno respondió con la decisión de promover una iniciativa legislativa para que el tributo lo pagaran los bancos.
"Como consecuencia, se ha observado una evolución peor de la esperada en las ventas residenciales de los meses de octubre y noviembre de 2018, unas 11.000 operaciones menos de lo previsto hace tres meses", asegura el informe.
Pero también, en términos más generales, se refiere a la decisión de volver a ligar el incremento en las pensiones de acuerdo a la variación del IPC, "sin alternativas que aseguren la sostenibilidad del sistema". "Introduce incertidumbre sobre su futuro", asegura, todo esto, en un entorno donde no existe certeza sobre la aprobación de los presupuestos de 2019.
Los Presupuestos tampoco calman las aguas
Y aunque el Gobierno fuera capaz finalmente de sacar adelante sus cuentas para 2019, el servicio de estudios de BBVA cree que las medidas anunciadas, por sí solas, también generan incertidumbre y frenan de alguna manera la actividad. Para empezar porque, tal y como coinciden la mayor parte de las instituciones y servicios de estudios, no serán suficientes para cumplir un objetivo de déficit público del 1,3% del PIB.
"Este nuevo objetivo parece muy ambicioso, en primer lugar, porque depende de la aprobación a tiempo de nuevas figuras impositivas (impuesto sobre transacciones financieras y sobre servicios digitales)", señala, antes de añadir que a ello se le suma las presiones al alza sobre el gasto público derivadas de las próximas elecciones municipales y autonómicas en 2019, así como de los desembolsos puntuales destinados al rescate de algunas autopistas de peaje y de la anulación de la concesión a Aigües Ter-Llobregat.
En esa tesitura, el Servicio de Estudios de BBVA asegura que, dependiendo de la aprobación de los Presupuestos, el déficit se mantendrá entre el 2% y el 2,3% del PIB, incluso por encima del 1,8% que el Gobierno se marcó como referencia en el Plan Presupuestario de octubre, cuando ni PP ni Ciudadanos daban tampoco su beneplácito para adoptar este umbral más laxo.
El Gobierno y los demás
Pero no todo es responsabilidad del Gobierno. El informe también advierte del efecto perverso que está generando la fragmentación en el Parlamento, en el sentido de la falta de consenso que persiste sobre las políticas necesarias para incrementar el crecimiento y que este sea inclusivo. "Suponen un foco de vulnerabilidad en un entorno cada vez más incierto", asegura.
A futuro, el informe espera que la actividad constructora prosiga su evolución favorable, si bien, reitera que la incertidumbre en torno a la política económica, en general, y en torno a la política de vivienda, en particular, podrían condicionar la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Asimismo, considera que la incertidumbre política y las dificultades para sacar adelante los Presupuestos condicionarán la evolución del gasto. Para empezar porque si se mantiene el actual escenario de prórroga presupuestaria, prevé una suave moderación de la inversión pública.
Con todo, BBVA Research espera que España vuelva a crecer un 2,4% este año y que sea capaz de crear 800.000 empleos en dos años. Es decir, que prevé una desaceleración económica suave, sin estridencias, que, en todo caso, podría ser mucho más lenta en un contexto de estabilidad y predictibilidad de la política económica.